Sumar acusa a Sánchez de "seguir el camino de la extrema derecha" tras la prórroga de Almaraz

La decisión del Gobierno de prorrogar el funcionamiento de la central nuclear de Almaraz en Cáceres hasta el año 2030 ha desatado una oleada de indignación y un rechazo absoluto por parte de colectivos ecologistas y socios de coalición. Organizaciones como Greenpeace y el partido político Movimiento Sumar han coincido en señalar que esta prórroga representa una rendición ante las corporaciones del sector, "una decisión al servicio del oligopolio". Ambas formaciones acusan al Ejecutivo socialista de dar la espalda a la ciudadanía y socavar los compromisos climáticos previamente adquiridos, acercándose al "camino de la derecha y la extrema derecha".

La directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, ha calificado esta resolución gubernamental como un "error histórico" y una "cesión vergonzosa" a las intensas presiones del oligopolio eléctrico español. En un comunicado, la organización ecologista ha dirigido sus críticas directas a las tres grandes compañías propietarias de la planta —Iberdrola, Endesa y Naturgy—. La entidad asegura que la decisión no se fundamenta bajo ningún concepto en criterios de seguridad técnica o de abaratamiento de la factura de los hogares, sino que responde exclusivamente al beneficio económico de estas multinacionales en detrimento de la transición energética del país.

Asimismo, Saldaña ha denunciado públicamente que el presidente Pedro Sánchez ha "defraudado la confianza de su electorado que respaldó sus compromisos ambientales". Desde la organización ecologista consideran que este paso representa un duro revés para la sostenibilidad climática, asegurando que "asesta un golpe mortal a la transición energética en un contexto en el que el cambio climático ya está aquí". Por otra parte, critican que el anuncio se haya realizado a "mediados de agosto", tachando esta estrategia de opaca y calificándola como un insulto directo a la transparencia democrática.

Por su parte, Movimiento Sumar ha manifestado su disconformidad ante la medida del PSOE, denunciando una profunda "ruptura del compromiso" histórico del Gobierno con los ciudadanos. La coalición advierte de que el alargamiento de la vida útil de Almaraz no obedece a necesidades de carácter técnico, de competitividad o de protección ambiental, sino a puros intereses corporativos. A su juicio, prolongar estas instalaciones obsoletas no hace más que postergar una descarbonización efectiva y cargar a la sociedad con riesgos y costes inasumibles.

La formación liderada por Sumar ha puesto el foco sobre el reciente informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el cual, a pesar de servir como justificación para el Ejecutivo, recoge de manera explícita "constantes incumplimientos en materia de seguridad" por parte de las eléctricas operadoras. Sumar alerta de que el elevado coste económico que conlleva prolongar el funcionamiento de una central ya amortizada no será asumido por las empresas privadas. Por el contrario, sostienen que estos gastos irán a parar directamente a las arcas públicas, hipotecando el presupuesto del Estado y los recursos sociales básicos.

En el ámbito presupuestario, Sumar defiende que cada partida invertida en estas centrales obsoletas debilita el desarrollo de alternativas sostenibles. "Cada euro que nos gastamos en mantener con vida infraestructuras que deben cerrarse es un euro que no nos estamos gastando en impulsar nuestra seguridad, soberanía e independencia energética". Consideran que dilatar la vida de este parque nuclear es una estafa colectiva, por lo que abogan por una transformación radical enfocada en un presente solar. Insisten en que existen alternativas de generación eléctrica mucho más democráticas, seguras y económicas que el camino "irresponsable" que asocian a las tesis de la derecha.

Para frenar este retroceso, Sumar exige mantener de forma estricta el calendario de cierre acordado y aplicar medidas financieras urgentes. Entre sus propuestas de cara a la reconversión de Extremadura, destacan la necesidad de mantener los impuestos aplicables al sector nuclear, exigir una auditoría transparente de las cuentas de Enresa y asegurar la responsabilidad subsidiaria de las empresas propietarias. Finalmente, exigen impulsar políticas industriales modernas acompañadas de un plan de transición productiva integral para el entorno de Almaraz, garantizando así empleo estable y de calidad para toda la región extremeña