El juez ha decretado la puesta en libertad bajo control judicial para las cinco personas detenidas el pasado viernes por la noche en Luhuson, a 30 kilómetros de Bayona, que continúan acusadas de “tenencia y transporte de armas y explosivos en relación con una empresa terrorista”. Se descarta la acusación por asociación de malechores. Se trata de la periodista Béatrice Molle-Haran, Txetx Etcheverry, Michel Bergouignan, Michel Berhokoirigoin y el cámara Stéphane Etchegaray Etxe. Todos ellos fueron trasladados ayer a París para que desde esta mañana se les tomara declaración.
La situación inicial de todos ellos no era la misma. Dos de los arrestados firmaron un acuerdo con ETA según el cual se comprometían a ejercer de intermediarios en el proceso de desarme al que la banda se ha comprometido y que delegaba en estos “representantes de la sociedad civil”, un compromiso que la banda y los acusados reflejaron en varias cartas cruzadas. El resto formarían parte del operativo para grabar el proceso de destrucción del arsenal hallado en el caserío de uno de los detenidos.
El juez les sigue acusando de tenencia y transporte de armas pero no de asociación de malechores
El arresto de estas cinco personas había provocado un profundo malestar en los partidos nacionalistas que desde EH Bildu y hasta el PNV habían reclamado su puesta en libertad. Junto a ello, decenas de representantes institucionales del País Vasco francés habían reclamado su liberación por considerar que tan sólo ejercían como mediadores para impulsar el desarme de ETA. El propio Secretario General de Sortu, Arnaldo Otegi, había denunciado la operación e hizo un llamamiento a “coger el testigo” de los detenidos en un proceso al que llamó a sumarse a toda la sociedad civil.
En la operación Seminario fueron incautados una treintena de armas y material para la fabricación de explosivos. El Ministerio del Interior denunció que con estas armas ETA pretendería escenificar una nueva operación de desarme, como la llevada a cabo en febrero de 2014. El lehendakari Iñigo Urkullu había reclamado la libertad de los arrestados pero recordó que las armas que ahora han sido localizadas deberían destruirse con las suficientes garantías ya que podrían aportar información sobre los cientos de atentados aún por esclarecer.
Urkullu cuestionó además que ETA pretenda delegar en la sociedad civil su responsabilidad de desarme y disolución tras desoír el ofrecimiento hecho por el Gobierno vasco desde hace dos años para convertirse en el avalista de su desarme y hacerlo con las necesarias garantías que requiere un proceso de estas características.
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