La posibilidad de que España se retire de la organización del Mundial 2030 se ha convertido en uno de los debates políticos y deportivos más intensos del momento. El origen es el órdago lanzado por Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado que, si llega a presidir el Gobierno, España no participará en la organización del torneo si la final no se disputa en un estadio español. La afirmación, formulada en plena campaña electoral, ha abierto una discusión sobre los límites legales, deportivos y diplomáticos de esa amenaza.

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El Mundial 2030 se celebrará de forma conjunta en España, Portugal y Marruecos, mientras que Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán los tres partidos inaugurales conmemorativos del centenario del torneo. La FIFA todavía no ha decidido dónde se jugará la final, aunque el Estadio Hassan II de Casablanca, con una capacidad proyectada de 115.000 espectadores, ha emergido como el gran rival de Madrid y Barcelona.

Qué ha dicho Feijóo

El presidente del PP ha defendido que España merece albergar la final por su historia futbolística. Además de ser campeona del mundo masculina y femenina y por haber sido el eje original de la candidatura ibérica. En entrevistas recientes, ha asegurado que, de no concederse la final a España, "es mejor casi retirarnos" de la organización del Mundial.

Feijóo ha matizado después que la decisión exigiría un diálogo previo con la FIFA, organismo que conserva un peso decisivo sobre una candidatura ya aprobada. No ha querido decantarse entre el Santiago Bernabéu y el Spotify Camp Nou. Sin embargo, sí ha insistido en que la final debe disputarse en territorio español.

La postura ha encontrado un respaldo parcial en el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, quien ha afirmado que la final "solo puede ser en España y va a ser en España". Louzán sostiene que Portugal carece de un estadio con capacidad suficiente para acogerla y que, entre los recintos españoles, el Bernabéu y el Camp Nou reúnen los requisitos exigidos por la FIFA.

¿Puede España retirarse legalmente?

Una retirada unilateral no sería sencilla ni automática. España forma parte de una candidatura conjunta aprobada por la FIFA junto a Portugal y Marruecos, por lo que abandonar la organización implicaría renegociar compromisos, obligaciones y consecuencias económicas con el organismo rector del fútbol mundial.

No existe una cláusula pública conocida que permita a un país anfitrión retirarse simplemente porque no le conceden la final. La FIFA decide la sede del partido decisivo en 2028. Sin embargo, la organización del torneo, la seguridad, las infraestructuras, las sedes y los compromisos contractuales quedan vinculados a la candidatura conjunta.

Un eventual pulso de España podría tener consecuencias para las ciudades y estadios seleccionados, para los patrocinios, para los derechos de emisión y para la planificación logística de este Mundial 2030. Además, una retirada podría perjudicar a la propia selección española, que aspira a competir en un Mundial que se disputaría, en parte, en su país.

La decisión final es de la FIFA

La clave política es que el Gobierno español puede presionar, negociar y defender la candidatura de Madrid o Barcelona. Aun así, no puede imponer por sí solo la sede de la final. La FIFA es quien adoptará la decisión en 2028, y deberá valorar criterios deportivos, infraestructurales, comerciales, de seguridad y de equilibrio entre los tres países organizadores.

El argumento español se apoya en que la candidatura nació como un proyecto ibérico y en que España cuenta con dos recintos de élite. Sin embargo, Marruecos ha convertido el estadio Hassan II en una baza potente. Entre sus fortalezas, su enorme capacidad y la apuesta del país africano por un evento de alcance global complican el escenario.

Louzán ha pedido al Gobierno que actúe y ha defendido que la final debería celebrarse en Madrid o Barcelona. Su mensaje, no obstante, contrasta con la amenaza de retirada de Feijóo. La RFEF no se plantea abandonar la candidatura si España no consigue el partido decisivo.