A finales del pasado mes de abril trascendió que el Instituto de la Vivienda de Madrid, Ivima, dependiente de la Comunidad de Madrid, redujo su presupuesto en dos millones de euros. Un recorte que supuso el cierre de oficinas, despido de una quincena de trabajadores y supresión de servicios como el de atención telefónica. Meses después, el tijeretazo del Gobierno de Cristina Cifuentes comienza a causar estragos.

La gestión del depósito y devolución de las fianzas en los alquileres es el ejemplo más reciente. El año pasado, la falta de fondos provocó el cierre de una de las oficinas que prestaban este servicio, en la Avenida de Asturias número 30. Ahora, en la misma calle, a la altura del número 28, otra oficina baja la persiana, generando un fuerte malestar entre inquilinos, arrendatarios y agencias inmobiliarias, ante la imposibilidad de gestionar la devolución del depósito en el plazo que marca la ley de un mes.

Desde el pasado mes de agosto, la oficina de la calle Basílica es la única que está disponible para la gestión de este servicio. Y, ante la falta de medios, los retrasos en la gestión de depósito y retirada de fianza son más notables. Pedir una cita hoy equivale a hacer la gestión a finales del mes de noviembre, como ha comprobado este medio. Por tanto, el arrendador devuelve a su inquilino el dinero fuera del plazo previsto de un mes. Rebasar el plazo otorga al arrendatario el derecho de demandar a su casero y cobrar, además de la fianza, los intereses de demora generados durante el periodo de retraso.

Más allá de los casos de particulares, las agencias especializadas en alquiler están sufriendo una oleada de quejas por parte de sus clientes. “Antes de verano, el propietario recibía la fianza de la Comunidad de Madrid en el  plazo de un mes desde su solicitud y, entonces, la devolvía a su inquilino. Ahora, tarda entre seis y ocho semanas y, como desconfía de que le vaya a llegar, no se la devuelve al inquilino, que está en su derecho de cursar una reclamación para exigir intereses”, explica una agente inmobiliaria.

Depositar la fianza es obligatoria en todos los contrato de alquiler, incluso, aunque éstos se cierren verbalmente. Las sanciones dependen del tipo de infracción, pero oscilan entre el 5% y 25% del importe de la fianza no depositada, con un tope de 6.010 euros, si la infracción es leve, y del 26 al 50%, con un tope de 90.151 euros, si la infracción se considera.

El teléfono de atención al cliente que había antes y que empezaba por el prefijo de Madrid, el 91, ya no funciona. En su lugar opera el 012, el servicio de atención de la Comunidad. Con todo, el PP de Madrid niega de plano los recortes: “Ahora los registros y las fianzas se tramitan en la oficina de la calle de Basílica, pero si antes el horario era de 9 a 14 horas, ahora este se amplía de 9 a 17 horas. Y además se puede acudir con o sin cita previa”, responden en el equipo de Gobierno regional.

Balones fuera

“También hay una oficina de información en la calle de Braganza. Podemos decir que nuestros servicios no se han resentido”, aseveran en el PP, una opinión que no casa demasiado bien con la visión de los particulares consultados por este medio.

Según la Consejería de Vivienda, cuyo titular es Pedro Rollán, la “reorganización” responde a una enmienda de la oposición de Ciudadanos para ahorrar recursos. La formación naranja lo niega: “No hay ninguna enmienda de nuestra parte para modificar el alcance o la organización del Ivima. Y no es la primera vez que echan balones fuera hacia nosotros: con el incendio de Seseña el PP de Madrid tuvo el cuajo de decir que otra enmienda nuestra fue la causante de todo. Empezamos a cansarnos de esta actitud irresponsable”.

Cuando se anunciaron los recortes del Instituto de la Vivienda en abril, desde el Gobierno regional también se apuntó a una enmienda del PSOE como la causante de la reducción de dos millones del presupuesto, según recogió El Confidencial. Los socialistas también respondieron cabreados: “Los dos millones se sacaron de los “gastos corrientes y que es el Gobierno regional quien ha decidido sacarlos de la oficina, no el PSOE, que no tiene capacidad para decidir eso”.