Dos meses antes de la salida a Bolsa de Bankia, la cúpula del Banco de España, con el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, era consciente de los riesgos que implicaba para el contribuyente. Las advertencias las hicieron los inspectores, por escrito. Y están plasmadas en cuatro correos que ya están en poder de Fernando Andreu, el juez que instruye la causa de la polémica operación de suscripción de acciones. En ellos, la inspección pone en duda la solvencia del grupo y la capacidad de sus gestores -liderados por Rodrigo Rato- para sacarlo adelante.

Los dos primeros fueron enviados los días 8 y 14 de abril de 2011, a los que siguieron dos más, el 10 y el 16 de mayo. Bankia se estrenó en el parqué el 20 de julio, después de que el Estado sacara a la venta el 55% de las acciones. El 45% restante quedó en manos de la sociedad matriz, BFA. Precisamente, lo que cuestionaron los inspectores fue la manera en la que se llevó a cabo la segregación.

El inspector del Banco de España José Antonio Casaus planteó a sus superiores que la entidad se vendiera en el mercado como un solo grupo. En concreto, los correos iban dirigidos al actual director general adjunto de Supervisión del Banco de España, Pedro Comín. La fórmula elegida –la segregación de Bankia y la permanencia de los activos problemáticos en BFA- suponía, a su juicio, “el primer paso para la nacionalización de las pérdidas”. Algo “injusto”, en su opinión, ya que amenazaba con provocar daños irreparables sobre los contribuyentes.

En el correo enviado el 16 de mayo de 2011, Casaus señala que el mayor problema de Bankia es su «debilísima y decreciente capacidad para generar resultados de forma recurrente, lo que, teniendo en cuenta su voluminoso pasivo mayorista y su deteriorada cartera crediticia, hace cuestionable su viabilidad futura». En el mismo correo, el inspector recuerda que la entidad cuenta con un «consejo muy politizado y poco profesional», a lo que se suma la «ausencia de un director general profesional o un consejero delegado que lleve el día a día». Casaus añade: «Continúan los mismos gestores que han llevado a las entidades a solicitar ayudas públicas, desacreditados ante el mercado».

El inspector también menciona la «cuestionable honradez de los gestores, que en 2009 se llevaron un bonus superior al que les correspondía», así como «la falta de sintonía entre el presidente y el vicepresidente».

Según Casaus, la opción que se proponía para sacar a Bolsa -y que finalmente saldría adelante- no era más que una «bombona de oxigeno». El inspector recomendaba como solución más propicia promover la absorción de un banco, «preferiblemente extranjero». En los mensajes, Casaus insiste en que el Grupo BFA-Bankia no es viable «a medio plazo una estructura como la que tiene». De mediar una compañía extranjera, prosigue, no perdería nadie, «ni el contribuyente ni el accionista».

La inspección menciona «la cuestionable honradez de los gestores» por el bonus de 2009

Sin embargo, en los correos no se pone en cuestión en ningún momento la existencia de provisiones suficientes para hacer frente a deterioros en el momento de la salida a bolsa, un asunto que ha centrado buena parte de las declaraciones a lo largo de la fase de instrucción del caso.

Durante su declaración como testigo ante el juez, a comienzos de septiembre, Casaus ya señaló que el Grupo era inviable pero admitió que sí contaba con las provisiones necesarias, informa Efe.

Las misivas se suman a la documentación que el Banco de España ha remitido al titular del juzgado central de instrucción nº 4 de Madrid, Fernando Andreu, a petición de éste, que incluía correos electrónicos y conclusiones que de ‘manera informal y flexible’ fueran elevadas a la jefatura por el equipo inspector.

Entre esos documentos no figuraban los cuatro correos remitidos ahora por el organismo, por lo que la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que ejerce la acusación popular, instó al magistrado a pedirlos.