El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la decisión del Gobierno vasco de abonar la paga de Navidad a sus funcionarios que fue suprimida por el Gobierno central en 2012, pero no le ordena reintegrar este dinero porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha decidido reintegrar esta gratificación en los presupuestos del 2015 y para no perjudicar a «terceros».

El Gobierno central adoptó en el 2012 una serie de medidas extraordinarias para contener en gasto público en los presupuestos generales del Estado, entre ellas la supresión de la paga extraordinaria de Navidad. Sin embargo, el Gobierno vasco hizo oídos sordos y destinó 207 millones de euros para abonar esta partida a sus 67.000 funcionarios, según explicó la entonces portavoz del Ejecutivo vasco a los medios de comunicación el 27 de noviembre del 2012.

Recurso del Gobierno Central

Rajoy recurrió esta decisión ante el alto tribunal antes incluso de que el Gobierno vasco, presidido entonces por Patxi López, la «materializara jurídicamente». Sin embargo, en el 2015 el Gobierno central estableció en los presupuestos «la devolución de esta paga que debía ser aprobada por cada administración pública». A los funcionarios se les debía abonar en un solo ingreso 48 días de esta gratificación.

A pesar de ello, los jueces del alto tribunal rechazan la actuación del Gobierno vasco al considerar que las medidas «de reducción salarial» de los funcionarios corresponde al Estado. Y señala que este tipo de normas «tienen vigencia temporal». Por ello, sostienen que el Ejecutivo vasco con su decisión «vulneró el orden constitucional de distribución de competencias».

El TC anula el acuerdo del Gobierno, pero esta medida no tendrá consecuencias «para no generar perjuicios a terceros», es decir, a los funcionarios que percibieron esta paga.