La carpeta catalana será uno de los principales dolores de cabeza de Soraya Sáenz de Santamaría al frente de la Vicepresidenta del Gobierno. Con un gobierno catalán que mantendrá hasta el final el desafío de “referéndum o referéndum”, la vicepresidenta se enfrenta a la difícil tarea de retomar y normalizar las relaciones entre Gobierno y Generalitat.

Y debe hacerlo con un soberanismo catalán que no sólo no está dispuesto, oficialmente, a considerar la propuesta de un nuevo modelo de financiación como moneda de cambio para renunciar al referéndum, sino que depende parlamentariamente de la CUP, una fuerza que no hará más que tensar al máximo las relaciones, como se ha visto hoy mismo con el caso de la alcaldesa de Berga.

La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) no deja de hacer bandera de los 277 cargos electos locales investigados por diversos juzgados de toda Cataluña por denuncias de la Delegación del Gobierno en Cataluña, la Fiscalía, la Junta Electoral, partidos políticos o entidades cívicas. Se trata de instrucciones derivadas de denuncias por no colgar la bandera nacional en la fachada de los ayuntamientos, por declararse territorio catalán libre e independiente, por abrir dependencias oficiales durante la festividad del 12 de octubre o por aprobar mociones de apoyo a la resolución del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional.

La primera de estas minas puede estallar la próxima semana

La primera de estas minas puede estallar la próxima semana, cuando se cumpla el mes de plazo para que los ayuntamientos denunciados por abrir el 12 de octubre respondan a los requerimientos la Delegación del Gobierno. Es más que probable que la mayoría de los consistorios se declaren en rebeldía, y la respuesta de la Delegación –que depende directamente de la Vicepresidenta con el traspaso de administraciones públicas, aunque antes ya estaba muy atenta a estos conflictos de cariz mucho más político que administrativo- dará pistas del tono con el que Sáenz de Santamaría quiere abordar esta cuestión.

Aunque los batallas locales son anécdotas comparadas con el auténtico desafío, el del referendum por la independencia. Este será el auténtico via crucis, y en este proceso será clave ver como uno y otro gobierno gestionan los gestos, sometidos a la presión de sus socios. Porque no hay que olvidar que el Gobierno depende parlamentariamente de Ciudadanos, una fuerza que ha crecido por oposición al independentismo en Cataluña. Y que Puigdemont depende con igual intensidad de la CUP, formación anticapitalita cuya razón de ser es desobeder al poder establecido, que pondrá a prueba las convicciones de Puigdemont en cada paso del camino.

Con estas condiciones, será determinante que Sáenz de Santamaría tenga en sus manos el poder para coordinar todas las políticas relacionadas con Cataluña, incluidas las de ámbito económico. Esto es, que no se repitan divisiones en el ejecutivo de Mariano Rajoy como la que enfrentó al Ministerio de Economía y al de Hacienda en la pasada legislatura a cuenta de la calificiación de la deuda de la Generalitat.  O que pueda ofrecer mejoras reales en cuestiones de gran peso en la opinión pública catalana, como la mejora de la red de cercanías y la finalización del Corredor Mediterráneo.

La ‘patata caliente’ de la financiación autonómica

En el centro de ese campo de batalla estará la reforma de sistema de financiación autonómica comprometida por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la piedra angular de la financiación de servicios como la sanidad o la educación. Su confección seguirá siendo, en lo que a los números se refiere, competencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pero la tutela política recaerá del lado de la vicepresidenta del Gobierno.

El Ejecutivo se enfrenta al reto de hacer de la financiación de las comunidades autónomas algo más equitativo y embridar su déficit

Así pues, el Ejecutivo se enfrenta al reto de hacer de la financiación de las comunidades autónomas algo más equitativo que por fin pueda contentar a todas (también a Cataluña), y al mismo tiempo embridar de una vez por todas el déficit de estas administraciones, en tanto que parte de su desviación sistemática de la senda de consolidación fiscal en los últimos años se debe al sistema vigente.

Un dato. Las comunidades autónomas recibieron este año unos 7.500 millones de euros procedentes del sistema de financiación, de los que la mayor parte son a cargo de la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2014, lo que le ha valido para corregir hasta agosto el déficit de las comunidades autónomas. Sin embargo, el calendario de pagos hace que hasta el final del ejercicio no se pueda cantar victoria. Dentro de este reparto, la principal beneficiada fue Cataluña, con más del 12% del total de los fondos.

El Gobierno ya abrió la puerta a acometer esta reforma en 2012, nada más llegar a La Moncloa, cuando en los primeros compases del desafió soberanista del entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, éste planteó su intención de que Cataluña gozará de la capacidad de recaudar y gestionar sus tributos. Además, el sistema en funcionamiento, aprobado en 2009, tenía una vigencia hasta 2014.

Sin embargo, el día a día de un Gobierno centrado en evitar rescates, sanciones y propiciar la recuperación económica dejó la cuestión en barbecho. Fuentes del Hacienda explican que el sistema ideado por el anterior Gobierno socialista es procíclico y que en tiempos de recesión no cabía afrontar una reforma del sistema de financiación autonómica. Al respecto, Rajoy llegó a decir que la crisis impedía abordar la reforma del sistema porque “no se puede repartir la nada”.

Con la recuperación, Rajoy ha retomado el compromiso de revisar esta cuestión. La ex ministra de Economía y Hacienda con el anterior Gobierno socialista, Elena Salgado, sacó a adelante la reforma en 2009 con el apoyo de ERC e ICV y con la oposición del PP, entre otros. Habrá que ver si se invierten los roles.