El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha vuelto a la palestra política tras tomar posesión del cargo y lo ha hecho para garantizar que el nuevo Gobierno no tendrá que aplicar el próximo año medidas de ajuste del déficit público por importe del 0,5% del PIB, unos 5.500 millones de euros, sino que la factura será menor gracias a que la economía crecerá más de lo previsto.

Se trata de unos cálculos que su círculo próximo ya venían manejando, pero que el ministro ha venido a confirmar. No obstante, desde Bruselas han tardado pocas horas en poner en duda si España podrá pasar de puntillas por ese ajuste, ya que lo que se le pide es que el ajuste del déficit sea estructural.

La cosa ha cambiado para el Gobierno, especialmente, desde que el pasado 27 de octubre se publicara la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del año, que arrojó una tasa de paro inferior al 20% por primera vez en seis años y una creación de empleo en los últimos 12 meses cercana ya a los 600.000 empleos, frente a los 500.000 inicialmente previsto.

Esta evolución del empleo ha valido a algunos servicios de estudios a revisar al alza sus previsiones de crecimiento económico para el año que viene. Es el caso del BBVA Research, que ya apunta a un crecimiento económico del 3,3% en 2016 y del 2,5% en 2017.

Hacienda cuenta con que las previsiones de crecimiento del Gobierno se vean también mejoradas

Hacienda cuenta con que las previsiones del Gobierno, que por ahora estiman un incremento del PIB del 2,9% para este año y del 2,3% para el próximo, también se vean también mejoradas. De esta forma, el impacto del ciclo económico sobre la reducción del déficit sería mayor de lo esperado y haría menos necesarias nuevas medidas de ajuste.

Más concretamente, el Plan Presupuestario 2017 remitido a Bruselas el pasado 15 de octubre prevé que el déficit público, en un escenario de ausencia de medidas fiscales, se sitúe en el 3,6% del PIB, medio punto por encima del 3,1% comprometido. Ello significa que, en ese contexto, harían falta ajustes por importe de unos 5.500 millones de euros.

Sin embargo, dicho plan está diseñado con unas previsiones de crecimiento que Montoro ya da por anticuadas y superadas, con lo que el ajuste pendiente podrá ser inferior a los 5.500 millones.

Dónde están las mejoras, dónde los próximos ajustes

Más aún, el ministro de Hacienda ha recalcado que, además de los datos de empleo, también se están recogiendo frutos más jugosos de lo previsto en el caso de la polémica subida de los tipos mínimos de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades que pagan las grandes empresas, con la que esperaba recaudar 8.300 millones de euros en 2016 para cumplir con el objetivo de déficit del 4,6% del PIB este año.

Según los datos que maneja su departamento, solo en el pago fraccionado de octubre, el primero en el que se ha aplicado esta subida, la recaudación adicional ha sido de 7.000 millones de euros, en lugar de los 6.000 millones planeados, con lo que los 8.300 millones, una vez sumado el pago de diciembre, se podrían quedar cortos.

Además, los pagos fraccionados en el caso de las pymes, que no se han visto afectadas por esta medida, ha crecido en octubre en un 20% por la mejora del negocio, lo que supone una recaudación adicional de 100 millones de euros.

Sobre las medidas discrecionales a adoptar en adelante para cerrar el ajuste que resulte necesario una vez revisadas las previsiones de crecimiento, desde el gabinete que dirige Cristóbal Montoro anticipan que no habrá subidas de impuestos.

Con todo, desde BBVA Research indican que, incluso con la mejora de las previsiones de crecimiento, será necesario aplicar el tijeretazo de 5.500 millones, entre otras cosas, porque el efecto del cambio en Sociedades solo tendrá efecto en 2016 y, muy al contrario, ha introducido mayor incertidumbre sobre la política tributaria, lo que detraerá las inversiones.

Montoro apura los días para presentar el Presupuesto

Entre estas cábalas, Montoro apura los plazos para presentar el techo de gasto de los Presupuestos para 2017, el primer paso en la elaboración de las cuentas anuales para el próximo año, en el que tienen que plasmarse las previsiones de ingresos y gastos del Estado. En esta cuentas deberían ya intuirse los ajustes a acometer y su cuantía. Al menos eso es lo que espera Bruselas.

Montoro espera a conocer el nuevo cuadro macroeconómico para aprobar el techo de gasto

Así, Montoro espera contar primero con las nuevas previsiones macroeconómicas. Con ellas, podrá elaborar esas previsiones de ingresos y gastos, previa negociación con los grupos políticos y, sobre todo, con las comunidades autónomas, para las que los ingresos tienen grandes implicaciones puesto que entra en juego su participación en los ingresos del Estado.

Una vez hecho esto, y con el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Gobierno procedería a aprobar el techo de gasto en el Consejo de Ministros. De tener el respaldo posterior del Congreso y del Senado, a partir de ahí tendría lugar la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos.

En cuanto a las fechas concretas, desde Hacienda plantean la posibilidad de que el CPFF se celebre la próxima semana, para poder tener cerrado el techo de gasto en el mes de noviembre.

En paralelo, la intención del Gobierno es poder enviar un Plan Presupuestario 2017 revisado que incluya el techo de gasto o lo que podría ser un borrador de Presupuestos ante Bruselas también dentro del perímetro de noviembre, tal y como la UE ha demandado.

Siguen llegando avisos desde Bruselas

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE, Pierre Moscovici, ha advertido al Gobierno de que tendrá que presentar un nuevo presupuesto para 2017 «mucho antes» que a finales de año y de que tendrá que cumplir su compromiso de asumir el ajuste estructural de 5.500 millones de euros, según informa Europa Press.

Tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas (Eurogrupo), el comisario francés ha explicado que el nuevo Ejecutivo debe presentar «muy rápidamente» un nuevo plan presupuestario y que «los compromisos sobre déficit estructural deben cumplirse».