El comité de expertos encargado de dilucidar el alcance y los posibles cambios legales que se puedan derivar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE del pasado 14 de septiembre, que equipara la indemnización por despido objetivo de los interinos -actualmente no tienen- y de los indefinidos en 20 días por año, se ha reunido este miércoles por primera vez. Por delante queda un largo y complejo camino que augura batallas en muchos frentes.

Si el fallo del TJUE prendió una mecha, una sentencia posterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que hacía suyo el mismo criterio acabó de abrir un campo de batalla entre los sindicatos y el Gobierno para establecer un nuevo marco de protección para los interinos.

El comité de expertos encargado de dilucidar el alcance de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE se ha reunido este miércoles por primera vez.

Pero esta pugna va más allá, entre otras cosas porque los sindicatos pretenden incluir en este mismo saco a todos los trabajadores temporales apoyándose en otro fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que extiende esta equiparación de los 12 a los 20 días también a los trabajadores eventuales.

Hay mucho en juego. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al tercer trimestre del año indican que en España hay 4,1 millones de trabajadores temporales y 535.900 interinos, de los que 262.600 se encuentran empleados en el sector privado y 273.300, en el público.

Con estos datos, los representantes de los trabajadores van a por todas. Quieren extender la indemnización por despido objetivo de los indefinidos tanto a trabajadores interinos como a temporales, y que este cambio se introduzca en el Estatuto de los Trabajadores en el caso del sector privado.

Los sindicatos quieren extender la indemnización por despido objetivo de los indefinidos tanto a trabajadores interinos como a temporales

Además, las centrales persiguen que el reconocimiento de mayores derechos para estos trabajadores se aplique con carácter retroactivo.

Por su parte, tanto la Administración como la patronal quiere acotar estas cuestiones a los contratos de interinidad -el Gobierno ya acordó con Ciudadanos establecer una indemnización creciente para los interinos-, dejar los temporales al margen, y descartan rotundamente cualquier cambio con efectos sobre despidos previos. Fuentes del Ministerio de Empleo señalan que si algún trabajador quiere pelear una indemnización cobrada con anterioridad tiene disponible la vía judicial.

Los frentes de la batalla

El comité de expertos que ha dado el pistoletazo de salida a estas negociaciones está formado, por parte de CCOO, por el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Joaquín Pérez Rey, mientras que por parte de UGT estará presente el experto en Derecho del Trabajo y Derecho Comunitario de la Universidad de Santiago de Compostela, José María Miranda Boto.

CEOE y Cepyme estarán representados por Jordi García Viña y Teresa Díaz de Terán. Además, entre los expertos estará Miguel Ridríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, que entre su extensa y laureada carrera, cuenta en su haber con la presidencia del Tribunal Constitucional entre los años entre 1992 y 1995. Por último, el encargado de coordinar este grupo será Alfredo Montoya Melgar, catedrático emérito de Derecho del Trabajo de las Universidades Complutense y San Pablo.

A priori, este consejo de sabios no hará distinciones entre el ámbito público y el privado, puesto que la sentencia del TSJUE tampoco las hace, según han precisado al El Independiente fuentes cercanas a los expertos.

Sin embargo, una vez se tenga que poner en práctica el dictamen resultante, habrá que contemplar dos grandes escenarios de negociación: el sector privado y el público.

Una vez se tenga que poner en práctica el dictamen de los expertos habrá que contemplar dos grandes escenarios de negociación: el sector privado y el público.

En el primero de ellos, la cuestión es, a primera vista, más sencilla, ya que los trabajadores interinos y temporales tienen un contrato laboral, están sujetos al Estatuto de los Trabajadores, y tienen a los indefinidos como figura de referencia a la hora de mejorar sus condiciones.

Sin embargo, sindicatos y patronal quieren discutir estas cuestiones en el ámbito del diálogo social. Especialmente, fuentes de CEOE señalan que este debate requiere “tranquilidad”, puesto que puede tener importantes repercusiones para las empresas.

Mayores dificultades en el sector público

Esta cuestión se complica en el caso del sector público si se tiene en cuenta la Administración aborda estas negociaciones desde un doble papel: como empleador y como legislador.

En el ámbito público, los sindicatos vienen reclamando al Ministerio de Hacienda que convoque cuanto antes la Mesa General de la Función Pública para tratar estos temas, entre otros.

Según indican, las decisiones que se adopten en esta mesa tendrían efecto en cascada sobre el resto de ámbitos públicos. Sin embargo, de no ser así, y dado que la educación o la sanidad, dos competencias eminentemente autonómicas, cuentan con acuerdos marco específicos, se abre la posibilidad de adaptar la sentencia del TSJUE en esos subniveles de forma independiente entre unos y otros. Los sindicatos también prevén llevar las negociaciones a esos sectores.

Los sindicatos están preparados

Mientras el Gobierno vuelve a ponerse en marcha, los sindicatos llevan meses preparando su estrategia y prevén desarrollar de forma inminente una campaña dirigida a los trabajadores potencialmente afectados por estas negociaciones.

Ahora bien, reconocen que hay un primer escollo a salvar. Los trabajadores en el ámbito público cuentan con contratos administrativos, con lo que no tienen una figura como la de los indefinidos en la que mirarse. En este caso, el equivalente al Estatuto de los Trabajadores sería el Estatuto Básico de Empleado Público.

Por ello, los sindicatos prevén plantear en las mesas de negociación del sector público la implantación de la figura del trabajador indefinido no fijo, que sería un interino con los mismos derechos que los indefinidos mientras dure su situación de interinidad.

Pero sobre todo, lo que persiguen las centrales es el desarrollo de planes de empleo en la administración, partiendo de la base de que el abuso de la interinidad y la temporalidad en el sector público es una derivada lógica de las tasas de reposición del 0% que se impusieron a partir de 2012. Menos la plantillas y mismo trabajo llevan a más temporalidad, argumentan.

Con estos planes de empleo, los sindicatos pretenden que no sigan creciendo estas bolsas de empleo interino y temporal en la administración y facilitar el salto de muchos de estos trabajadores, que llevan años desempeñando el puesto, al de funcionarios de carrera, sin necesidad de opositar.

El Tribunal Supremo podría marcar precedentes

En lo que todas las partes coinciden es en que antes de que todos estos frentes de negociación se sustancien y se de paso al debate y aprobación en sede parlamentaria de los cambios legislativos que puedan sustanciarse, el Tribunal Supremo podría ir marcando el camino en la medida en que, a requerimiento de trabajadores que opten antes por la vía judicial, tenga que ir interpretando la doctrina del TSJUE.

El Tribunal Supremo podría ir marcando el camino a medida que vaya resolviendo reclamaciones

Esta cuestión ya está preocupando a los empresarios, según reconocen desde BBVA Research, que ya ha introducido en la lista de potenciales riesgos económicos la incertidumbre que introduce para las empresas esta situación. Las empresas, dicen, necesitan cuanto antes una aclaración y la unificación de la doctrina al respecto.

Por su parte, la Administración General del Estado y no pocas comunidades autónomas están recabando información sobre la situación de sus plantillas ante el temor a una avalancha de reclamaciones que pueda suponer una factura millonaria.