El Ayuntamiento de Barcelona ha declarado la guerra al alquiler turístico ilegal. Y está cumpliendo su amenaza de acabar con los pisos ilegales con una doble vía. Por un lado, cerrando las viviendas que se alquilan sin contar con la licencia preceptiva. Y, por otro, con una escalada de multas para los gigantes online en que se anuncian los pisos.

La alcaldesa Ada Colau ha anunciado hoy que desde el pasado julio el consistorio ha cerrado más de 700 viviendas que se alquilaban a turistas sin disponer de la licencia obligatoria en Cataluña. Y también la apertura de nuevos expedientes a las plataformas online Airbnb y Homeaway para imponerles sendas multas de 600.000 euros.

Los gigantes reinciden

El Ayuntamiento barcelonés ya impuso el pasado verano multas a Airbnb y Homeaway de 30.001 euros a cada compañía por anunciar en su web pisos no inscritos en el registro oficial. Y como desde entonces las plataformas no han retirado esos pisos ilegales, el consistorio comandado por Ada Colau eleva ahora las sanciones por reincidencia.

“Barcelona está en peligro de caer en una burbuja inmobiliaria de nuevo. El turismo es un activo positivo para la ciudad, pero está desequilibrado e impacta directamente al derecho a la vivienda”, ha dicho Ada Colau en una entrevista con Catalunya Ràdio para justificar la campaña contra el alquiler ilegal. «Hay miles de pisos operando sin licencia, sin pagar impuestos y causando perjuicios a las comunidades de vecinos».

Los dos nuevos expedientes abiertos a Airbnb y Homeaway ya han sido firmados y próximamente serán notificados en las sedes de ambas compañías. La sanción se graduará en el importe máximo previsto por la ley en base al número de anuncios publicados (3.812  en el caso de Airbnb y 1.744 en el de Homeaway), y a la reincidencia en la infracción cometida.

En paralelo, el Ayuntamiento está tramitando expedientes administrativos para imponer una primera sanción de 30.001 euros a otros portales, entre los que están Housetrip, 9 flats, Wimdu, Fotocasa, Onlyapartments, Open House, Tripadvisor, Niumba y Rent4days.

Los portales se defienden

Airbnb, Homeaway y el resto de plataformas online reivindican su labor como meros intermediarios entre el dueño de una vivienda y el turista que quiere alojarse en ella. Sólo intermediarios. Se declaran como simples tablones de anuncios globales en los que se publicitan las viviendas en alquiler, a cuyos propietarios ponen en contacto con los viajeros que quieren alojarse.

Y como intermediarios, según su argumentario, la legislación comunitaria les exime de la responsabilidad de determinadas ilegalidades que puedan cometer los dueños de las viviendas, como por ejemplo no contar con la preceptiva licencia que se exige en algunas regiones para alquiler turístico o una eventual falta de tributación fiscal de los ingresos percibidos. Sin embargo, varias de las legislaciones regionales –como la de Cataluña- recogen sanciones si, por ejemplo, las plataformas publicitan pisos que no cuentan con la licencia exigida.

“Es una decisión triste y Airbnb apelará», apuntan fuentes de la plataforma. «Hace menos de un mes se celebró una reunión con representantes del Ayuntamiento y Airbnb se comprometió a trabajar de manera conjunta para apoyar los intereses de la ciudad. Airbnb es parte de la solución en Barcelona, quiere ser un buen aliado de las ciudades y seguirá buscando el diálogo con el Ayuntamiento”, indican.