El Gobierno sigue buscando formas de reducir el gasto de la Administración para lograr cuadrar el déficit público en 2017. Todo lo que se ahorre por ese flanco son ingresos que no es necesario obtener por la vía de los impuestos. Se trata esta vez de un plan de racionalización de la Administración para hacerla más eficiente que logrará arañar unos 900 millones de euros, de gran ayuda en un año en el que el saldo negativo de las cuentas públicas debe reducirse en algo más de 15.000 millones, del 4,6% del PIB al 3,1%,

Según ha anunciado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en el Pleno del Congreso de los Diputados, este plan de transformación se desarrollará entre 2017 y 2019 y viene a dar continuidad a la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, el llamado Plan CORA.

Hacienda no piensa tocar el empleo público

Aún se conocen pocos detalles de este nuevo plan. Fuentes del Ministerio de Hacienda se ciñen a las explicaciones dadas por Montoro, quien ha explicado que entre sus pilares está la reforma de la gobernanza pública, el uso de las nuevas tecnologías, el empleo público y la racionalización de las estructuras del sector público.

Sobre si este nuevo plan puede suponer un nuevo límite a las tasas de reposición de plantillas en el sector público o afectar a los salarios de los empleados públicos, las mismas fuentes han remarcado el carácter “administrativo” de los cambios que se plantean.

Una de las medidas introducidas hasta la fecha en esta dirección es la adhesión de la mayor parte de las comunidades autónomas al sistema de facturación electrónica. Según ha señalado Montoro, se han remitido a través de este sistema en lo que va de año alrededor de 2,6 millones de facturas, con un ahorro de 13 millones de euros para los ciudadanos y empresas.

El Gobiernos suma así otro elemento más a la ecuación de reducción del déficit. Por el momento, están también en estudio una reducción de bonificaciones y reducciones en el Impuesto de Sociedades para incrementar su recaudación, subidas en los tributos que gravan el alcohol y el tabaco o un nuevo impuesto sobre las bebidas azucaradas. Asimismo, el Gobierno incrementar los ingresos por la lucha contra el fraude.