El nuevo impuesto sobre bebidas azucaradas y carbonatadas que ha anunciado el Gobierno va camino de convertirse en otro campo de batalla entre el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de Cataluña. Ambas administraciones se han puesto en marcha para crear nuevos tributos sobre estos productos casi al mismo tiempo, uno a nivel nacional y el otro autonómico. Sin embargo, la Ley limita la posibilidad de que impuestos similares de estas características coexistan en dos niveles diferentes de la administración. En el departamento que dirige Cristóbal Montoro lo saben y preparan el terreno para, en la medida de lo posible, encontrar soluciones a través del diálogo.

El Gobierno central ya ha anunciado que tramitará un proyecto de Ley para acordar con el resto de las fuerzas políticas el diseño de este impuesto, con el que espera recaudar 200 millones de euros. Estos ingresos serían un aporte importante a la hora de reducir el déficit del Estado del 2,2% del PIB en 2016 al 1,1% en 2017, el equivalente a unos 1.200 millones de euros.

El Gobierno tramitará un proyecto de Ley para acordar con el resto de las fuerzas políticas el diseño de este impuesto

El Gobierno argumenta que el impuesto se crea por motivos sanitarios y no recaudatorios, y que persigue también la armonización de las tributación española con el resto de Europa.  Así, pese a las críticas recibidas por parte de CEOE y los sectores empresariales directamente implicados, el Ministerio de Hacienda se mantiene firme en la decisión.

Sin embargo, el Real Decreto-Ley aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, que incluía medidas tributarias para reducir el déficit, no incorporaba esta iniciativa. La razón es que el nuevo impuesto de bebidas azucaradas se tramitará como proyecto de Ley.

La búsqueda de apoyos parlamentarios en este caso es fundamental, puesto que puede levantar ampollas en Cataluña, donde ya se ha dado el paso para aplicar un tributo similar a nivel autonómico. Para Cataluña, estos nuevos ingresos tampoco son desdeñables. Su déficit se disparó hasta el 2,89% del PIB en 2015 y, a la espera de cómo cerrará el año, este porcentaje deberá ajustarse al 0,6%, como en el resto de las comunidades autónomas, en 2017.

Fuentes de la Agencia Tributaria (AEAT) recuerdan que aún no se sabe si el nuevo impuesto nacional sobre las bebidas azucaradas y carbonatadas se asimilará como un impuesto especial más. En este caso, las comunidades autónomas podrían obtener algo más del 50% de la recaudación líquida. Pero todo depende de quién apruebe primero el tributo.

La importancia de llegar antes

En estos casos, la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA) establece que, si llega primero el Gobierno central,  “los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado”.

Todo depende de quién apruebe primero el tributo

En el caso de que llegase antes Cataluña, la ley establece que “cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las comunidades autónomas, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas”.

El problema es que, mientras que fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que la clave reside en quién aplica primero el impuesto y no quién lo aprueba, desde la Consejería de Hacienda de Cataluña recalcan que la referencia es el momento de la aprobación.

Y Cataluña ya ha aprobado su impuesto de bebidas azucaradas

Del lado catalán, fuentes de la Consejería de Hacienda recuerdan que el tributo de bebidas azucaradas ya se ha aprobado dentro de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos de la comunidad autónoma para 2017, fruto del acuerdo entre Junts Pel Sí y la CUP.

Según la redacción de esta Ley de acompañamiento, el impuesto afectará a los refrescos sin alcohol, con o sin gas, elaboradas comercialmente; las bebidas de néctar de frutas y zumos; las bebidas deportivas o las de té y café.

Como el Gobierno central, en Cataluña tampoco han concretado aún los tipos  del impuesto.  Sin embargo, desde la consejería de Hacienda dan por aprobado el tributo. “Lo ha aprobado el Gobierno y se aplicará previsiblemente a principios de 2017”, precisan. No obstante, el presupuesto catalán para 2017 aún tiene que superar el debate de totalidad fijado para el 20 de diciembre.

En el caso del Gobierno central, el debate de convalidación del Real Decreto Ley en el que se incluyen medidas fiscales para corregir el déficit público se producirá previsiblemente el próximo 15 de diciembre. Sin embargo, el proyecto de Ley referido al nuevo impuesto de bebidas carbonatadas y azucaradas aún no tienen plazos.

Hacienda ya estudia una compensación

Fuentes de Hacienda asumen que la cuestión requerirá diálogo. Se ciñen a un escenario en el que la aplicación del impuesto se producirá primero a nivel nacional. En ese caso, señalan que «no tiene por qué haber una compensación», sino que puede solucionarse la cuestión «llegando a un acuerdo de otro tipo».

El Ministerio de Hacienda asume que la aprobación del impuesto requerirá diálogo

Existe un claro precedente a esta cuestión que acabó en manos del Tribunal Constitucional. El anterior Gobierno central estableció un impuesto sobre los depósitos bancarios del 0,03% de aplicación desde 2014.

La razón esgrimida fue la necesaria preservación de la unidad tributaria en todos los territorios, más que un criterio recaudatorio. En concordancia con la Ley, el Gobierno procedió después a compensar a los territorios que ya tenían un tributo similar: Andalucía, Canarias y Extremadura.

Sin embargo, tras esta decisión, Cataluña y Asturias desarrollaron su propio impuesto sobre los depósitos y la cuestión derivó finalmente a los tribunales. En enero de 2015, el Tribunal Constitucional echó abajo el impuesto catalán en tanto que ya existía otro a nivel nacional, aunque fruto de la decisión del Gobierno de repartir los algo más de 300 millones de euros de recaudación de 2014 entre las comunidades autónomas en función del número de oficinas bancarias y los ahorros depositados, Cataluña fue la segunda comunidad más beneficiada.