El Gobierno ultima la aprobación de una nueva regulación para mantener el servicio de cabinas telefónicas y con la que se impondrá a Telefónica, a través de su filial TTP, la gestión de la red de teléfonos públicos hasta el inicio de 2020.

Telefónica siempre ha sido la encargada de gestionar la red de cabinas, que forma parte de las prestaciones que se garantizan a todos los ciudadanos como parte del servicio universal. La actual concesión, otorgada a TTP hace cinco años, expira el próximo 31 de diciembre y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital  tiene que encontrar una solución para seguir ofreciendo el servicio.

El Gobierno convocó un concurso público el pasado septiembre para adjudicar la explotación y el mantenimiento de la red. Pero el concurso quedó desierto por el desinterés de las compañías. Y sin adjudicatario, el Gobierno tiene la potestad de imponer el servicio a un operador por considerarse básico.

La CNMC recomienda al Ejecutivo que reduzca la duración de la obligación del servicio a solo un año

Ahora  la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital ha elaborado una orden ministerial, que debe aprobar antes del cierre del año, con la que se designa  a Telefónica como el operador encargado de asumir la gestión y el mantenimiento desde el próximo 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. El Ejecutivo amplía así el periodo de aplicación inicialmente previsto, ya que en los pliegos del concurso público se establecía una duración de solo un año.

En el texto se incluye una cláusula en el que se establece que la imposición podrá revocarse y no mantenerse los tres años previstos en el caso de que una nueva legislación europea o nacional deje de considerar a los teléfonos públicos como parte del servicio universal (un compendio de prestaciones de telecomunicaciones, tanto telefónicas como de internet, que se garantiza a todos los ciudadanos). La Unión Europea trabaja en la elaboración de un Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que previsiblemente recogerá un nuevo servicio universal comunitaria que no incluirá la obligación de un número mínimo de cabinas públicas.

El borrador de la secretaría de Estado fue remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la emisión de un informe preceptivo sobre la medida. El supervisor recomienda al Gobierno reducir la duración de la imposición del servicio a Telefónica y que sea de solo un año, como se establecía en el concurso. Hace unos meses, la propia CNMC instó al Gobierno a acabar con la obligación de la prestación del servicio de cabinas y su exclusión del paquete recogido en el servicio universal.