El Gobierno ya ha dado luz verde al real decreto con el que se dota de un sistema de financiación al nuevo bono social, el programa gubernamental que busca paliar los efectos de la pobreza energética. El nuevo modelo de financiación era totalmente indispensable después que el Tribunal Supremo lo tumbara en octubre por segunda vez, al considerar que el reparto de las cargas entre compañías resultaba discriminatorio.

El real decreto, cuyo contenido fue pactado por el Gobierno y el PSOE –y al que se adhirió finalmente también Ciudadanos-, traslada con efecto inmediato el coste de financiar el programa, en torno a unos 200 millones de euros al año, a todas las compañías comercializadoras que operan en el mercado español.

Endesa (37,65%), Iberdrola (35,88%) y Gas Natural Fenosa (15,84%) son las compañías que mayor carga asumen

En total, son unas 200 empresas las que comercializan electricidad directamente a los particulares y serán ellas las que asumirán el coste del programa. El anterior sistema de financiación repartía todo el coste en una veintena de compañías, las que participaban en las fases tres del negocio eléctrico (generación, distribución y comercialización). Ahora esa base de compañías se amplía a la totalidad de comercializadoras sin excepción.

200 millones y 200 empresas, pero el reparto está lejos de salir a razón de un millón por compañía. En el texto de real decreto que maneja el Gobierno se establece que las empresas asumirán el coste en función de su cuota de clientes y que la fijación de los porcentajes los calculará anualmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Reparto transitorio a la espera del reglamento

Las normas exactas para establecer el reparto en el futuro se fijarán en el reglamento que desarrollará la norma, y que debe estar listo en un plazo máximo de tres meses. Pero a la espera de ese reglamento, el Gobierno aplicará un criterio transitorio para poder realizar el reparto con carácter inmediato basado en la cuota de clientes de cada empresa.

Las sociedades que menos pagan reducen su cuota al 0,000003% del total

El real decreto, publicado hoy en el BOE, incluye una tabla con los porcentajes que asumirán cada una de las compañías. Según el reparto ya oficial el Gobierno traslada el 90% del coste del nuevo bono social a sólo tres compañías. Endesa asume el 37,65% del total a través de dos filiales, Iberdrola pagará un 35,88% también con dos sociedades, y Gas Natural Fenosa acumula un 15,84% de factura total con tres de sus comercializadoras.

Con una participación menor estarían EDP España (4,96%) y Viesgo (2,16%). Y con participaciones inferiores al 1% estarían los otros dos centenares de empresas, en algunos casos con cotas muy cercanas al 0%. Las compañías que menos carga asumen tienen un porcentaje del 0,000003%.

Un bono social ampliado

En el real decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros se incluyen también las líneas básicas de las nuevas condiciones que contemplará el  bono social y que se recogerán en el futuro reglamento.

Mientras no sea aprobado el reglamento se mantendrán las características actuales, que implican un descuento del 25% del recibo a familias numerosas, clientes con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, hogares con todos sus miembros en paro y receptores de pensiones mínimas. Pero el objetivo del nuevo bono es ampliar las ayudas, y sobre todo hacerlas variables en función de la renta del receptor. En función del grado de vulnerabilidad del beneficiario, el descuento de la tarifa será mayor o menor.

Gobierno y PSOE pactaron prohibir por ley los cortes de suministro de luz a las familias en una situación de vulnerabilidad extrema y que estén siendo atendidas por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas (de hecho el presupuesto del bono servirá también para cofinanciar el abono de las facturas impagadas por estos usuarios, y que hasta ahora asumen las administraciones regionales y locales). Además, bajo algunas circunstancias de vulnerabilidad, el plazo de preaviso antes del corte del suministro se ampliará de los dos meses ahora aplicable hasta los cuatro meses.