Más de un millón y medio de españoles está afectado por cláusulas suelo. Y la mayoría se encuentra ante el siguiente dilema: ¿pacto con el banco o recurro a un abogado para reclamar el dinero que durante años he pagado de más por la vía judicial?

Los expertos recomiendan no precipitarse a la hora de contratar a un abogado y esperar, al menos, a que se conozcan los detalles del Decreto Ley que prepara el Gobierno para articular procedimientos extrajudiciales que faciliten y agilicen la devolución de los importes que debe reintegrar la banca a los afectados por esta cláusula. Economía espera aprobar la nueva normativa mañana viernes, en el primer Consejo de Ministros del año.

Es importante señalar que, al contrario de como sucede en los procesos de arbitraje, donde las partes deben aceptar la decisión final de la junta de arbitraje, el procedimiento que prepara el Gobierno da margen al ciudadano para demandar a la entidad por la vía judicial, si la solución que le ofrece ésta no le satisface. Es decir, puede apurar ambas vías.

La norma que prepara el Gobierno permite al afectado ir a juicio, si no llega a un acuerdo con el banco

Este punto de la inminente regulación podría hacer palidecer el negocio de todos los bufetes de abogados que están viendo engordar sus cuentas al calor de los escándalos financieros. En cualquier caso, éstos advierten de que, tomando como referencia experiencias pasadas -preferentes o salida a bolsa de Bankia-, los clientes que reclamaron en los tribunales salieron mejor parados que quienes llegaron a acuerdos con los bancos en procesos de arbitraje.

David Herranz de Cruz, asesor del bufete Arriaga, una de las firmas más activas en derecho financiero, recuerda que «en el caso de las participaciones preferentes que se comercializaron de forma fraudulenta, los afectados que demandaron por la vía judicial recuperaron su dinero más los cupones que el producto ofrecía, mientras que los que pactaron un acuerdo con las entidades sólo recibieron el importe invertido».

En la misma línea, el abogado señala que «los ciudadanos que compraron acciones de Bankia y reclamaron su inversión en los tribunales recuperaron su dinero más el tipo de interés legal del 4% anual, mientras que quienes llegaron a acuerdos con las entidades percibieron un interés del 1%».

Más allá del importe a percibir, los ciudadanos han de valorar los plazos. El Gobierno se ha comprometido a formular una ley que resuelva el conflicto entre el banco y el cliente en un plazo máximo de tres meses, tal como adelantó El Independiente. Los procesos judiciales son mucho más extensos y la sentencia puede dilatarse durante mucho más de un año.

El tema de los honorarios es otro punto a tener en cuenta. Generalmente, los bufetes sólo cobran si el fallo del juez favorece a su cliente. En ese caso, cobran las costas judiciales, siempre y cuando la sentencia condene -en este caso al banco- a pagarlas. No obstante, el juez también puede emitir una sentencia favorable al cliente, pero eximirle del abono de las costas. Si se da este caso, bufetes como Arriaga o Rosales, perciben entre el 10% y el 15% del dinero que recibe su cliente.

En el caso de que el afectado decida iniciar acciones legales, puede hacerlo a través de asociaciones como Adicae, OCU o Facua. La más activa en cuestiones de cláusulas suelo, Adicae, tiene actualmente un sentencia recurrida en la que representa a 15.000 hipotecados.

Para formar parte de una demanda colectiva, Adicae, en línea con el resto de asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores, requiere que el cliente se asocie. Para ello, ha de pagar tres euros al mes (36 euros al año) y una cuota única de 40 euros para darse de alta.