El juez Andrés Sánchez lo tiene claro. Blablacar en «una plataforma virtual» que tiene por objeto poner en contacto a viajeros para abaratar sus traslados «en función de determinadas reglas que publican en su página web». Por ello, afirma que no compiten deslealmente con las empresas tradicionales de transporte. Este magistrado «legaliza» este servicio ante la falta de legislación «en esta nueva realidad socio económica». Esta plataforma fue demandada por la confederación de autobuses que previsiblemente recurrirá esta decisión ante la Audiencia de Madrid.

El magistrado analiza en su resolución el funcionamiento de Blablacar para rebatir que se pueda encuadrar su actividad en la ley del transporte terrestre como defiende el gremio de los autobuses. Y cita como ejemplo, que diferencian estos servicios, el hecho de que en Blablacar se puede adscribir cualquier persona pues basta con que los usuarios introduzcan sus datos personales, su número de teléfono y se consigne la procedencia y el destino del viaje para compartir los gastos del mismo en su página web.

Perfeccionar el sistema de anuncios

Por ello, considera que esta plataforma lo que hace es «perfeccionar el sistema artesanal» de buscar compañeros de viaje a través de «anuncios en internet, en las universidades o en el supermercado».

Asimismo, sostiene que Blablacar cuenta con un gran número de usuarios y de proveedores debido a su fama y publicidad, ya que es utilizada por «todo el que quiera abaratar su viaje o el que quiere hacerlo en su coche particular». No obstante, rechaza que esta plataforma tenga por objeto «organizar transportes» pues su función es «poner en contacto a particulares que quieren realizar un viaje y compartir gastos del trayecto».

El juez también defiende las normas impuestas por Blablacar a los usuarios «para dar calidad al servicio», pero subraya que «en modo alguno» son de obligado cumplimiento para los viajeros. También señala que las personas que prestan una plaza en sus coches no están contratados por la plataforma, ya que son «particulares que a su cuenta y riesgo se ofrecen buscando personas que tengan interés en realizar el mismo viaje y pagar el coste».

Rechaza que el control de datos de los usuarios sea ilegal

El magistrado abunda en este razonamiento al sostener que este servicio es similar al de una persona «que coge a otra por capricho en la puerta de un bar o porque se lo recomienda un amigo». Y niega que el control de datos de los usuarios por Blablacar sea ilegal como tampoco lo es el de otras plataformas como WhatsApp o Facebook.

Además, apoya que Blablacar fije el precio de los viajes para evitar abusos, pero niega que con esta tarifa «persiga un ánimo de lucro», ya que cobra un porcentaje y manda una transferencia con el importe del viaje al conductor cuando ha terminado el viaje y no se ha presentado ninguna reclamación. Además, subraya que esta plataforma paga el IVA por su porcentaje y deja en manos de la Agencia Tributaria la decisión de si los usuarios de esta plataforma tienen que pagar este impuesto.

No obstante, el togado reconoce que este tipo de servicios no están regularizados, pero se opone a que sea el juez el que «cree un precepto que discipline esta nueva realidad socio económica». Y es que, en su opinión, «la realidad va muy por delante a la legislación, ya que la existencia de todo este tipo de plataformas, empresas operativas en internet de intermediación no están suficientemente reguladas».

Estos servicios benefician a los consumidores

Sin embargo, sostiene que esta falta de regulación no puede llevar «a su prohibición». Y es que afirma que «no se pueden establecer limitaciones a las nuevas tecnologías» que permiten la «proliferación de nuevos mercados más competitivos que permiten reducir el precio y garantizar una mayor elección y calidad de los servicios». En su opinión, esta situación «redunda en beneficio de los consumidores y usuarios y, por tanto, en la economía en general».

El togado tampoco ve más alternativas que apoyar a Blablacar, que ha sido defendida por la letrada Guilermina Ester, ante el convencimiento de que este servicio sería ofrecido por otras plataformas o redes sociales. Y recuerda que la comisión Europea ha pedido a los países que hagan un seguimiento «de la evolución del entorno económico y de los cambios regulatorios y avances económicos y empresariales que se experimentan en este ámbito».