El Gobierno ha salido al paso de la incertidumbre que rodea la convocatoria de la oferta de empleo público (OEP) de este año, especialmente en la educación, por la falta de unos nuevos Presupuestos.  La posibilidad de que haya que mantener la actual prórroga de las cuentas de 2016 y los problemas legales que ello podría suponer está generando una situación de inseguridad jurídica ante la que las comunidades autónomas se plantean convocar oposiciones para este año.

En esta situación, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha llamado al sosiego durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ha recordado que el Ministerio de Hacienda «está hablando» con las comunidades autónomas, que «son las más afectadas». “Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y seguridad a los opositores», ha dicho, para añadir: «Vamos a encontrar una solución».

El fuego lo encendió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante la última reunión mantenida con los sindicatos de la función pública, cuando les trasladó la prórroga de los Presupuestos planteaba un problema legal que nunca antes se había tenido que abordar.

Fuentes del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados han confirmado a El Independiente que el Gobierno ha trasladado a la Abogacía del Estado esta cuestión para encontrar un encaje legal a la oferta de empleo público de este año.

Sin embargo, desde el sindicato de funcionarios CSI-F aseguran que, al menos en lo que se refiere a la educación, el ministerio del ramo les ha trasladado que no hay un solo criterio.

Disparidad de criterios en la Abogacía del Estado

Fuentes jurídicas consultadas explican que el problema podría surgir porque la prórroga del Presupuesto únicamente extiende un año más la partida de gasto consignada en el apartado de personal, pero no su reparto.

Esto afecta por ejemplo a las plazas ofertadas, pero también a las tasas de reposición –la proporción de puestos vacantes que se pueden cubrir–, que actualmente son del 50% con carácter general y del 100% para los servicios básicos como la educación, la sanidad o las Fuerzas y Cuerpos del Estado.

Al respecto, los sindicatos han reclamado que se eliminen estas tasas para poder cubrir la oleada de jubilaciones que se avecina, a su juicio, en la Administración, y recuperar además parte de las plantillas que se han reducido durante la crisis. Sin embargo, Montoro avanzó esta semana que la intención del Gobierno era seguir sin cubrir el 100% de las vacantes.

Otras fuentes próximas a la Abogacía del Estado indican que no debería haber grandes problemas para aprobar un Real Decreto que estableciera una nueva oferta de empleo. Señalan que, en la actual situación, la opción del decreto estaría más que justificada.

En todo caso, entienden que las consultas elevadas por el Gobierno a la Abogacía del Estado más tendrían que ver con la necesidad de ganar tiempo antes de poder pactar con el resto de las fuerzas políticas los Presupuestos.

Entre tanto, las comunidades autónomas se encuentran en una encrucijada. Castilla-La Mancha ha optado por no convocar oposiciones ante la situación de inseguridad jurídica, lo que está desestabilizando el entramado de concursos en todo el territorio. Así, la federación del sector público de UGT de Murcia se opone ahora a la convocatoria de oposiciones para evitar una avalancha de candidatos desde otros territorios en los que no se hará nada este año.

En otros casos, como es el Andaluz, habrá convocatorias de oposiciones en 2017, aunque ello les exponga a un posible recurso por parte del Estado.

Por su parte, el presidente de CSI-F, Miguel Borra, pedirá este lunes en el encuentro que mantendrá con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, un acuerdo político «al más alto nivel» para permitir que haya oposiciones este año en España.