El Ministerio de Hacienda ha trasladado a los sindicatos que habría que buscar un encaje legal para asegurar la convocatoria de oposiciones a funcionario en toda España en caso de que el Gobierno no sea capaz de sacar adelante un nuevo Presupuesto para este año. Así lo aseguran fuentes próximas a la reunión que ha mantenido este martes el titular del ramo, Cristóbal Montoro, con los representantes de CSI-F, FSC-CCOO y FeSP-UGT.

El Ejecutivo ya no se cierra a la posibilidad de tener que presentar un anteproyecto de Ley de Presupuestos para este año sin apoyo previo y maneja un escenario de aprobación de las cuentas en Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria a finales de marzo. Ahora bien, en ese caso, el Congreso podría tumbar las cuentas anuales y podría forzar la prórroga de los Presupuestos de 2016. No obstante, en el caso de la Oferta de Empleo Público, de la que están pendientes miles de potenciales opositores, se abriría una brecha legal ante la que Hacienda, según habría deslizado el ministro, tendría que buscar una solución.

En los cauces oficiales se asegura que la estrategia sigue siendo la misma: todo lo que tiene que ver con la recuperación de las condiciones laborales (salarios, jornada de 35 horas, tasa de reposición…) perdidas durante la crisis está supeditado a lo que se decida dentro del Presupuesto, a los márgenes económicos que éste permita.

No obstante, mientras que puede prorrogarse una tasa de reposición, una jornada laboral o incluso una subida salarial, la Oferta Pública de Empleo de cada año debería ser única, puesto que se diseña en función de las necesidades de plantilla de cada ámbito administración. De hecho, el Gobierno está manteniendo contactos con las consejerías de Hacienda de la comunidades autónomas para perfilar un inventario de necesidades de personal en cada una de ellas.

Fuentes sindicales indican también que el Gobierno quiere para este año que la recuperación del empleo público se focalice en las actividades presenciales, como es el caso de la docencia, e incluso no descarta establecer tasas de reposición superiores al 100% en algunas de ellas. Sin embargo, nuevamente, la puesta en marcha de cualquier diseño que se haga será compleja si no hay Presupuestos que incluyan una nueva Oferta de Empleo Público.

Un vacío legal

El secretario general de FSC-CCOO, Javier Jiménez, explica que el propio Montoro ha hablado de un posible “problema legal” con la convocatoria de oposiciones a funcionarios en caso de prórroga presupuestaria y que, en la búsqueda de una solución, además será necesario contar con el visto bueno de Bruselas. A priori, el impacto económico de la Oferta Empleo Público de 2016 que habría que prorrogar se refiere a un reparto concreto de plazas: 13.427 de nuevo acceso, un 62% más que en 2015, y 5.694 de promoción interna, con un incremento del 20,1%.

Por su parte, fuentes de CSI-F consultadas, que insisten en que Montoro se ha referido a un “vacío legal sin precedentes”, señalan que la aprobación de una nueva Oferta de Empleo es “innegociable” y que, en caso de prórroga, se podría partir de los recursos consignados en el capítulo de personal para 2016 y “acordar con los sindicatos un nuevo reparto de plazas” dentro de ese margen.

Por su parte, el secretario general de FSeP-UGT, Julio Lacuerda, cree que la cuestión podría solucionarse a través de la aprobación de un Decreto Ley. No obstante, este decreto también debería ser convalidado en sede Parlamentaria.

Por otro lado, habría que ver qué problemas podrían plantearse si se aprueban unos Presupuestos para la segunda mitad de 2017, solapados con la elaboración de las cuentas correspondientes a 2018. Desde Hacienda tampoco aportan información al respecto.

Miles de opositores a la espera

Se trata de una cuestión prioritaria dentro de las reivindicaciones de los sindicatos, puesto que las plantillas de las administraciones se acercan a paso acelerado hacia la jubilación masiva de muchos de sus trabajadores y es preciso, en su opinión, asegurar su reemplazo. Según datos de CSI-F, actualmente hay 230.000 personas mayores de 65 años en el sector público después de la pérdida de unos 300.000 puestos por la amortización de jubilaciones desde 2011.

En el caso concreto, el sindicato ha denunciado que en la Sanidad se han perdido 41.000 empleos desde el pasado verano que es preciso reponer.

Pocas esperanzas de subida salarial

En lo que afecta al resto de demandas de los sindicatos de la función pública, la cosa no pinta mucho mejor. Montoro les ha pedido que les trasladen un documento de propuestas a negociar para proceder a establecer un calendario de conversaciones. Pero ni se han concretado fechas, ni tampoco se ha precisado cuándo tendrá lugar la reunión de la Mesa General de la Función Pública pendiente.

En todo caso, Hacienda se habría comprometido a hablar de todas las cuestiones para alcanzar un acuerdo de aplicación plurianual. Esto, aunque a simple vista es un avance, también arroja sombras en el corto plazo. Y es que los sindicatos afirman que Montoro les ha trasladado mensajes como que “2017 sigue siendo un año difícil”, más aún de las peores previsiones publicadas este lunes por Bruselas, o que “es un error volver a vincular los salarios al IPC”. “A buen entendedor pocas palabras bastan”, afirman desde FSC-CCOO.

Por ello, los sindicatos no esperan grandes alegrías salariales. De hecho, incluso se esperan subidas por debajo del IPC, que superará el 1,5% de media este año, según los analistas.