Las comunidades autónomas, señaladas por el reiterado incumplimiento de los objetivos de déficit en los últimos años, también directamente por Bruselas, utilizan su capacidad fiscal para crear impuestos propios con alegría, pero con una cuestionable efectividad. Dichos impuestos apenas suponen el 2,2% de sus ingresos tributarios, según los datos disponibles de 2015.

Según evidencia el estudio ‘Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017’, elaborado por el Consejo General de Economistas, existen 79 impuestos autonómicos propios, cuya recaudación se concentra en un 77,3% en cuestiones relativas con la gestión del agua, pero que se extienden también a otros asuntos como las bolsas de plástico de un solo uso o el jugo del bingo. «No paran de crecer», señala el estudio que muestra, sin embargo, que su capacidad de recaudación frente al total de ingresos se reduce poco a poco cada año –era del 2,4% en 2014–. Y es que, una vez creados, algunos de estos tributos están en suspenso, bonificados al 100% o son declarados institucionales.

*El dato de Canarias está afectado por el su régimen fiscal especial

“La exuberancia creativa de estos impuestos” es un problema, según el presidente de la organización, Valentín Pich. Para empezar porque, en algunos casos, el coste de tramitación de la ley correspondiente supera la propia recaudación. Más allá, algunos de estos tributos han acabado en los tribunales impugnados por el Estado. Entonces ¿por qué? Eso se preguntan en el Consejo, desde donde sugieren que, de alguna manera, la proximidad de los parlamentos autonómicos a sus votantes pueden empujarles a plantear novedades tributarias que luego, en la realidad, no se notan en los bolsillos.

[infogram id=»tributos_propios_en_cada_comunidad_autonoma» prefix=»h2a» format=»interactive» title=»Tributos propios en cada CC.AA.»]

Entre estos tributos se encuentran algunos como el impuesto sobre las viviendas vacías de Cataluña o el gravamen de los depósitos de las entidades de crédito, que ha sido declarado inconstitucional, pero que sigue figurando en el entramado fiscal de la Comunidad Valenciana.

El debate fiscal entre las comunidades

Con todo, los datos del Consejo General de Economistas reflejan que la recaudación por impuestos propios supera a la del Impuesto sobre el Patrimonio o la modalidad de Actos Jurídicos Documentados del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Porque tampoco algunos impuestos cedidos como Donaciones y Sucesiones o Patrimonio son las principales vías de ingresos tributarios para las comunidades autónomas, como lo son, en cambio, los grandes impuestos (IRPF o Impuesto de Sociedades).

Así, mientras que estos grandes tributos han incrementado su recaudación con la recuperación, los cambios normativos han deprimido un 59% entre 2008 y 2014 los ingresos de las comunidades autónomas que procedía de Patrimonio. Lo mismo ha ocurrido con Sucesiones y Donaciones (-14,7%), impuesto en el que existen 250 reducciones, deducciones y bonificaciones.

No obstante, durante la última conferencia de presidentes, los barones del PSOE plantearon la necesidad de una armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para evitar una cierta competencia desleal entre comunidades. Llegaron incluso a calificar a la Comunidad de Madrid de paraíso fiscal dentro de España.

Lo cierto es que las comunidades autónomas se mueven en estos impuestos como consideran oportuno, pero dentro de la legalidad. Sin embargo, el Consejo General de Economistas entiende que, en efecto, haría falta igualar un poco más estos tributos para evitar auténticas brechas impositivas entre unos territorios y otros.

Por ejemplo, un contribuyente con unos 15 millones de Patrimonio puede pasar de pagar 418.155 euros en Extremadura a cero euros en la Comunidad de Madrid y 136.885 euros en La Rioja.

No es lo mismo heredar en un territorio que en otro

Lo mismo ocurre con el Impuesto de Sucesiones. Una persona soltera de 30 años que hereda bienes de su padre por un valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, puede pagar 134,2 euros en Canarias o 164.049 euros en Andalucía.

Cataluña es la comunidad con el IRPF más alto para las rentas bajas

Más. Una persona en similares condiciones que recibe una donación por idéntica cantidad, acabará pagando 208.159 euros en Andalucía por el Impuesto sobre Donaciones, 2.000 euros en Madrid y 200 euros en Canarias.

Echas estas observaciones, es preciso buscar la raíz de las asimetrías en la recaudación total de las autonomías en el tratamiento que se hace en cada territorio de los grandes impuestos, especialmente en el IRPF, sobre el que tienen capacidad normativa.

Así, las diferencias de tributación en el IRPF pueden oscilar, según las rentas, entre el 6% y el 12%. Para empezar, Cataluña es, por ejemplo, la comunidad autónoma en la que más se castiga fiscalmente a las rentas bajas. Un contribuyente con rentas de 16.000 euros pagará en Cataluña hasta 1.611 euros, más que en el resto de territorios. Sin embargo, si las rentas se elevan a 45.000 euros, la factura más alta será la de Extremadura (9.891,3 euros), seguida de Murcia (9.745,4 euros) y Aragón (9.714,6 euros).

Por el contrario, con el mismo nivel de ingresos, el pago de IRPF más bajo se localiza en Madrid (9.306,2 euros), Castilla y León (9.349,7 euros) y Canarias (9.498,2 euros).