El Estado español ha podido disfrutar en los últimos años de un escenario excepcional para financiarse en los mercados. Las políticas de estímulo del Banco Central Europeo (BCE) han motivado la caída de las rentabilidades que los inversores exigen para adquirir deuda soberana española a niveles mínimos históricos.

Según los últimos datos del Tesoro Público, el interés medio de la deuda del Estado en circulación se situaba al cierre de febrero en el 2,71%, muy por debajo del 4,06% en que se situaba hace apenas cinco años.

Esta circunstancia no se ha traducido en una rebaja de los costes totales que supone la deuda para las arcas públicas. Al contrario, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados proyecta para el presente ejercicio un gasto en intereses de la deuda de 32.171 millones de euros.

El coste de la deuda en 2017 será un 23,5% a lo que pagó el Estado el año del rescate

De confirmarse estas cifras, supondrían el mayor pago destinado a esta partida desde el inicio de la crisis. De hecho, antes de la crisis, la factura de la deuda ni siquiera alcanzaba los 15.000 millones. Y en 2012, el año en que las rentabilidades se dispararon a máximos históricos y el Gobierno se vio obligado a solicitar el rescate bancario, los intereses que tuvo que pagar España por su deuda fueron un 19% inferiores a los previstos para 2017.

Estos datos solo pueden explicarse a partir del notable incremento que ha experimentado el saldo de deuda pública en circulación en los últimos años. El montante de deuda en circulación se ha triplicado en la última década, llevando el porcentaje de deuda pública sobre el PIB al entorno del 100%, frente al 35,5% en que se situaba en 2007.

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno reconoce los riesgos de contar con unos niveles de deuda tan elevados y se marca como objetivo prioritario su reducción. «El objetivo debe ser reducir el apalancamiento del sector público, como medio para ganar una mayor credibilidad ante los mercados y reducir la prima de riesgo, evitando así que el sector público se convierta en una fuente de riesgo para el crecimiento y la creación de empleo». Sin embargo, el Ejecutivo augura que los niveles de deuda seguirán sobrepasando el 95% del PIB al cierre de 2019.

El impacto de estos elevados niveles de deuda sobre las arcas públicas es muy significativo. Los 32.171 millones de euros que el Estado prevé destinar al pago de intereses de deuda en 2017 representan una partida muy significativa del gasto público, al suponer más del 7% del total.

Puesto en contexto, esta cantidad implica que el pago de intereses detraerá del presupuesto del Estado un 75,6% más de lo que se destinará al pago del desempleo, que está proyectado que consuma 18.318 millones de euros en 2017.

Asimismo, las partidas de «Servicios públicos básicos» (que incluye Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias y Política Exterior) y «Producción de bines públicos de carácter preferente (Sanidad, Educación y Cultura) cuentan con un presupuesto conjunto de 24.338 millones de euros, un 24,34% menos de lo que consumirán los intereses de la deuda.

Tipos al alza

Esta inquietante situación podría agravarse en un contexto de progresiva subida de los intereses de la deuda. El reciente repunte de la inflación en la eurozona y la expectativa de que el BCE pueda ir revirtiendo sus políticas de estímulo en el medio plazo han motivado en los últimos meses un movimiento al alza de los intereses de la deuda, que han llevado el rendimiento del bono español a 10 años a rondar el 1,9% por primera vez desde 2015.

Aunque este movimiento se ha revertido en parte en las últimas semanas, la mayoría de los expertos maneja un escenario de progresiva subida de los tipos de la deuda. De hecho, el propio gobierno contempla para 2017 un tipo medio del bono a 10 años del 2%, lo que supone un incremento de 60 puntos básicos sobre el año anterior. Si un incremento semejante se extendiera al conjunto de la deuda pública española, el interés de las nuevas emisiones este año podría llegar a duplicarse y alcanzaría sus niveles más elevados desde 2014, lo que se traduciría en nuevos incrementos de los intereses.

En el lado positivo, cabe decir, no obstante, que aún con un repunte de los tipos de esa magnitud, el coste de las nuevas emisiones se mantendría aún muy por debajo del tipo medio de la deuda en circulación, lo que dejaría aún margen al Gobierno para rebajar la factura de la deuda. Siempre y cuando, claro está, logre poner límite a la expansión que ha experimentado el stock de deuda en los últimos años.