El juez ha decidido sentar en en banquillo a Narcís Serra, el que fuera vicepresidente socialista, y a otros 40 altos cargos de Catalunya Caixa y les ha impuesto una fianza en concepto de responsabilidad civil de 9,5 millones de euros que tendrán que depositar en el juzgado en el plazo de un mes.

El togado asume la petición de la fiscalía, de la Abogacía del Estado y de las acusaciones populares que han acusado a Serra y al resto de los consejeros de administración desleal por haber autorizado aumentos de sueldos a Adolf Todó y Jaume Massana cuando el banco ya se encontraba en una delicada situación financiera.

Peticiones de cárcel

La fiscalía reclama para Serra y Todó cuatro años de cárcel al igual que para otros 17 ex consejeros y dos años de prisión para otros 24 miembros del consejo de administración. Asimismo, solicitó una fianza civil de 2,5 millones de euros.

El magistrado de Barcelona ha acordado imponer esta cantidad y otros siete millones de euros que los imputados deberán reintegrar a Catalunya Caixa. Además, Todó tendrá que hacer frente a otra fianza de 808.563 euros.

El magistrado en el auto de apertura de juicio oral acuerda mantener a los investigados en libertad y les da un plazo de 30 días para que presenten sus escritos de defensa. Asimismo, decreta que el juicio se celebre en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los hechos

La fiscalía anticorrupción no ha ahorrado descalificativos a la gestión de Narcís Serra en la Catalunya Caixa en su escrito de acusación. El fiscal, en este informe, sostiene que en marzo del 2010 el Banco de España autorizó la fusión de las Cajas de Cataluña, Tarragona y Manresa. Y que el FROB (Fondo de Reestructuración Bancaria) inyectó a Cataluña Caixa 1.250 millones en julio del 2010, 1.718 millones en octubre del 2011 y 9.084 en 2012. Por ello, esta caja debía aplicar un programa de “racionalización de sus estructuras de administración y gerencia” y “ajustar sus políticas de retribución de sus directivos”.

Sin embargo, en el 2008 llevó a cabo las contrataciones de Todò y Massana que fueron ascendiendo en la entidad hasta que el primero llegó a la presidencia en el 2011 y el segundo a la dirección general en el mismo año. Ambos firmaron unos contratos en los que se recogían unas indemnizaciones millonarias y unos planes de pensiones que en el caso de Todò alcanzaron los 3,2 millones de euros y en el de Massana de 1,030.720 euros.

Los sueldos

Además, otros tres consejeros fueron indemnizados después de dimitir tras la fusión con unas cantidades que oscilaron entre los 7,4 millones de euros (Lluis Gasul) hasta los 1,3 millones (Ricard Climent y Gloria Ausio).

El fiscal reprocha a Todò y Massana que sus sueldos “no dejaron de subir” durante su mandato. El primero percibió 4 millones de euros a los que hay que sumar 1,9 millones de euros de su plan de pensiones y el segundo cobró 2,8 millones de euros más 625.000 de su fondo de pensiones. Y en concepto de dietas por asistencia a los consejos de administración Todó recibió 13,004 euros y Massana 9.753 entre el 2011 y el 2012.

Por su parte, Serra percibió como presidente de Catalunya Caixa “elevados emolumentos”, ya que cobró entre el 2004 y el 2010, 1,3 millones de euros, según el fiscal.

Grave crisis económica

Para Anticorrupción, estas nóminas han causado un “perjuicio a la entidad”, ya que eran “ajenas a la real situación de insolvencia máxime cuando se produjeron en un entorno de grave crisis económica”. Por ello, el ministerio público expresa su sorpresa porque “se pagaran estos sueldos y se solicitase inyección de dinero público”. La fiscalía también recuerda que durante este periodo se suprimieron 1.630 empleos.

Por ello, la fiscalía sostiene que Serra, que presidió los consejos de administración, actuó con “un abundante abuso del cargo”, ya que permitió que se utilizaran los “fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia pública en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad”.  Esta decisión, según el escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción, “contribuyó a aumentar la grave crisis financiera”.

El fiscal tilda estos actos de “reprochables y espurios” porque el objetivo de la Caja de Ahorros era “procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social”. También subraya que la gestión de la Caja debía “evitar un despilfarro de fondos en beneficio de los altos directivos”.