El Fondo Estatal den Inversión Local, enmarcado en el conocido como Plan E desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo aprobara en 2008 para reactivar la economía y empleo durante la crisis, presentó unas “pérdidas” globales de 7.836 millones, según el Tribunal de Cuentas, que ha detectado numerosas irregularidades en su aplicación.

Así lo pone de manifiesto el tribunal en un informe de fiscalización fechado en 2013 –, complementario de otro previo sobre las mismas cuestiones de 2012, que ha estado dormido desde entonces hasta la comparecencia de su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, en el Congreso de los Diputados. Por ello, fuentes del Tribunal señalan que algunas cuestiones que se recogen en el informe podrían estar sujetas a cambios. Además, este informe no contempla el Fondo Estatal para la Sostenibilidad Local y el Empleo –5.000 millones–, que se aprobó en 2010 para dar continuidad al primero en el marco del Plan E.

El informe, recogido por El Independiente, precisa que los resultados del Fondo presentaron unas pérdidas de 5.435 millones de euros en 2009, 2.304 millones en 2010 y 97 millones en 2011. En total, 7.836 millones de euros, frente a la dotación de 8.000 millones con cargo a Presupuestos con la que nació el Plan E y que colaboró a la generación del déficit público posterior.

Según especifica el informe, estas pérdidas se explican por el criterio contable aplicado, que registraba como gastos las subvenciones concedidas a las entidades locales y como ingresos los reintegros e intereses de demora cobrados.

El problema es que, de los 8.112 ayuntamientos a los que correspondía el reparto teórico de los recursos, hasta 8.094 municipios, las dos ciudades autónomas y siete mancomunidades solicitaron estas subvenciones. Prácticamente todas las peticiones fueron atendidas. A 30 de noviembre de 2012 no quedaba ningún proyecto pendiente de liquidación, con un importe total de 7.838 millones de euros, el 97,8% de los fondos inicialmente autorizados.

De acuerdo con el primero de los informes,  el 44% de los proyectos ejecutados incurrieron en costes derivados de su explotación desde su entrada en funcionamiento hasta junio de 2011 originados, fundamentalmente, por gastos de personal, (que supusieron más de la mitad de dicho importe), de suministros, de limpieza y de mantenimiento, mientras que únicamente el 29% de los proyectos generaron ingresos.

Teniendo en cuenta conjuntamente los costes soportados y los ingresos obtenidos por la explotación de estos proyectos, únicamente dos entidades obtuvieron un saldo positivo desde la
entrada en funcionamiento de los proyectos.

Críticas a su capacidad de creación de empleo

Además, la normativa del Plan E no exigía que en el criterio de creación de empleo se valorase el número de trabajadores nuevos contratados respecto al número de días trabajados, lo que motivó que, en general, se otorgara una mayor puntuación a aquellos proyectos que preveían contratar un mayor número de trabajadores nuevos, independientemente del número de días contratados.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas apreció una “desviación a la baja” respecto a los compromisos de creación y mantenimiento de empleo, y la contratación de muchos trabajadores por periodos muy cortos.

Concretamente, la prestación de servicios derivada de la puesta en funcionamiento de las obras ejecutadas supuso la necesidad de asignación de personal en el 44% de los proyectos. No obstante,
únicamente en el 15% se ocupó con personal de nueva contratación.

Irregularidades detectadas

Por otro lado, el informe indica también que las aportaciones realizadas por el Ministerio al fondo no siguió el criterio establecido en la normativa contable relativa a los fondos carentes de personalidad jurídica.

Respecto al análisis de los criterios para la adjudicación de los contratos establecidos en los pliegos-tipo elaborados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, el Tribunal considera que eran “excesivamente genéricos e imprecisos”. Además, se produjeron retrasos en los plazos en el 83% de los proyectos analizados y en el 44% de los proyectos analizados se detectaron demoras en el pago de alguna certificación de obra.

Por otro lado, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) realizó 423 informes de control financiero, en los que halló “deficiencias e irregularidades” relativas, principalmente, a la falta de compromiso de creación de empleo por el adjudicatario, a la existencia de inversiones que no cumplían los requisitos legales para su financiación y a la justificación fuera del plazo establecido.

Sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de creación y mantenimiento de empleo, el órgano fiscalizador aprecia la desviación a la baja respecto a lo comprometido y la contratación de muchos trabajadores por periodos muy cortos.