La Comisión Europea (CE) decidió hoy llevar a España, así como a Croacia, Chipre y Portugal, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado «completamente» en su legislación la normativa europea sobre créditos hipotecarios.

Los países tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley, precisó en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que ya había pedido formalmente a estos países en 2015 que implementasen la directiva.

España debería haber transpuesto la normativa europea sobre créditos hipotecarios en marzo de 2016

El objetivo de la directiva es «crear un mercado de crédito hipotecario en toda la Unión con un nivel elevado de protección de los consumidores», indicó la Comisión, tal como recoge Efe. 

Según el Ejecutivo, la no aplicación de la ley europea en los Estados miembros da lugar a que los consumidores de esos países no dispongan de la protección que la misma otorga cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos.

Sin la directiva, adoptada el 4 de febrero de 2014, los intermediarios de crédito tampoco pueden contar con un pasaporte para sus actividades comerciales, lo cual «priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros», explicó Bruselas.

Economía atribuye el retraso a que durante 2016 el Gobierno en funciones no pudo avanzar en los trámites

El Ejecutivo aseguró que esa situación «dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos».

La norma introduce la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que busca permitir a los prestatarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato hipotecario, medidas para evaluar la solvencia de los solicitantes de una hipoteca y principios para autorizar y registrar a los intermediarios de crédito.

Más protección al hipotecado

Asimismo, posee disposiciones relativas al reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria.

Además de en 2015, la Comisión ya pidió a España en mayo y noviembre del año pasado trasponer la directiva a la legislación nacional.

El Ministerio de Economía señala, ante el comunicado del organismo comunitario, que «está preparando un texto normativo que espera aprobar antes de que se produzca una eventual sentencia. Con este objetivo estamos trabajando para alcanzar el consenso necesario que permita superar el trámite Parlamentario, cuestión que no sólo depende del Gobierno».

Economía precisa, ante este retraso, que «durante todo 2016 no se pudo avanzar en la trasposición de la normativa europea, al encontrarse el Gobierno en funciones».