La evasión fiscal en la Unión Europea ha hecho que las arcas de sus países miembros dejen de recaudar hasta 237.000 millones de euros y hayan dejado de crear 3.500 puestos de trabajo en los 28 países. Es lo que se destila de la ponencia El blanqueo de capitales y la evasión fiscal: consecuencias sobre la economía y las finanzas de los Estados miembros de la Unión que se ha presentado en el Parlamento Europeo, en el marco de la comisión de investigación sobre evasión fiscal a raíz del caso de los Papeles de Panamá.

El estudio, llevado a cabo a principios de este año por dos consultoras europeas -Centre for Strategy&Evaluation Services y Blomeyer&Sanz-, hace la primera estimación real de los fondos que han dejado de entrar en las arcas públicas y para ello toma como muestra ocho estados miembros que han estado vinculados al caso de los Panamá Papers: Chipre, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Polonia, España y el Reino Unido. El objetivo era hacer una estimación del coste fiscal y administrativo de la evasión fiscal y de las empresas offshore, para evaluar el impacto presupuestario de los sistemas de evasión que salieron a la luz a raíz de la filtración.

El caso de Los Papeles de Panamá fue destapado hace un año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que publicó los contactos del bufete panameño de Mossack Fonseca. Este bufete había creado miles de de sociedades pantalla en el exterior que, a su vez, figuran como titulares de cuentas en paraísos fiscales, países con bajo nivel de fiscalidad, para ocultar los fondos a Hacienda y evitar que el nombre de los titulares reales se haga público. Éstas son las llamadas estructuras ‘offshore’, un entramado creado para eludir a Hacienda y ocultar al propietario de los fondos. La geografía tampoco es casual: Panamá es uno de los lugares más propicios para este tipo de evasión porque, al no ser miembro de la UE, no se acoge a sus directivas y el nombre de los propietarios no tiene que salir a la luz.

La creación de estas sociedades no tiene por qué ser, en sí mismo delito, aunque depende de la legislación de cada país; sin embargo, la tenencia de fondos fuera del ‘radar’ del fisco sí supone delito de evasión fiscal, además de que la procedencia del dinero y su destino también queda en entredicho, pudiendo provenir de comisiones irregulares o de blanqueo de capitales.

Entre los propietarios de una sociedad pantalla en el despacho de Mossack Fonseca, figuran personalidades como Edmundo Rodríguez Sobrino, que fue cesado hace un año a raíz del escándalo de los papeles de Panamá. El ex presidente de la empresa Inassa, filial en Colombia del Canal de Isabel II y  estrecho colaborador del ex presidente Ignacio González ha resultado ser el cerebro de la Operación Lezo, ahora en prisión incondicional decretada por el juez Eloy Velasco.

En su día, estas filtraciones provocaron la dimisión del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, que aparecía en la lista de evasores fiscales como administrador de una sociedad panameña. El ex ministro de Economía Rodrigo Rato también aparece en los registros del bufete panameño por haber administrado dos sociedades offshore en las que albergaba 3,6 millones de euros que introdujo de nuevo en España aprovechando la amnistía fiscal puesta en marcha en 2012.

Otras grandes fortunas de este país, como el cineasta Almodóvar, el actor Imanol Arias, el escritor Vargas Llosa o Messi, se han visto implicados en los papeles de Panamá, donde tenían sociedades para evadir impuestos, según han ido informando los dos medios españoles adscritos al ICIJ, El Confidencial y La Sexta.