El juez Eloy Velasco  ha decretado prisión incondicional  para Edmundo Rodríguez Sobrino, mano derecha de González en Latinoamérica y cerebro de la operación del Canal de Isabel II en Latinoamérica, después de su comparecencia, que se ha prolongado durante casi tres horas, según informa Efe.  El juez suscribe así el criterio de la Fiscalía, que consideraba “hipervalorada” de la empresa brasileña Emissao. Además, el fiscal pidió que quede en libertad su secretaria, Clarisa Guerra aunque el juez ha acordado comparencias mensuales.

Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la empresa editora de La Razón (Audiovisual Española 2000) y ex presidente ejecutivo de la filial latinoamericana del Canal de Isabel II (Inassa), regularizó más de 400.000 euros de una cuenta en Suiza en la amnistía fiscal de 2012.

Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid detenido en la operación Lezo, ya está declarando ante el juez Eloy Velasco, después de que su hermano Pablo, también detenido, se haya negado a declarar ante el magistrado. Velasco también ha tomado declaración al cuñado de González, José Juan Caballero.

En la tarde de este viernes está previsto que comparezcan otras tres personas entre ellas José Martínez Nicolás, ex gerente de la empresa ICM que está bajo sospecha por haber financiado ilegalmente al PP madrileño y ha sido detenido en las últimas horas.

25 millones de dólares desviados

Por su parte, el ex gerente del Canal de Isabel II Adrián Martín ha eludido la prisión provisional tras abonar los 100.000 euros de fianza que le impuso anoche el juez Velasco. Por su parte, sigue en situación de privación de libertad la ex directora financiera María Fernanda Richmond, que ingresó en prisión en la noche del jueves bajo fianza de 4 millones de euros.

El magistrado explica, en el auto en el que decreta la prisión eludible bajo fianza de estos dos imputados, que desde el 2013 “se observan irregularidades para la adquisición hipervalorada ficticiamente de la empresa brasileña Emissao”. Esta sociedad estaba “intervenida por empresas instrumentales” y en su compra se pagaron “comisiones ilegales”.

Por ello, se produjo un desvío de dinero público madrileño (25 millones de dólares)  a cuentas bancarias en terceros países “con opacidad”.

El togado sostiene que en esta operación se han detectado una serie de irregularidades como que la operación no contó con la autorización del consejo de Gobierno, sin razones jurídicas económicas, y sin tener en cuenta un informe de KPMG que “debió llevar a la paralización de la adquisición”.

Además, el togado desvela que los fondos invertidos en esta operación ascendieron a 31 millones de dólares cuando el patrimonio de Emissao al cierre del año 2013 ascendía a 10,27 millones de euros descendiendo hasta los cinco millones en tan solo dos años.

Mientras, la Guardia Civil continúa con la operación abierta y en la lista de investigados que alcanza a una treintena de personas figura Pablo González Liberal, de 91 años, padre de Ignacio y Pablo González.

Los delitos

El juez acusa a los detenidos en esta operación de los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo de capitales, falsificación documental y corrupción en los negocios.

La investigación se centra en desentrañar una trama que se dedicó a desviar dinero público en beneficio propio. Este caso arrancó por una denuncia presentada por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que la Fiscalía tramitó durante casi un año hasta que judicializó el caso en julio del 2016.