Un enfrentamiento soterrado entre un puñado de ayuntamientos y las grandes firmas del Ibex -respaldadas por el Ministerio de Hacienda- está teniendo lugar en España. A un lado, una serie de consistorios -el más grande es el de Valladolid, 300.000 habitantes- aprobando en el Pleno recuperar la gestión pública del agua; al otro, colectivos y asociaciones de nombres hasta ahora desconocidos, como la Asociación para la Excelencia de los Servicios Públicos o la Cámara de Concesionarios y Empresas vinculadas al Sector Público en el ámbito de las Infraestructuras, los Equipamientos y Servicios Públicos.

Detrás de estas últimas no hay oenegés altruistas sino prácticamente todas las grandes del Ibex: aparecen OHL, ACS, y un largo etcétera. También está el Canal de Isabel II que controla la Comunidad de Madrid. E igualmente aparece Hacienda, a través de la Abogacía del Estado, se está personando en las demandas contra los municipios que promueven patronales como la Asociación de Empresas Gestoras del Agua.

Las grandes del Ibex están detrás de la ofensiva

El caso más paradigmático dentro de la quincena de municipios afectados es el de Valladolid. «Estamos compartiendo información entre los ayuntamientos que apostamos por recuperar la gestión del agua. Y nos encontramos con pautas muy parecidas para entorpecer esos procesos», comenta la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez (de Toma La Palabra, una suerte de coalición de IU y Equo). «Tememos que Valladolid, al ser el caso más destacado actualmente, esté siendo usada para amedrentar a otras ciudades que quieran recuperar el agua pública».

La ofensiva se está incrementando en las últimas semanas, y estas asociaciones han publicado informes y realizado charlas y coloquios tirando de expertos: entre otros, están el economista Lorenzo Dávila, el exministro de Trabajo y afiliado a la UGT Valeriano Gómez, el economista Ramón Tamames o el abogado Jesús Sánchez Lambás. Todos los citados acaban de hecho de sacar un libro, Remunicipalización ¿Ciudades sin Futuro?.

Tamames, Valeriano Gómez o Dávila, entre los expertos que cargan contra el proceso

Entre estos expertos no hay sintonía total, pero todos reman en la misma dirección. Por ejemplo, en un seminario que tuvo lugar esta semana Tamames («Valladolid ha operado atendiendo a criterios ideológicos y no sociales») o Sánchez Lambás («para que haya democracia tiene que haber competencia») censuraron la decisión de remunicipalizar, mientras que Valeriano Gómez subrayó que hay «magníficos ejemplos» de gestión pública o privada por el mundo, pero que pasar de una concesión privada a otra pública puede suponer un «quebradero» de cabeza para las condiciones laborales de los trabajadores.

Igualmente se editan informes, como este de veinte páginas, promovido por la Cámara de Concesionarios CCIES. Este documento dice que el «fenómeno de la participación de los operadores privados» se remonta sin aportar una historiografía exhaustiva «a lo más profundo de la historia europea, desde los albores de la civilización romana occidental hasta el actual Estado contemporáneo».

Un informe de la patronal se remonta al Imperio Romano para defender la gestión privada

En opinión del CCIES, la reversión de los contratos a empresas privadas en la gestión y tratamiento del agua se le llama erróneamente «remunicipalización». «Cuando se habla de una tendencia al alza en ‘la remunicipalización’ de los servicios», señala el informe, «se omite una cuestión fundamental, que es la significativa cantidad de contratos de colaboración público-privada para la gestión de los servicios del ciclo del agua que hay en todo el mundo».

David Sánchez Carpio, portavoz en Bruselas de la ONG estadounidense Food & Water, asegura haber detectado mucho movimiento del lado empresarial en España. “La patronal quiere evitar que muchas ciudades españolas sigan el ejemplo de ciudades como Berlín, París, Grenoble, Montpelier, Nápoles o Budapest, y retomen el control público sobre la gestión del agua”, declara. “Las empresas defienden su derecho a hacer negocio de una necesidad básica como el agua», critica.

Hacienda se está personando contra los denominados «ayuntamientos del cambio»

Manacor (Mallorca), Arteixo (A Coruña) y La Línea de Concepción (Cádiz) asumieron la gestión pública del agua. Medina Sidonia, también en Cádiz, lo hizo en 2003. E igualmente aparecen Huesna, Figaró-Montmany, Arenys de Munt, Alfes, Ermua, Estella del Marqués, Guadalcacín, Montornés del Vallès, Rascafría, Torrecera… Terrassa (215.000 habitantes) se dispone a hacer lo propio. Pero el más grande hasta ahora es Valladolid.

«La idea básica es que se está poniendo en duda la soberanía de los ayuntamientos para tomar decisiones democráticas», deplora Míriam Planas de Ingenieros Sin Fronteras, y una de las promotoras de la manifestación el pasado 19 de marzo en Tarrassa en defensa de la gestión pública del agua, a la que asistieron 4.000 personas.

Esta pelea entre los sectores privado y público tiene como invitado a Hacienda, del lado de las grandes firmas. El ministerio que tutela Cristóbal Montoro se ha personado en las causas contra la remunicipalización vallisoletana o contra la también municipalización del servicio 010 en Zaragoza (gobernado por Zaragoza en Común, plataforma de izquierdas). Pero el litigio más importante de Hacienda con los denominados «ayuntamientos del cambio» es el pulso que mantiene con la Corporación de Madrid. Montoro exige a Manuela Carmena no disponer de 238 millones para cumplir con la regla de gasto.