La maltrecha situación financiera de la Seguridad Social han llevado a PP a proponer una enmienda a una de sus últimas medidas en materia social, el complemento de la pensión por maternidad para madres que tengan al menos dos hijos. El partido que da soporte al Gobierno cree que este extra, que a día de hoy tiene un coste cercano a los 170 millones de euros, podría salir del ámbito contributivo de las pensiones, de la caja de la que se pagan estas prestaciones con las aportaciones de los cotizantes, y empezar a financiarse por la vía del presupuesto puro y duro, como el Gobierno ha planteado con las pensiones de viudedad y orfandad. Así se aligeraría los balances del sistema.

Esta enmienda se produce después de que el complemento por maternidad se pusiera en marcha el pasado 1 de enero de 2016, hace apenas un año, tras su introducción por iniciativa del Gobierno en los Presupuestos de 2016 (antes de las elecciones del 20D y el 26J).

La portavoz del PP en el Pacto de Toledo, Carolina España, lanzó la posibilidad este lunes en un foro sobre pensiones organizado por el Consejo General de Economistas en el que ha defendido la necesidad de "limpiar" el sistema de pensiones de gastos que, a su juicio, no le corresponden. Previamente lo había hecho en la Comisión en la que se debate el futuro de las pensiones, según fuentes parlamentarias. En declaraciones a El Independiente, España ha explicado que "lo lógico y lo razonable es que lo que no corresponda o lo que no sea extrictamente contributivo se pague con impuestos".

En este sentido, el complemento de maternidad, que entró en vigor con la finalidad de reconocer la contribución demográfica de las madres trabajadoras, es un porcentaje adicional a las nuevas pensiones –viudedad, jubilación o incapacidad permanente– en función del número de hijos: 5% por 2 hijos; 10% por 3 hijos y el 15% por cuatro o más hijos. La idea es compensar las menores pensiones que a menudo tienen estas personas, pero no se trata de una prestación puramente contributiva.

La Seguridad Social abona ya 211.843 complementos de pensión a las mujeres que tuvieron hijos durante su carrera laboral, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), lo que supone un 60% de las nuevas pensionistas. De estas, 110.829 corresponden a las de mujeres con dos hijos; 58.878 se abonan a pensionistas que tuvieron tres hijos y 40.804 a pensiones de mujeres con cuatro o más hijos.  Para todas estas personas, la pensión se ha visto incrementada de media en unos 800 euros, con lo que la factura asciende --multiplicando este importe por el número de beneficiarios-- a unos 179 millones de euros.

Ciudadanos quiere aumentar el gasto

El planteamiento del PP coincide con la intención de Ciudadanos de promover en sede parlamentaria una ampliación del complemento de la pensión por maternidad del que ahora disfrutan las mujeres a partir de dos hijos a las que tengan solo uno. De salir adelante esta iniciativa cabría esperar un incremento importante del gasto puesto que, según datos del sindicato CSI-F, las beneficiarias aumentarían en dos millones de personas.

Cruzando los datos sobre complemento medio –unos 800 euros anuales– y el número de mujeres excluidas que maneja CSI-F resulta un montante de unos 1.600 millones de euros al año. Sin embargo, la cifra sería menor puesto que el incentivo a aplicar a las nuevas beneficiarias se situaría, siguiendo una escala lógica, por debajo del 5% y, por tanto, el complemento medio se reduciría.

En busca de un acuerdo sobre pensiones

El debate está servido en el seno del Pacto de Toledo, en el que se aleja poco a poco la posibilidad de que los grupos parlamentarios completen antes del verano todas las recomendaciones para una nueva reforma del sistema a las que se comprometieron.

Desde el PSOE, su portavóz Mercé Perea asegura que su grupo no aceptará "dulcificar" sin más la reforma del sistema de 2013, como asegura, pretende el PP. Los socialistas hablan a estas alturas de alcanzar un acuerdo en el marco de los Presupuestos para 2018 para introducir cambios en materia de bonificaciones, gastos de gestión de la Seguridad Social o una senda de mejora del salario mínimo del 8% anual, para no dejar caer al sistema, en paralelo al debate de fondo sobre su reforma a largo plazo. Todo ello debería descansar, según aseguran, sobre una renegociación de la senda de cumplimiento del déficit para dar más margen al enjuague de los desequilibrios de la Seguridad Social.

Además, el PSOE quiere derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones, que entrará en vigor el 2019, y con el que se prevé que el gasto en pensiones se module en función de variables como la evolución demográfica.

Por su parte, España, que achaca parte de la demora en las recomendaciones al freno que ha supuesto el proceso de primarias en el PSOE, cree que "no tiene que haber dos velocidades" en las negociaciones, aunque se ha mostrado partidaria a alcanzar acuerdos puntuales ya de cara a 2018.