La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que actúa como auditor del Estado, ha emitido este jueves su primer informe de seguimiento trimestral del objetivo de estabilidad, en el que lanza una seria advertencia al Gobierno: será difícil cumplir el déficit del 3,1% del PIB en 2017 tras las cesiones hechas al PNV para que diera su apoyo a los Presupuestos de 2017, más aún si al final se acaba materializando el rescate de las autopistas de peaje.

La organización que dirige José Luis Escrivá se refiere a los alrededor de 1.400 millones de euros que han supuesto las cesiones del Gobierno al ejecutivos vasco, fundamentalmente relacionadas con la actualización del cupo vasco, y a los 2.000 millones de euros que el propio Ejecutivo de Mariano Rajoy calcula que costaría un eventual rescate de las autopistas de peaje.

Incluso sin contar ambas partidas, la Autoridad Fiscal cree que el objetivo de déficit para este año es «exigente» porque existe incertidumbre en la evolución de los impuestos directos, como ha demostrado la menor recaudación prevista por el IRPF en los primeros compases del año.

Además, la AIReF confía en que «el impuesto aumente de manera acorde con sus principales determinantes, salarios y empleo, alcanzando un crecimiento previsiblemente cercano al del PIB nominal, en torno al 4%». Por tanto, sigue pensando que es «improbable» conseguir el nivel previsto en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Más concretamente, en su informe señala que, mientras que se está cumpliendo la tendencia de consolidación de los gastos no financieros, por una menor carga de los intereses de la deuda y de las transferencias para pagar el desempleo, en el caso de los ingresos «es muy improbable que el ajuste de los ingresos sea suficiente para cumplir el objetivo».

El Estado y la Seguridad Social no cumplirán

Por administraciones, la AIReF da por hecho que el Estado no cumplirá su objetivo particular del 1,1% del PIB para este año por la peor marcha de los ingresos tributarios respecto a lo previsto, que podría agravarse si las medidas adoptadas en el tramo final de 2016 no desplegasen todos sus efectos.

En el punto de mira también están los impuestos especiales, cuya recaudación ha crecido un 1,3% hasta abril, muy por debajo del avance del PIB nominal. La Autoridad Fiscal espera una tendencia similar en lo que queda del año, puesto que los impuestos sobre hidrocarburos y el tabaco están creciendo de manera muy moderada. La previsión incluida en los Presupuestos es que estos ingresos crezcan este año un 4,6%, por lo que la organización suma estos tributos a la lista de objetivos a incumplir.

En el caso de los ingresos por el Impuesto de Sociedades, la previsión es que, si los cambios introducidos en el tributo en 2016 siguen teniendo el mismo impacto que hasta ahora, se podrán conseguir los objetivos marcados.

Y como en los últimos informes de la AIReF, la Seguridad Social sigue siendo la principal administración incumplidora del déficit. Por una parte, las cotizaciones sociales crecieron un 3,6% en los últimos 12 meses, por debajo del crecimiento económico y, sobre todo, del avance previsto en las cuentas públicas, del 6,8%.

Además, la Autoridad Fiscal avisa de que la pérdida de peso de los ingresos es «más intensa» que la «contención creciente» del gasto en pensiones por el efecto de las últimas reformas del sistema. Con esta información, la Autoridad Fiscal estima que el déficit de la Seguridad Social alcanzará el 1,6% del PIB, en lugar del 1,4% previsto.

Las comunidades autónomas cumplen

En cambio, el incremento de las transferencias a las comunidades autónomas, junto a una buena marcha de los recursos propios y la previsión de que al final del ejercicio aumenten los ingresos por fondos de la UE, hacen pensar a la AIReF que las regiones cumplirán el objetivo de déficit agregado del 0,3% del PIB. Y es que, en paralelo, espera una estabilización del peso de sus gastos sobre el PIB.

Con todo, siempre hay excepciones. Este año, entre las comunidades candidatas a incumplir el objetivo se encuentran Navarra, Aragón y la Comunidad Valenciana. En el otro extremo se encuentran Extremadura, Murcia y Cantabria.