Hace más de un año que F.M está en paro. Nunca lo había estado. En 1975 entró a trabajar en el sector financiero. Sin embargo, la crisis económica le arrastró primero al ámbito de la consultoría y, a estas alturas, con 56 años, le ha dado la estocada y le ha dejado en dique seco. De momento, ofrece sus servicios como externo, ha diseñado un curso para compartir sus conocimientos, ha abierto dos blogs.

Sin embargo, ya solo piensa en un horizonte de cinco años, los que le separan la jubilación anticipada forzosa, a los 61 años. Eso sí, sabe que en ese momento se le aplicarán unos coeficientes correctores que, según los números que ha hecho, le dejarán la pensión en un 28% o un 30% menos. Después de más de 40 años cotizados.

Otro caso similar es el de S.M., que fue despedido hace unos años y que, para seguir cotizando lo suficiente para tener un buen retiro, decidió mantener un convenio especial que había suscrito con la Seguridad Social cuando aún trabajaba. Sin embargo, al ver que estaba pagando un dinero que no tenía, decidió jubilarse en cuanto tuvo ocasión. Los coeficiente reductores volvieron a ponerse en marcha y su pensión quedó muy mermada por ello. En su caso, fueron 47 años cotizados.

Se trata de un problema al que se enfrentan cientos de miles de personas en España, que en muchos casos comenzaron a trabajar a los 12 o 14 años, y que han sufrido un despido en los últimos años de la vida laboral o que han decidido quedarse en casa porque ya eran demasiados años trabajando.

PSOE y Compromís ya han presentado una PNL para mejorar estas pensiones

El debate viene de atrás, pero ha cobrado renovada fuerza después de que PSOE y Compromís hayan presentado sendas Proposiciones no de Ley (PNL) para mejorar las pensiones de jubilados de forma anticipada con 40 años o más de cotización -con carácter retroactivo en caso de la formación catalana-, que se debatirán próximamente en la Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados.

El número de posibles beneficiarios de un cambio normativo se desconoce. Las organizaciones de afectados  y Compromís la sitúan entre los 800.000 y el millón de personas. El PSOE cree que esa cifra puede ser acertada. Sin embargo, la portavoz socialista Mercé Perea ha pedido al Ministerio de Empleo datos al respecto que, según asegura, aún no le han sido remitidos. A la espera de recibirlos, el PSOE prevé solicitar a la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) un informe detallado de potenciales beneficiarios y del coste que tendría el incremento de sus pensiones para la Seguridad Social.

En cualquier caso esta cifra se refiere a los beneficiarios de una posible revisión de la normativa en el caso de que se realizara con efecto retroactivo.

De momento, una petición en Change.org para que se establezca un tope en la carrera de cotización para poder acceder a una pensión sin coeficientes reductores contabiliza ya más de 400.000 firmas y la asociación Jubilación sin Penalizar, que suma ya más de 12.000 miembros, se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, también, en último lugar, con el PP, que ha mostrado su voluntad de estudiar la cuestión.

Además de las iniciativas de PSOE y Compromís, el portavoz en el Pacto de Toledo de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha admitido a El Independiente que muchos de estos jubilados con alrededor de 40 años cotizados se pueden ver “penalizados para toda la vida” si se les aplican los coeficientes reductores y, anteponiendo la necesidad de reducir el déficit de la Seguridad Social, ha admitido que “pese a la realidad, hay sistemas injustos que requieren un análisis profundo”.

De hecho, Ciudadanos lleva tiempo insistiendo en la necesidad de tener en cuenta a la hora de calcular la pensión de jubilación toda la vida laboral y no los últimos 20 años, como en estos momentos.

En cualquier caso, el portavoz en la Comisión de Empleo de Ciudadanos cree que en este análisis habría que tener en cuenta la voluntariedad o no de la jubilación anticipada de los afectados y su contribución al sistema. “Teniendo en cuenta el déficit de las Seguridad Social, no estamos en contra de las reformas”, ha añadido.

Por su parte, también Podemos también ha mostrado su apoyo a esta causa e incluso ha promovido iniciativas en este sentido a nivel autonómico.  Y es que en este ámbito están prosperando proposiciones en la misma línea de demandas.

Andalucía ya ha alcanzado un acuerdo

El precedente que tienen como principal referencia es la Proposición no de Ley aprobada por el Parlamento andaluz, en la que se insta a la Junta de Andalucía a que, a su vez, inste al Gobierno a no aplicar los coeficientes reductores cuando los beneficiarios acrediten 40 o más años de cotizaciones y la jubilación anticipada haya sido forzosa, o a hacerlo al menos una vez alcancen los 65 años, en los casos en los que haya sido voluntaria.

En el detalle de la votación, el PP-A voto en contra y Ciudadanos se abstuvo. De ahí que el colectivo de afectados aspire a que los de Albert Rivera al menos no obstaculicen en la Cámara Baja las PNL de PSOE y Compromís.

Ciudadanos se muestra abierto a discutir cambios normativos

Pero además, iniciativas similares se han aprobado también en Asturias o Castilla y León. En esta comunidad autónoma incluso el PP votó favorablemente.

¿Cómo penalizan los coeficientes reductores?

La legislación vigente endureció las condiciones de acceso a las jubilaciones anticipadas en 2013 para moderar el coste que ello supone a la Seguridad Social, sin embargo establece un régimen gradual y flexible, como defiende el PP y ha admitido el PSOE. En aquel decreto -que se empezará a aplicar con plenitud a partir de 2019- se aumentaron los coeficientes reductores, que han existido siempre, incluso cuando el proceso era forzoso.

Concretamente, prohibía el acceso a la jubilación anticipada forzosa hasta cuatro años antes de la edad legal en cada momento. Además, el periodo mínimo exigido para acceder a esta jubilación anticipada pasó de 30 a 33 años, con el añadido de que el solicitante debía ser demandante de empleo durante los seis meses previos. En este caso, los coeficientes de reducción de la pensión irían desde 1,8% por trimestre con un periodo de cotización inferior a 38 años y 6 meses, al 1,5% a partir de los 44 años y 6 meses.

Para la jubilación anticipada voluntaria, el periodo mínimo de cotización se elevó a 35 años y la edad legal para acceder a la pensión pasó a ser dos años inferior a la legal para jubilarse. En este caso, los coeficientes reductores se fijaron en el 2% y el 1,6%, respectivamente.

No todo es cotizar durante muchos años

Por su parte, el Gobierno defiende que ya se han tomado medidas para mejorar la pensión de personas en esta situación. En efecto, en 2007 se mejoró la pensión a personas que hubieran accedido a la jubilación anticipada antes del 1 de enero de 2002 y que acreditasen amplias carreras de cotización.

Del mismo modo, en la reforma laboral de 2011 se mandata al Gobierno a estudiar la “adaptación” de los coeficientes reductores de las pensiones a los principios de proporcionalidad y contributividad del sistema. Además, especifica que “en dicho estudio se contemplará específicamente la situación de los trabajadores que tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 “y se hubieran jubilado anticipadamente”.

No obstante, fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que promovió los cambios normativos de 2013 para endurecer el acceso a las  jubilaciones anticipadas con el fin de no cargar con más costes a la Seguridad Social, y que estas no entrarán completamente en vigor hasta 2019.

Sin embargo, desde el colectivo que demanda mejores pensiones aseguran que el coste sería nulo, ya que el gasto adicional en pensiones se vería compensado por una mayor recaudación por IRPF y por IVA, pues aumentaría la renta disponible y el consumo de estas personas.

Por otro lado, fuentes del Gobierno indican también que “el sistema de pensiones no se basa exclusivamente en los años de carrera laboral” y que “la edad o la cotización de los últimos años son requisitos igualmente requeridos” en un sistema contributivo como el español en el que debe haber una correlación en el tiempo entre los ingresos que entran a la caja y los que salen.

En este sentido, los primeros años de cotización de los trabajadores suelen ir aparejados de menores sueldos y, por tanto, una aportación menor, mientras que en los últimos años es cuando se suele aportar más.Por ello, tener en cuenta los 40 años cotizados para no aplicar coeficientes reductores podría suponer considerar años de pequeñas aportaciones para consolidar la percepción de pensiones para las que no se han aportado los años de mayores ingresos en detrimento de la contributividad del sistema.