Cada año, con sus recibos de luz todos los españoles pagan unos 700 millones de euros para compensar a las compañías eléctricas por tener centrales de gas y de carbón infrautilizadas. Son los denominados pagos por capacidad, que compensan a las eléctricas por mantener estas centrales por si hacen falta para cubrir las puntas de demanda eléctrica que otras las otras tecnologías –singularmente nuclear y renovables- no pueden atender.

Con la demanda eléctrica congelada a pesar de la recuperación, y con un exceso de potencia instalada que hace que la demanda pueda ser atendida comúnmente por el resto de tipos de energía, las centrales de gas natural y carbón producen apenas un 10% de su capacidad. Y es que las energías renovables, nucleares e hidroeléctricas generalmente se bastan para atender la demanda. Un por si acaso que cuesta 700 millones al año.

Las compañías deberán devolver 3.000 millones si Bruselas las considera ayudas públicas ilegales

Ahora Bruselas deberá determinar si esos pagos por capacidad aprobados por el Gobierno son legales. La Plataforma por un nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDAMA) han presentado una denuncia ante la Comisión Europea para que estos pagos sean considerados ayudas públicas ilegales, lo que obligaría a las compañías eléctricas a devolver a las arcas públicos los cerca de 3.000 millones de euros percibidos entre 2011 y 2015.

“Los pagos por capacidad violan el Derecho de la UE relativo a las ayudas de Estado. Son contrarias a derecho pues no son de interés general, son desproporcionadas y no hay necesidad de intervención del Estado, entre otras razones. Finalmente, no hay justificación alguna para que los consumidores tengamos que pagar estos sobrecostes en nuestra factura eléctrica”, se queja Ana Barreira, directora de IIDMA, que subraya que, además, de estas ayudas sólo se benefician las técnicas más contaminantes

Bruselas advirtió el año pasado de que ve cuatro mecanismos por capacidad aplicados por España de duda utilidad y ha puesto en cuestión que sean conformes con el ordenamiento jurídico de la UE. Ahora los denunciantes dan un paso más y promueven que las eléctricas tengan que devolver las ayudas percibidas.

“Se trata de ayudas ilegales recibidas principalmente por las centrales de gas o carbón desde 1997 para que sigan funcionando, en un contexto de sobrecapacidad de nuestro sistema eléctrico” señala Piet Holtrop, abogado voluntario de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Además, según ambas asociaciones, los pagos por capacidad españoles son de los más altos en comparación con ayudas similares repartidas en otros países de la UE.

El Gobierno los defiende, pero reformándolos

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha defendido en varias ocasiones la necesidad de mantener estas ayudas para garantizar la seguridad de suministro, sobre todo en el caso de un país como España que tiene pocas interconexiones con otros países. El Gobierno subraya que, dado que las energías renovables pueden sufrir un parón de producción (por no haber suficiente viento), hace falta que haya plantas que sean capaces de funcionar en cualquier momento.

Es el caso de las centrales térmicas, que pueden activarse cuando es necesario y es por ello que se reconocen esas ayudas para compensar a las eléctricas tenerlas disponibles aunque generalmente sin producir. No obstante, el Ministerio de Energía se ha mostrado dispuesto a emprender una reforma de los pagos para reducir su cuantía. “Hay que hacer una revisión profunda del sistema de pagos por capacidad. Necesitamos darle una gran vuelta para que sea más razonable.”, apuntaban hace unos meses fuentes del departamento que dirige Álvaro Nadal. “El gran problema es que son demasiadas plantas”.

En 2001 empezó a haber conatos de apagones en España y la capacidad de generación parecía insuficiente para una economía que crecía con vigor. Desde 1987, cuando se abrió la última de las centrales nucleares, la de Trillo (Guadalajara), y hasta 2002, cuando se empezaron a construir nuevas centrales de gas, la potencia instalada en España se había mantenido prácticamente sin cambios.

Y las compañías eléctricas, aupadas por unas previsiones del Gobierno de crecimiento de la demanda eléctrica que hoy se han demostrado absurdamente exageradas, se lanzaron a construir nuevas centrales de ciclo combinado. Las nuevas centrales construidas y el posterior boom de renovables finalmente ha derivado en que España hoy cuente con una potencia instalada cercana a los 100.000 MW, un exceso teniendo en cuenta que la demanda máxima se sitúa en los 45.000 MW.