El gobernador de Banco de España, Luis María Linde, ha defendido a la institución a la que representa en la caída del banco Popular. Ha subrayado, durante su comparecencia en la Comisión del Congreso que investiga la crisis financiera desde 2000 y posterior rescate bancario, que, “desde noviembre de 2014, el Banco de España no es supervisor prudencial de ninguna entidad significativa, tal como regula la ley europea”.

El gobernador ha explicado que el Banco de España tiene una “participación en equipos de supervisión que trabajan con Popular, como puede estar presente un inspector alemán o un italiano”, pero “eso no quiere decir que seamos la autoridad supervisora”. Y ha subrayado: “No es fácil de asimilar, pero es así”.

Una actuación más enérgica en la crisis, probablemente, hubiese ahorrado recursos públicos

En la misma línea, Linde ha recordado que tampoco son miembros de la Junta de Resolución Europea (JUR). “No somos miembros de la JUR. No tenemos nada que ver con esa Junta. Tenemos una persona que asiste a las reuniones de la Junta como observador, sin voz ni voto. Puede sorprender, pero es así”, asegura. Por eso, en su opinión, “el Banco de España no tuvo nada que ver con la resolución de Popular”.

Por otro lado, ha incidido en que “Popular había sido solvente técnicamente hasta el último momento”. Ha apuntado que “la solvencia no se estima de forma opinática, sino que es una ratio, un tema de numerador y de activos ponderados por riesgo, que Popular cumplía hasta el 5 de junio”.

El Banco de España, el Gobierno y Europa vimos bien que Popular quisiese solucionar solo su problema de capital

Para Linde, mantener la cifra de solvencia requerida es compatible con un problema de liquidez, tal como sufrió Popular. El gobernador ha explicado que Popular solicitó una línea de liquidez de emergencia, que sólo se concede si el banco lo pide.

Paralelamente ha señalado la voluntad de la institución de explicar con mayor detalle cómo procedió durante las últimas horas previas a la caída de Popular, para lo que ha solicitado autorización al BCE, tal como adelantó El Independiente.

Echando la vista atrás, Linde ha mencionado el informe de la consultora Oliver Wyman que, en 2012, detectó que Popular tenía unas necesidades de capital de 3.200 millones de euros. “Popular expresó que podía resolver [el déficit de capital] por medios privados y así, fue, mediante una ampliación de capital. De este modo, no tuvo que hacer ningún traspaso a la Sareb”, ha recordado.

Seguidamente ha apuntado que, en ese momento, “hace cinco años, el Banco de España dio su conformidad [al plan de Popular], al igual que hizo el Gobierno, Oliver Wyman y la Comisión Europea. Si [el problema] se resolvía por medios privados en lugar de fondos públicos, mejor”.

Linde reconoce que la supervisión del Banco de España en la crisis fue por detrás de los acontecimientos

Durante la comparecencia en el Congreso, Linde ha reconocido que la supervisión del Banco de España durante la crisis “fue por detrás de los acontecimientos. No hubo manguerazo de forma enérgica, como se hizo en Alemania; ahora se ve más fácil, pero ese enfoque más enérgico y más amplio, cuando podía hacerse en sentido fiscal, que era entre 2007 y 2008, no hacía falta. Y cuando hacía falta, en 2012, no se podía hacer por capacidad fiscal”.

Y ha concluido: “Un enfoque más enérgico hubiese, quizá, ahorrado recursos públicos. Es posible, pero es difícil de saber”. También reconoce que el Banco de España “no anticipó una fase recesiva tan intensa como la acaecida a partir de finales de 2008, que revelaría la magnitud y la gravedad de los desequilibrios acumulados en nuestra economía”.

Burbuja especulativa

Linde ha concluido su exposición haciendo un balance de la crisis. Pone el acento en que “el Banco de España no adoptó medidas que hubieran podido, quizá, frenar el gran aumento del crédito al sector privado registrado entre 2001 y 2007, en especial, en los sectores de construcción, promoción inmobiliaria y crédito hipotecario para la adquisición de viviendas”, tal como adelantó EL Independiente. 

Para rebajar el tono en contra al exgobernador Jaime Caruna, ha matizado que “no existían entonces las normas legales que habrían podido facilitar esa actuación y que otras medidas adoptadas en aquellos años –las provisiones contracíclicas y el tratamiento severo de los llamados vehículos especiales- tuvieron eficacia para ayudar a resistir la primera crisis, aunque no fueron suficientes para proteger a nuestras entidades de la segunda recesión que se inicia en 2011”.

Entre 2001 y 2007, el crédito al sector privado subió un 221%, concentrado en el sector inmobiliario

Sobre el alto endeudamiento privado y la creación de la burbuja inmobiliaria, Linde ha señalado cifras elocuentes.

“Entre 2001-2007, frente a un crecimiento del PIB nominal del 67%, el crédito al sector privado aumentó un 221%, concentrado especialmente en el sector inmobiliario, que registró un crecimiento del 250% en el crédito para adquisición de vivienda y del 513% en el caso del crédito a las empresas de construcción y servicios inmobiliarios. El mayor crecimiento del crédito se alcanzó en los años 2005 y 2006. En estos dos años, el crédito al sector privado creció un 60%, el destinado a adquisición de vivienda un 65% y el crédito a empresas de construcción y servicios inmobiliarios casi un 100%, es decir, prácticamente se dobló, en dos años”, ha enumerado.

“Durante ese mismo período, 2001-2007, se construyeron, en media, 570.000 nuevas viviendas al año; el precio de la vivienda se multiplicó por dos en términos reales, y por 2,5 en términos nominales. Este proceso se ajustó a una dinámica consistente con lo que puede considerarse una burbuja especulativa en el sector inmobiliario, de forma que sus precios se situaron muy por encima del valor que habrían justificado los determinantes en los respectivos mercados y, desde luego, en el de la vivienda”, ha añadido.