Las demandas contra los potenciales responsables de la caída de Popular aumentan por días. El bufete Legaltrade ha interpuesto la primera reclamación administrativa por la responsabilidad patrimonial del Estado, ante los actos y omisiones negligentes del Banco de España, la CNMV y Frob, que, en su opinión, han llevado a la resolución de Popular y su venta a Santander por un euro.

Junto a ello, el bufete ha interpuesto un recurso contra la resolución de la Comisión rectora del Frob, por la que se adoptan las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución.

Alberto Clemente, socio de la firma, señala que «el Estado ha incumplido las elementales obligaciones de supervisión de entidades de crédito y empresas cotizadas, a través de los supervisores competentes, Banco de España y CMNV, a pesar de que estos organismos cuentan con las más extensas facultades para recabar cualesquiera información contable, fiscal y patrimonial».

Clemente denuncia que «no detectaron el agujero de 710 millones de euros que la propia entidad -con la llegada del nuevo presidente Emilio Saracho- reconoció al reformular sus cuentas en abril».

Además, señala que «las cuentas del banco al cierre de marzo, apenas dos meses antes de su resolución, y supuestamente supervisadas por los organismos públicos competentes, arrojaban activos por más de 147.000 millones de euros y un valor patrimonial de más de 11.000 millones».  Por tanto, «no resulta creíble, ni admisible, que en dos meses la entidad pierda más de 18.000 millones de valor».

Y subraya que «por mucho que el Banco de España hayan cedido facultades de supervisión al BCE, todas las funciones supervisoras deben ser coordinadas con la institución española y son responsabilidad de ésta».

En opinión del abogado, «se han incumplido, además, las medidas previas de protección contempladas en la Ley 11/2015, cuyo objeto es evitar situaciones de insolvencia de las entidades de crédito».

El papel del Frob

En cuanto al recurso contra la resolución del Frob, Clemente indica que, «aunque éste pueda decir que se limita a ejecutar lo que ha decidido la Junta Única de Resolución (JUR), ello no le exime de responsabilidad en la adopción de medidas que resultan manifiestamente ilegales».

Para el experto, la resolución de Popular, mediante la cual se amortizaron todas las acciones de la entidad y la deuda subordinada se convirtió en capital, resulta «arbitraria, desproporcionada, produce indefensión y vulnera los derechos constitucionales de propiedad e igualdad».

Junto a ello, Clemente indica que la resolución se contrapone a «todos los principios del Reglamento UE 806/2014, que establece que cualquier procedimiento de resolución bancaria debe realizarse en competencia con otras entidades, con publicidad, de forma transparente, sin discriminación, maximizándose el precio de venta y no haciendo soportar a los perjudicados mayores pérdidas que las que se producirían en un procedimiento concursal».

Diligencias

Clemente arremete contra la falta de transparencia que ha caracterizado el proceso de resolución de Popular. Para arrojar luz a lo que sucedió en las últimas horas de vida de la entidad, ha solicitado al Banco de España que informe de las medidas preventivas adoptadas en Popular, así como los requerimientos hechos por el supervisor a la entidad en los últimos 36 meses para fortalecer su situación económica, sus ratios de solvencia, ampliación de previsiones, limitación o restricción de dividendos y reforzamiento de fondos propios.

Paralelamente, ha solicitado al Banco de España el Plan General de Viabilidad, el Plan de Resolución Específico y Plan de Recuperación, según lo establecido en la Ley 11/2015.

También ha pedido a la JUR el expediente administrativo del informe de valoración independiente realizado por Deloitte, en que se ha basado la declaración de inviabilidad del Popular, así como otros realizados en el últimos 24 meses.

Además, Legaltrade ha solicitado declaraciones del gobernador del Banco de España, el presidente de la CNMV y los representantes legales de PWC -auditor de las cuentas de Popular- y Deloitte.