Cataluña peleó ante el Tribunal Constitucional su impuesto sobre las viviendas vacías y está recogiendo los frutos. Aunque supone una pequeña parte de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma, ya ha superado el 100% de la recaudación prevista para el año por este impuesto y ha ingresado un 63% más que en 2016, según datos de la liquidación hasta junio que ofrece la Agencia Tributaria de Cataluña.

El tributo sobre las viviendas vacías catalanas se aplica en el caso de inmuebles que lleven desocupados más de dos años sin justificación, pero solo cuando el propietario es una persona jurídica. Esto deja fuera del ámbito del tributo a los particulares (también a las viviendas de inserción), y deja a los pies de la Agencia Tributaria catalana a bancos o inmobiliarias.

El impuesto, que se aplica de forma escalonada –desde 10 euros el metro cuadrado a los 30 euros, en función de la superficie– también deja exentas a las viviendas ubicadas en zonas de escasa demanda acreditada de acuerdo con los establecido en el Plan Territorial Sectorial de Vivienda correspondiente.

Y es que la Generalitat de Cataluña defiende que se trata de un impuesto que penaliza el «incumplimiento de la función social» de la vivienda, para reducir el stock de pisos vacíos y promover su oferta en el mercado del alquiler. De hecho, el impuesto es finalista, puesto que los ingresos recaudados se destinan a la financiación de las actuaciones protegidas por los planes de vivienda priorizando que los recursos se destinen a los municipios donde se han obtenido estos ingresos.

El tributo echó a andar en julio del año 2015 como una tasa dependiente del número de metros cuadrados del inmueble. Sin embargo, el tributo fue recurrido ante el Tribunal Constitucional  (TC) por el Gobierno, que argumentó que entraba en conflicto con una disposición de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), en la que ya se contempla la posibilidad de que los ayuntamientos apliquen un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) bajo las mismas circunstancias. Tras una suspensión cautelar por parte del TC, el alto tribunal acabó por dar la razón a Cataluña, que ha seguido aplicando el tributo.

Ya en 2016, la recaudación por este impuesto superó en un 30% los ingresos previstos, hasta los 11,5 millones de euros, aunque hay que tener en cuenta que el presupuesto de partida era el prorrogado de 2015. Esos 11,5 millones fueron este año la cantidad presupuestada inicialmente, que luego se elevó a 18,5 millones. Sin embargo, los datos de ejecución que ha presentado la Agencia Tributaria catalana muestran que en el mes de junio, transcurrida la mitad del año y realizadas las liquidaciones del tributo, este montante asciende a 18,8 millones de euros, por encima de los ingresos previstos y un 63% más de lo recaudado un año antes.

Cambia la Ley, aumenta la recaudación

La razón de este repunte se encuentra, en parte, en la ampliación de las viviendas afectadas por el impuesto en 2016. La Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social de Cataluña amplió los municipios considerados como áreas de demanda residencial fuerte y acreditada, afectados por el impuesto, de 72 a 234.

En mayo de 2016 había 46.000 pisos en manos de la banca y grandes tenedores en esos 72 municipios. La información que no aporta la Agencia Tributaria de Cataluña es cuántos albergan los 234, aunque basta considerar que se trata de más de tres veces más. «Este aumento de la base, junto a la aplicación de la tarifa progresiva, ha provocado este incremento de la recaudación», añade el informe de liquidación.

A la hora de valorar si tras esta recaudación se ha producido una reducción de las viviendas vacías, atendiendo únicamente a lo que es vivienda nueva, los datos del Ministerio de Fomento indican que Cataluña contaba el pasado año con 76.890 viviendas vacías, un 15,6% del total que hay en España.

Se trata del mayor porcentaje de todo el país, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, que acapara el 18,7%. Sin embargo, el ‘stock’ de pisos nuevos vacíos se redujo un 2,88% en Cataluña en 2015 y aceleró el ritmo de retroceso hasta el 4,33% en 2016, más que la media nacional.