El sistema público de pensiones español se caracteriza por ser contributivo y solidario. En términos generales, se alimenta de las aportaciones de los trabajadores por la vía de las cotizaciones sociales y se reparte entre los pensionistas en una suerte de solidaridad intergeneracional. Su solvencia exige, por tanto, que los ingresos del sistema sean suficientes para sostener las necesidades de gasto.

A la hora de valorar el grado de aportaciones al sistema, se tiene en cuenta no solo las cotizaciones como meros ingresos en la caja de la Seguridad Social, que dependen en parte del nivel de los salarios. También se contempla para ello lo que se llama la ratio de afiliados por pensionistas, esto es, el número de trabajadores que están aportando al sistema por cada uno de los pensionistas.

La principal preocupación actual parte de que la población española se enfrenta a un progresivo repunte de la población jubilada, herencia del baby boom de los años 60 y 70, mientras que las generaciones posteriores auguran menores niveles de empleo y, por tanto, menores ingresos a la caja de las pensiones.  Además, los altos niveles de paro han secado en gran parte las arcas de la Seguridad Social durante la última década.

Dicho de otro modo, se ha reducido el número de personas que aportan y se ha incrementado el de aquellos que consumen la caja. Concretamente, un 14% de forma prácticamente lineal durante la crisis.

En este sentido, los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio arrojan un dato cuanto menos inquietante. Esta ratio ha retrocedido hasta los 2,23 ocupados por cada pensionistas, el nivel más bajo desde diciembre de 1999, en el siglo pasado.

Las diferencias en este indicador son sutiles. De hecho, el dato más alto registrado es de 2007, cuando alcanzó el 2,71, en un momento en el que los ocupados superaban con creces los 20 millones de ocupados, en términos de Encuesta de Población Activa (EPA). Por el contrario, el dato más bajo es del año 1995, del 2,07.

Desde que se alcanzara ese máximo antes de que el paro golpeara con virulencia y cayera en picado el número de cotizantes –más de tres millones se perdieron en la fase más dura de la crisis—ha tenido altibajos, pero con una constante descendente. Sin embargo, el empleo se viene recuperando desde 2014 y a priori cabría entender que esta ratio debería remontar el vuelo.

La razón de que no sea así es que en el número de cotizantes que se toma para calcular esta relación incluye los afiliados ocupados, aquellos que se encuentran trabajando, pero también aquellos que están en desempleo y que, gracias a contar con ayudas de carácter contributivo, como el paro y otros subsidios, han seguido cotizando.

En este sentido, mientras que el paro ha ido disminuyendo y los ocupados han aumentado, buena parte de los parados, los de larga duración, que aún suman 1,6 millones de personas, han ido consumiendo sus prestaciones contributivas y han ido dejando de poder aportar al sistema de pensiones.

De hecho, a medida que la crisis iba esquilmando los cotizantes ocupados a la Seguridad Social, iba creciendo el número de aquellos que seguían aportando desde el paro o los subsidios.

Sin embargo, en 2014 se inició una recuperación de los afiliados a la Seguridad Social que ha sido más lenta que la pérdida de ayudas por parte de los parados de larga duración, pese a la prórroga de programas como el Plan Prepara para desempleados sin ingresos.

En concreto, entre 2013 y julio de 2017 se ha producido un incremento de los cotizantes ocupados del 12,4%, mientras que en la lista de los afiliados desempleados el descenso ha sido del 60,7%, a sumar un 9,8% adicional entre 2009 y 2013.

Pero no todo son cotizantes

Esta caída de la proporción de cotizantes por pensionistas no tiene una relación directa con los ingresos que entran por la vía de las cotizaciones a la Seguridad Social. De hecho, estas cotizaciones están incrementándose y ya superan el ritmo de avance de los gastos, en parte también porque la aplicación de la última reforma de las pensiones está conteniendo el crecimiento de esta última variable.

Los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social muestran que la recaudación por cotizaciones sociales ascendió a 53.783,85 millones de euros en el primer semestre, lo que representó un aumento de 4,84 puntos respecto a 2016. La tasa era del 2,63% hace un año. Ello viene originado, según el Ministerio de Empleo, por el aumento de la cotización de ocupados (5,49%), que avanza posiciones en relación a la cotización de desempleados (-4,89%).

Del lado de los gastos correspondientes a las distintas prestaciones contributivas, las pensiones (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares) alcanzaron un importe de 49.483,60 millones de euros en el mismo periodo, cifra superior en un 3,44% al año anterior.

Estos datos demuestran que los ingresos empiezan a comerle el terreno, aunque a un paso muy lento, a los gastos y que, en un contexto de un menor peso de los cotizantes sobre los pensionistas, los ingresos aún mejoran porque las aportaciones que provienen de los sueldos son mayores que las que parten de las prestaciones derivadas del desempleo.

De hecho, si se elimina el efecto de los cotizantes desempleados en la ratio, la proporción de ocupados por cada beneficiario de una pensión alcanzaba el 2,5 al inicio de la crisis y tocó suelo en 2015, con un 2. Sin embargo, la ratio ha vuelto a remontar y en julio de 2017 se sitúa en el 2,1 solo contando con los ocupados.

Con todo, la caída de la ratio de cotizantes por cada pensión da una idea del hueco que están dejando los parados de larga duración como integrantes del sistema y cómo el número de beneficiarios se acerca peligrosamente al de trabajadores a falta de que se encuentre una forma de incorporar con rapidez a los desempleados de nuevo en el mercado laboral.