El Gobierno dará 24 horas al comité de empresa de Eulen en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) y a la contratista Eulen para designar un árbitro: transcurrido ese tiempo, quiere que el conflicto laboral esté resuelto en 10 días. Así lo ha confirmado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa inmediatamente posterior al Consejo de Ministros extraordinario convocado este miércoles.

El árbitro será nombrado como máximo en dos días y éste tendrá 10 días para imponer el laudo

«Desde el punto de vista legal no hay otra vía más allá del arbitraje obligatorio», ha recordado Serna, muy implicado en la situación que vive el aeropuerto barcelonés, un conflicto que tiene ya 25 días. «Analizadas las alternativas, y teniendo en cuenta las consecuencias de la huelga, hemos acordado el arbitraje obligatorio. En 24 horas de que se éste se notifique a las partes, éstas deberán proceder a designar un árbitro», ha agregado el ministro.

Si las partes no se ponen de acuerdo, el Gobierno designará al árbitro. Y en 10 días el Ejecutivo espera que la persona designada resuelva el embrollo, cuyo origen está en los salarios, ha dicho Serna.

Antes del fin del verano

De la Serna espera que las huelgas en El Prat se terminen antes de que termine agosto, esto es, del retorno vacacional masivo por parte de millones de españoles. «El lunes, ante una huelga más dura que la programada en días precedentes, incrementamos los efectivos de la Guardia Civil para garantizar la seguridad y el orden público. Y todo transcurrió con absoluta normalidad», ha recordado.

Mientras se celebraba el Consejo de Ministros, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado que el laudo aprobado por el Gobierno para resolver el conflicto laboral en El Prat es «una forma de imposición» que no aborda «la explotación» a los trabajadores, a los que cree que el Ejecutivo «se ha empeñado en criminalizar».

Mediación fracasada

El titular de Fomento también ha avanzado una reflexión sobre la seguridad privada. Y ha destacado «que el Gobierno entra una vez fracasada la mediación de la Generalitat y cuando no hay otro recurso legal». La Generalitat propuso una subida salarial de 200 euros en 15 pagas, mientras que el comité de empresa de Eulen exige 250 euros en 15 pagas. La propuesta del mediador -el Gobierno catalán- fue rechazada hasta dos veces por la plantilla en el aeropuerto de Barcelona, formada por 360 empleados.

Serna ha reiterado que esta decisión se ha tomado tras valorar las consecuencias jurídicas de iniciar un arbitraje de obligado cumplimiento, entre ellas la duración de la huelga y la prolongación del conflicto, las posturas irreconciliables de las partes y desde el «más escrupuloso respeto al derecho de huelga». Y ha subrayado que El Prat es el segundo aeropuerto más transitado de España y en el impacto que ello tendría que hacer sobre el turismo.

Objetivo: evitar huelgas en otros aeropuertos

Los sindicatos llevan días amenazando con extender las huelgas en los controles de seguridad a otros aeropuertos de España. El Gobierno ha hecho un doble guiño a los representantes de los trabajadores para evitarlo. Por un lado, subrayando el carácter excepcional de la decisión aplicada a El Prat. Por otro, asumiendo la petición de UGT y CCOO de crear un grupo de trabajo para estudiar las condiciones laborales y el régimen concesional del sector de la seguridad privada.

De la Serna ha subrayado de manera reiterada que la decisión exprés de imponer un laudo obligatorio y de acortar los plazos para dar solución al conflicto se trata de una medida “excepcional” dado que el aeropuerto de El Prat se trata de “una infraestructura especial”, una “infraestructura crítica” para España. El ministro buscaba así apagar las quejas de los sindicatos de las empresas de seguridad sobre la imposición de un laudo y su temor a que fuera una fórmula que se extendiera a otros conflictos laborales similares.

En paralelo, el ministro de Fomento ha desvelado que el Consejo de Ministros también había adoptado un acuerdo de carácter informal para “recoger el guante” lanzado por UGT y CCOO y crear un grupo de trabajo sobre el sector de la seguridad para establecer “un marco nacional y global” acerca de las condiciones de trabajo, formación o salarios. “Es una forma de evitar situaciones diferenciadas en el sector de la seguridad privada. Va más allá de su incidencia en el sistema aeroportuario”.