El jueves, a las 12.30 horas, en Madrid. Marcos Peña, el árbitro designado por el Gobierno para poner fin al conflicto laboral entre Eulen y los trabajadores de seguridad en el Aeropuerto de El Prat-Barcelona, es cuando ha citado a los representantes de la compañía y al comité de huelga a una reunión en Madrid para darles a conocer el laudo obligatorio.

La reunión, a la que asistirán representantes de las dos partes implicadas, tendrá lugar en su despacho en Madrid en las dependencias del Consejo Económico y Social (CES), organismo que Peña preside, según confirmaron fuentes conocedoras del proceso a Europa Press. Peña disponía de diez días para la elaboración del laudo, de obligado cumplimiento para las partes, plazo que cumple precisamente el próximo 31 de agosto. Hace apenas una semana el árbitro del conflicto de El Prat mantenía sendas reuniones en la T2 del Aeropuerto de Barcelona, por separado, con objeto de conocer sus posturas.

Tras el encuentro, reconocía que nadie iba a «acabar contento pero lo importante es minimizar el conflicto y conciliar intereses», al tiempo que apuntaba que el conflicto laboral no se reduce al Aeropuerto de Barcelona porque «todos los grandes aeropuertos tienen conflictos similares».

El comité de huelga rechaza el laudo por considerarlo «ilegal» por lo que tienen previsto recurrirlo a los tribunales y ha convocado nuevos paros a partir del próximo 8 de septiembre, en protesta por los expedientes abiertos por la compañía a varios trabajadores supuestamente por incumplir los servicios mínimos.

La Generalitat ha propuesto una solución provisional al conflicto de los trabajadores de los filtros de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y ha emplazado al comité de huelga de Eulen a tomar la decisión final en la asamblea programada para el próximo lunes, en un intento de evitar la convocatoria de nuevos paros.

Por su parte, trabajadores de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas han mantenido ya un primer encuentro con la dirección de Eulen, con la que ha acordado negociar los puntos organizativos que reivindica la plantilla, y postergar sus exigencias económicas en la negociación a la resolución del conflicto con los trabajadores que la empresa mantiene en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, ya con el dictamen del laudo.

Lo que piden los trabajadores y lo que quiere la empresa

El Gobierno recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat, como solución a la convocatoria de huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen, encargados de los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.

La propuesta de la Generalitat, rechazada en dos ocasiones por la plantilla de Eulen, suponía un incremento salarial máximo de 200 euros en 12 pagas –aceptado por la compañía– e incluía un aumento de 25 vigilantes en cada puesto de control, que sumaban 76 personas más, frente a los 100 efectivos exigidos por el comité de huelga y los 21 de la propuesta inicial de Eulen. El salario base de un trabajador de seguridad de aeropuerto asciende a 1.100 euros brutos (907 euros más pluses).

En cuanto al incremento de plantilla, la propuesta de mediación contemplaba una bolsa de 25 personas que tomarían el relevo de la plantilla de los controles de seguridad siempre que deban ausentarse de su puesto. Estas nuevas incorporaciones totalizarían 76 personas, cifra que dista tanto del personal nuevo exigido por el comité de huelga (100) como de la propuesta inicial de Eulen (21).

Proceso de arbitraje

Ante la falta de un acuerdo entre trabajadores y Eulen para consensuar un árbitro, el Gobierno designó, a propuesta del Ministerio de Fomento, al que fuera mediador de la negociación de la estiba para emitir el laudo en el conflicto de El Prat, figura que no recibió ninguna alegación por parte de Eulen o los trabajadores.

Tal y como recoge el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, se recurre a esta figura cuando concurren las siguientes circunstancias: duración prolongada de la huelga o que se deriven graves consecuencias de la misma; que las partes mantengan posiciones irreconciliables; y perjuicio grave para la economía nacional.

No es la primera vez que Peña, actual presidente del Consejo Económico y Social (CES) y especialista en negociación colectiva, actúa como mediador en conflictos laborales pero sí será su primer laudo de obligado cumplimiento que elabora.