El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha ordenado la liquidación de Reyal Urbis, en concurso de acreedores desde febrero de 2013 y cuya deuda superaba en mayo los 3.500 millones de euros, con lo que protagonizará la segunda mayor quiebra de España, por detrás de la de Martinsa-Fadesa.

La liquidación llega después de que en junio, la mayoría de los acreedores rechazara la propuesta de convenio presentada por la inmobiliaria. En concreto, la propuesta de convenio fue apoyada por sólo el 32,7% del pasivo ordinario.

Anteriormente, a finales de mayo, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la banca extranjera ya habían manifestado su rechazo a la propuesta presentada por Reyal para salir del proceso concursal.

En el auto de liquidación, al que ha tenido acceso Efe y en el que se subsanan errores de otro dictado el julio, el juez mantiene la suspensión a la deudora del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, que seguirá a cargo de la administración concursal.

Además, ordena el cese de los administradores sociales, cuyas funciones serán asumidas igualmente por los administradores concursales, y acuerda la disolución de Reyal, así como el vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones.

Fuertes deudas

La compañía se acogió en febrero de 2013 voluntariamente a concurso de acreedores ante el rechazo a refinanciar su deuda por parte de entidades como la Sareb (con cerca de 1.000 millones), BBVA, Santander o Popular.

En su propuesta de convenio, la compañía había ofrecido la entrega del 90% de los bienes fijados como garantía del crédito sindicado por valor de 2.892 millones otorgado por 29 entidades financieras. Esto hubiera supuesto cerca de 1.200 millones. El 10% restante de los activos ofrecidos como garantía del crédito permanecería en manos de la promotora con el objetivo de «mantenerla con vida».

La salvación de Reyal Urbis, que acumulaba una deuda neta de 3.572 millones al cierre de marzo, pasaba por el respaldo del 75 % del crédito sindicado, una quita del 90% a los acreedores ordinarios, la negociación de un convenio singular con Hacienda, a quien adeuda cerca de 400 millones, y la entrega de las garantías a los acreedores bilaterales.

En marzo de 2013, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid declaró en concurso voluntario de acreedores a la inmobiliaria, que entonces declaró un pasivo de 4.345,4 millones y un activo de 2.621,3 millones, lo que arrojaba un déficit patrimonial de 1.724 millones.

Un mes antes y por el rechazo de la banca a refinanciar su deuda, Reyal Urbis presentó el concurso de acreedores, pasando a protagonizar la segunda mayor insolvencia de la historia de España, solo superada por la de Martinsa-Fadesa, que alcanzó un acuerdo con sus acreedores para pagar sus 7.200 millones de deuda en un plazo de hasta 10 años.