El Ministerio de Fomento ultima estos días una carta que enviará inminentemente a la Comisión Europea. La razón: frenar o suavizar la directiva liberalizadora que el ejecutivo comunitario prepara sobre los servicios interiores de transporte regular de viajeros de uso general por carretera, esto es, el autobús interurbano de toda la vida. El Gobierno entiende el modelo español de declarar todas las rutas interiores Obligación de Servicio Público (OSP, que viene a decir que un trayecto es subvencionable)  es el mejor sistema “desde los años 40 del pasado siglo, con óptimos resultados para usuarios y empresas”. Los trayectos de autobús en España se adjudican vía licitación.

Este medio ha tenido acceso al borrador en manos del ministerio que dirige Íñigo de la Serna. “La filosofía sobre la que se asienta el sistema español es la de combinar en un mismo contrato tráficos rentables con otros que claramente no lo son”, para que “la rentabilidad conseguida en la explotación de los primeros compense la falta de rentabilidad de los segundos”. Por eso Fomento lanza una advertencia letal a Bruselas: si los trayectos que hoy son rentables “fuesen excluidos de los actuales contratos de servicio público, el conjunto de la red se vendría abajo”.

Un borrador advierte de que con una total apertura “la red se vendría abajo”

La misiva del Gobierno teme una liberalización total del servicio de autobús interurbano, que solo en julio pasado utilizaron casi dos millones de usuarios (frente a 3,1 millones el tren de media y 3,67 millones de pasajeros aéreos). “Sin duda”, avisa Fomento, “asistiríamos a un proceso de progresivo aislamiento de los núcleos de población rurales, que sólo podría ser contrarrestado a través de fuertes subvenciones estatales y autonómicas al transporte rural con cargo a los Presupuestos Generales, como compensación de OSP”.

Al parecer solo España tiene un modelo similar en la UE, combinando líneas rentables con rimas deficitarias, según explican en Fomento. Y el país se encuentra solo ante las altas instancias de la UE, en especial el Consejo Europeo que reúne a los titulares de Transporte de los 28 estados miembros (dentro de poco 27). A la directiva comunitaria le sucederán enmiendas en el Parlamento Europeo y el Consejo que podrían afectar al modelo nacional, defendido por la patronal Confebús.

España tiene desde los años 40 un modelo de concesiones que conjuga lo rentable con lo deficitario

Una directiva que acabase con las OSP, agrega el borrador, igualmente “entrañaría la desaparición de un importante número de pequeñas y medianas empresas transportistas”. La alerta sube de tono: “Se introduciría un nuevo impulso al vaciamiento de la España rural, con el progresivo abandono poblacional de los núcleos incomunicados o deficientemente comunicados”. Fomento además rechaza que exista “una situación de oligopolio “en la adjudicación de contratos OSP porque “la media nacional es inferior a dos contratos por empresa”.

Orografía complicada, población dispersa

Esta idea prevaleció este martes 12 de octubre en un seminario sobre movilidad oficiado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y organizado por Confebús. Participaron el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, y su homólogo castellano-leonés Ignacio Santos. El segundo abundó en los efectos devastadores para el transporte que una medida como la que pergeña Bruselas tendría para Castilla y León, región que Santos calificó de “Laponia europea”: 26 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 93 de media en España, y 116 en la UE.

“Se daría un impulso al vaciamiento de lo rural” con una liberalización plena, dice el Gobierno

Siempre de acuerdo con el ministerio, el modelo español “consigue que los servicios de transporte se presten a una tarifa media asequible para todos los usuarios”; así, se valoran las “condiciones de calidad y seguridad únicas”. “La clave”, reza el borrador, “es la exclusividad que se garantiza al contratista”; “evidentemente, si ese empresario hubiera de competir con otros en la prestación de los tráficos rentables, éstos dejarían de actuar como compensación de los no rentables incluidos en el contrato”, produciéndose el abandono sobre áreas donde la rentabilidad es ajena al servicio. Especialmente las despobladas.

“No puede obviarse la singularidad habitacional española”, se lee en otra parte. “Más de la cuarta parte de nuestra población se concentra en sólo dos Comunidades Autónomas, Madrid y Cataluña. En el resto de comunidades, la población se encuentra muy concentrada en una única ciudad o en un reducido número de ciudades”, caso de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o Asturias. “La densidad de población de gran parte de la España rural es muy baja”, concluye el documento. “Y la orografía complicada” favorece la dispersión.