La independencia de Cataluña, si llegase a concretarse, provocaría un tsunami económico que afectaría directamente al bolsillo de los ciudadanos: depósitos y créditos, para empezar. El gigante de Wall Street, JPMorgan, ya advirtió recientemente de que los ciudadanos lo pasarían mal.

Tal como señalaba el banco americano y subrayan numerosos teóricos de derecho comunitario en los últimos días, “una declaración unilateral de independencia probablemente dejaría a Cataluña fuera del marco legal reconocido de la Unión Europea. Un nuevo país independiente sería considerado un tercer país  y estaría sujeto a los habituales largos procedimientos de adhesión, que a su vez podrían ser vetados permanentemente por el Gobierno español”.

Los bancos tendrían que constituir un nuevo Fondo de Garantía Catalán para proteger el ahorro

En este hipotético marco, Cataluña tendría que dejar de utilizar el euro y acuñar su propia moneda. Dada la inestabilidad económica de un nuevo Estado, los expertos auguran que el valor de su divisa estaría entre un 20% y 30% por debajo del precio del euro, lo que supondría, directamente, que se encarecerían los préstamos para los ciudadanos. Según datos de la AEB, al cierre de diciembre, familias, empresas y administraciones públicas contaban 143.705 millones de euros en crédito en Cataluña, equivalente al 20% del total de la cifra a nivel nacional.

Junto a ello, si la región rompiese con España, los depósitos bancarios de los particulares, asegurados hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos, perderían la protección estatal. En Cataluña hay 102.836 millones de euros en productos de ahorro, según la AEB. Representan el 15% de los depósitos que hay en el conjunto del territorio nacional.

La banca con sede fuera de España no podría acudir a pedir liquidez al BCE y quedaría fuera del marco comunitario

«No contemplamos que Cataluña declare la independencia de forma unilateral, pero si llegase el momento, los bancos tendrían que constituir un nuevo Fondo de Garantía para dar cobertura a los depósitos», explica un alto ejecutivo del sector financiero. En cualquier caso, «las entidades tendrían que decidir si mantener su sede social en Cataluña y una filial en España o viceversa», añade.

Por otro lado, el negocio bancario sufriría un impacto dolorosos en términos de abastecimiento de liquidez. El crédito corporativo que actualmente utilizan las entidades como colateral para solicitar dinero en la ventanilla BCE perdería validez, al estar fuera del marco comunitario y denominado en otra divisa diferente al euro.

Las ayudas públicas concedidas a Sabadell y Caixa para comprar CAM y Banco de Valencia tendrían que revisarse

En cualquier caso, desde una prestigiosa consultora atemperan los ánimos. «Un referéndum, hoy por hoy, es ilegal, y aunque diésemos crédito al escenario de que finalmente Cataluña sea un estado independiente, los trámites para su separación durarían, quizá, años, tiempo en el que se adaptarían los mecanismos para garantizar la estabilidad. En cualquier caso, los depósitos no se verían desprotegidos y los bancos tampoco se expondrían a quedarse sin liquidez. Sí es cierto que todos los acuerdos que implicasen a Cataluña con el Estado español o con Europa deberían revisarse», explica.

Por otro, las ayudas públicas recibidas por los bancos que tienen su sede en Cataluña están en el punto de mira. CaixaBank y Sabadell, que recibieron el respaldo del Estado a través de EPA (Esquema de Protección de Activos) para digerir las compras de Banco de Valencia y CAM, respectivamente, se verían penalizadas por la hipotética independencia de Cataluña. Los fondos que ambos bancos esperan recibir del FROB para cubrir las pérdidas se verían comprometidas si Cataluña sale de España.

AEB advierte: escasez de crédito y ahorro en riesgo

En septiembre de 2015, unas semanas antes de las elecciones autonómicas convocadas en Cataluña el 27 de ese mes, las patronales de la banca AEB y CECA realizaron un comunicado oficial para advertir de los riesgos que para la estabilidad financiera comportaría cualquier decisión política que quebrantara la legalidad vigente y conllevara la exclusión de la Unión Europea y del euro de una parte de España.

«La exclusión de Cataluña de la zona euro, como consecuencia de la ruptura unilateral del marco constitucional vigente, comportaría que todas las entidades bancarias con presencia en Cataluña afrontarían graves problemas de inseguridad jurídica. Estas dificultades obligarían a las entidades a reconsiderar su estrategia de implantación, con el consiguiente riesgo de reducción de la oferta bancaria y, con ello, de exclusión financiera y encarecimiento y escasez del crédito», señalaba el comunicado.

«Las entidades integrantes de AEB y CECA consideran que, en todo momento, debe preservarse el orden constitucional y la pertenencia a la zona euro del conjunto de España. De otro modo se pondría en grave riesgo el objetivo de las entidades, que no es otro que proteger a sus depositantes y mantener el flujo de financiación a familias, a pymes y a los sectores productivos y generadores de empleo del país», añadían.

AEB y CECA subrayaron en el escrito que su intención era hacer «llamamiento a los líderes políticos para que, por medio del diálogo, impulsen las reformas que permitan seguir progresando en la consecución de mayores niveles de bienestar y cohesión social para todos».

El comunicado recordaba que las principales entidades asociadas a AEB y CECA son Caixabank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell y Popular.