El Gobierno quiere sacar adelante antes de que acabe el año una batería de medidas que persiguen desincentivar el uso abusivo de la contratación temporal y dar un impulso a la indefinida.

En una reunión celebrada en el Ministerio de Empleo, la responsable del ramo, Fátima Báñez, se ha reunido con los primeros espadas de la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO-UGT para poner sobre la mesa las principales propuestas en esta dirección e impulsar así el diálogo social. Entre ellas, el Gobierno plantea dos cuestiones que no gustan nada a las empresas: encarecer el coste del despido en los contratos temporales e incrementar las cotizaciones sociales a las empresas que recurran en mayor medida a esta modalidad.

En declaraciones tras el encuentro, Báñez ha admitido que estas propuestas van en la línea de las acordadas al inicio de legislatura con Ciudadanos y que fueron estampadas en el documento de 150 medidas que la formación naranja se ha propuesto materializar en la medida de lo posible. De hecho, estas propuestas que ahora ha propone Empleo coinciden con el renovado ímpetu con el que los de Albert Rivera se han propuesto sacar adelante iniciativas contra el desempleo y la temporalidad en el nuevo curso político.

Así, el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales reducir de cuatro a tres las modalidades de contrato de trabajo, hacia uno indefinido, otro temporal “de protección creciente” y otro de formación. Actualmente, los contratos temporales cuentan con una indemnización por despido de 12 días por año, mientras que la propuesta acordada con Ciudadanos planteaba partir de esa cifra en el primer año, elevarla a 16 días en el segundo y alcanzar los 20 días en el tercero, al nivel de los despidos procedentes en los contratos indefinidos.

Se trata por tanto de una medida encaminada a encarecer la contratación temporal por la vía del encarecimiento de su precio para las empresas. Pero no es la única. El documento que Empleo ha trasladado a patronal y sindicatos incluye también  una apuesta por reforzar el principio de causalidad de estos contratos, determinar el volumen de contratos de duración determinada que se pueden hacer y establecer desincentivos a la temporalidad por la vía de las cotizaciones sociales.

Báñez ha explicado que, una vez revisados los incentivos y bonificaciones actuales, la idea es hacer limpia y establecer un nuevo marco. Los nuevos incentivos funcionarían como un sistema de bonus-malus. Aquellas empresas que recurran con mayor asiduidad a la contratación temporal y a la rotación en los puestos de trabajo podrían ver incrementadas las cotizaciones sociales por desempleo (malus), mientras que aquellas que tengan mayor porcentaje de indefinidos se beneficiarían de incentivos en las mismas cotizaciones (bonus).

Además, el Gobierno tiene intención de reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de fraude en la contratación, potenciando las transformación de contratos temporales sin causa en indefinidos y aumentando las sanciones por fraude.

Las empresas ponen los primeros peros

Todas estas cuestiones se han planteado en el marco de la mesa por la calidad en el empleo, que se abrió en el ámbito tripartito al inicio de la legislatura, pero que hasta ahora ha dado cuestionables frutos. Por ello, a los sindicatos les gusta la música que emana de las propuestas del Gobierno, pero quieren una negociación real.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dejado claro que a los sindicatos les atraen más los incentivos negativos a la temporalidad que los retoques en el coste de las indemnizaciones, pero que quieren una negociación abierta y no sobre propuestas cerradas, en una velada alusión a la previsible traslación del acuerdo PP-Ciudadanos a la mesa del diálogo social. En este sentido, ha recalcado que el contrato de indemnización creciente no ha estado sobre la mesa.

Por su parte, el presidente de CEOE, Juan Rosell, ha dejado claro de entrada que los empresarios ya pagan lo suficiente a la Seguridad Social.  “Además de los sueldos, las empresas pagan un 36% más por sus trabajadores”, ha dicho, para añadir: “Más no creo que se pueda aumentar”.

Sobre la posibilidad de modificar las modalidades de contrato, Rosell también ha avisado que “cambiar las cosas de un día para otro puede ser tremendamente complicado”.

El eterno debate de la conciliación

Otras de las propuestas desplegadas por Empleo durante la reunión tiene que ver con la igualdad de género y la conciliación laboral. El Gobierno quiere debatir con los agentes sociales durante los próximos meses la adopción de medidas de transparencia que cuantifiquen la retribución por género conforme a una tabla de clasificación profesional. Además, persigue aprobar un Acuerdo sobre racionalización de los horarios en las empresas y las instituciones.

El SMI se negociará

Por otro lado, a diferencia de los últimos años, en los que días antes de la aprobación del Real Decreto por el que se fijaba el salario mínimo interprofesional (SMI) para el año siguiente, el Gobierno trataba estas cuestiones con los sindicatos, el Gobierno ha ofrecido abordar esta cuestión de cara a 2018 con tiempo, mediante reuniones “informales”, en palabras de Álvarez. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha coincidido en considerar “adecuado” este nuevo formato de negociación.