Los jueces llevan tiempo alertando del problema y ahora le han puesto cifras. La avalancha de demandas por las cláusulas suelo ha desbordado algunos juzgados, hasta el punto de que un solo juez en prácticas se está encargando de la tramitación de más de 11.000 casos.

Tras ser declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la UE, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió habilitar medio centenar de juzgados de Primera Instancia. La institución pretendía que se especializaran para canalizar la tromba de demandas esperada, a la vista del ingente número de clientes afectados. Y como los medios de la Justicia son escasos, decidió asignar los nuevos casos a la última promoción de jueces. Es decir, debían ser los magistrados recién salidos de las oposiciones, en periodo de prácticas, los encargados de resolver el problema.

Desde que se tomó la decisión, la pasada primavera, muchos jueces advirtieron del colapso que se avecinaba. Y así ha sido: en pocos meses, miles de víctimas de los abusos bancarios han pasado por los juzgados para interponer demandas. «La entrada de asuntos de este tipo, desde el 1 de junio de 2017, ha desbordado todas las previsiones realizadas por el CGPJ», advierten los jueces y las juezas decanos de España en un informe difundido este martes. «La inmensa mayoría de Juzgados especializados en toda España están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados por los compañeros», añade. «Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final», concluyen los magistrados.

El informe contiene datos concretos y sorprendentes. Por ejemplo, hay juzgados que tienen acumulados más de 22.000 casos. En la mayoría, la tramitación corresponde a un solo juez en prácticas. El ejemplo más extremo es el de Madrid, donde dos jueces en periodo de pruebas tienen apilados 22.234 asuntos. Es decir, más de 11.000 cada uno. Reciben la ayuda de «un juez de adscripción terrotorial (JAT), un 25% del juez titular y 10 funcionarios», puntualizan los decanos en su nota.

Tras la capital se sitúa Barcelona, con 8.727 demandas para dos jueces en prácticas. O sea, 4.363 para cada uno, a los cuales apoyan «un 10% del juez titular y cuatro funcionarios».

Con la información aportada por los decanos puede elaborarse un ránking del colapso. Después de las dos mayores ciudades de España se alinean Málaga (3.888 asuntos por juez), Bilbao (3.062), La Palmas (2.922) y Zaragoza (2.901 casos). En Valencia hay 4.257 casos para tres jueces y en Sevilla 5.173 para dos. Según los datos de los decanos, en poder del CGPJ, en estos momentos hay 11 juzgados en los que un solo juez en prácticas tiene por delante la gestión de, al menos, 2.000 casos.

Los decanos de la Justicia recuerdan en su informe que ya criticaron en su día el «criterio de especializar un juzgado por provincia». «Todas estas críticas fueron absolutamente desoídas y se siguió adelante con el plan de especialización», señala la nota.

Por esta razón, los magistrados reclaman al CGPJ que deje sin efecto el plan el 31 de diciembre de 2017, a la vista de que «no se han puesto los medios que se preveían en un inicio». Los decanos también piden a la institución que concrete «cómo se va a proveer a la sustitución de los compañeros que sirven en dichos órganos, cuando la promoción del 67 finalice su periodo de prácticas, y puedan concursar, como es su derecho, a otros Juzgados». «Si ya se necesita un número muy superior de Jueces para resolver la avalancha de asuntos que siguen entrando constantemente», concluyen, «la pérdida de los jueces que actualmente se ocupan de todo ello, supondría un escenario insoportable».