Los gastos del referéndum independentista celebrado en Cataluña el pasado 1 de octubre deben correr a cuenta del Gobierno catalán. Al menos ese es el criterio que defiende el ministerio de Hacienda, que ha remitido a la fiscalía del Tribunal de Cuentas un escrito denunciando la utilización de fondos públicos en la organización de la votación, según publica El Español.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, es quien ha cursado la petición al Tribunal de Cuentas para que "inicie las actuaciones oportunas" con el fin de determinar los contratos y actos administrativos llevados a cabo por el cesado Gobierno catalán que presidía Carles Puigdemont para la organización y celebración del referéndum y concretar cuánto dinero se destinó al mismo.

La denuncia hace referencia a la Ley 4/2017 de Presupuestos de Cataluña, en la que se incluyen diferentes partidas para gastos de procesos electorales y consultas populares y que comprometía al Ejecutivo regional a garantizar la "dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña".

Posteriormente, el Gobierno de Puigdemont aprobó los decretos de convocatoria del referéndum y de medidas complementarias para su realización, en los que se autorizaba la aprobación de los gastos y de las actuaciones administrativas necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum, "incluyendo la puesta a disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de los que se disponga".

La denuncia señala que con esas normas "estamos en presencia de una actuación consciente de utilización de medios humanos y materiales, de recursos públicos dirigidos a la consecución de una finalidad manifiestamente conocida y reconocida judicialmente como ilegal".

El escrito del número dos del Ministerio de Hacienda sostiene que entre los gastos inapropiados deben ser tenidas en cuenta las ayudas y subvenciones públicas de las que han sido perceptoras Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las organizaciones que colaboraron en la materialización de las votaciones.

A expensas de una investigación que determine la cuantía exacta de los costes de la consulta cargados al erario público, el escrito remitido por Fernández de Mayo menciona distintas partidas de gastos que deberían ser incluidos como el de la campaña por el referéndum insertada en la web oficial de la Generalitat y en diversos medios de comunicación, el contrato para el suministro de urnas, el coste derivado de la utilización de los 2.315 colegios electorales (gastos de agua, luz, telefonía, limpieza, personal) o la utilización de medios informáticos.

 Las diligencias contra Puigdemont y el resto de exconsejeros del Gobierno catalán supondrían un proceso paralelo al que ya se sigue por idénticas razones contra el también expresidente de Cataluña, Artur Mas, al que se le ha impuesto una fianza de 5,2 millones de euros, por el empleo de dinero público en la celebración del referéndum del 9 de noviembre de 2014.