Los negociadores de la presidencia del Consejo Europeo y de la Eurocámara alcanzaron este jueves un acuerdo para endurecer las normas de control de emisiones contaminantes a los vehículos, sistema que la Comisión Europea planteó reformar tras el del fraude de Volkswagen de 2015 conocido como Dieselgate.

El acuerdo deberá ser ratificado por los ministros de los 28 Estados miembros y por el pleno del Parlamento Europeo, con el objetivo de que se implemente el 1 de septiembre de 2020.

Los legisladores europeos prevén controles más estrictos a los vehículos de motor, tanto antes de ser homologados como una vez en circulación, informó el Consejo en un comunicado.

El acuerdo debe ser ratificado por los países miembros y entraría en vigor en 2020

El consenso no recoge la propuesta inicial de la Comisión Europea de evitar que los fabricantes sean los que pagan directamente a los servicios técnicos encargados de las pruebas de laboratorio, pero sí estipula que esos centros deberán ser auditados de manera regular e independiente.

Además, el Ejecutivo comunitario podrá efectuar controles sorpresa a automóviles en circulación, denunciar a los servicios técnicos que considere que no cumplen la normativa y multar con hasta 30.000 euros al fabricante o al centro de pruebas correspondiente por cada coche que no se ajuste a la normativa.

Hasta ahora, la Comisión sólo podía multar a los Estados miembros y estos, en función de su legislación nacional, penalizar a los fabricantes.

Los fabricantes tendrán que permitir el acceso a los protocolos informáticos de sus vehículos

Por último, y para evitar futuros fraudes como el del los programas de ordenador que sorteaban los controles en los laboratorios, los fabricantes tendrán que facilitar el acceso a los protocolos informáticos de sus vehículos.

La reforma legal avanza al tiempo que ocho países de la UE (Alemania, España, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República Checa) se enfrentan a procedimientos de infracción del Ejecutivo comunitario, que les acusa de no haber controlado suficientemente a algunos constructores.

Desde el estallido del escándalo de Volkswagen, Europa ha intensificado la vigilancia sobre las emisiones de los fabricantes de vehículos. Así, firmas como Renault, Daimler -fabricante de Mercedes- y otras marcas del grupo Volkswagen, como Audi o Porsche se han visto envueltas en investigaciones.

Investigación a BMW

Este mismo lunes, la prensa alemana informaba de que el fabricante alemán BMW está siendo también investigado por este tipo de cuestiones. La fiscalía de Múnich (sur de Alemania) habría abierto una investigación previa contra la marca germana por posible manipulación de los datos de emisiones de sus motores diésel.

El objetivo es determinar si hay una sospecha lo suficientemente fuerte para abrir un expediente de investigación formal.

La ONG Deutsche Umwelthilfe (DUW) había acusado a BMW de manipular los datos de las emisiones de motores diésel. Esta organización constató, a partir de pruebas en un BMW 320d, una discrepancia de las emisiones de NOX en los controles en taller y las emisiones en carretera que son hasta 7,2 veces más altas, según señala en un comunicado.

La fiscalía de Munich ha abierto una investigación sobre si BMW también manipuló emisiones

Esa diferencia, según la DUW, apunta a que el modelo está instalando un sistema que interrumpe el dispositivo de limpieza de emisiones.

BMW rechazó las acusaciones de la ONG y un portavoz señaló, en declaraciones al diario “Handelsblatt”, que “el consorcio mantiene la convicción de que el modelo examinado por la DUW cumple con todas las exigencias contempladas en las leyes para la protección del medioambiente.