Economía

Los riesgos de las recetas de Báñez para las pensiones

El de las pensiones es un debate casi inagotable en España. Las ineficiencias del mercado laboral unidas a la elevada esperanza de vida y las bajas tasas de natalidad configuran un escenario inquietante que amenaza la viabilidad del sistema actual.

En ese contexto, cualquier idea o propuesta para su reforma es capaz de generar acalorados debates. Es lo que ha ocurrido esta misma semana, después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, indicara en una entrevista televisiva que el Gobierno estudia alargar el periodo para el cálculo de las pensiones a toda la vida laboral.

La medida ha generado todo tipo de reacciones. Entre los más entusiastas, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) alababa la propuesta, que lleva años demandando y que, prevé, permitiría a este colectivo elevar sus pensiones entre un 12 y un 15%.

En el otro frente, el principal partido de la oposición, el PSOE, se ha apresurado a calificar de “tomadura de pelo” la propuesta, lamentando que genera mayor incertidumbre en el sistema.

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Los expertos son más cautelosos a la hora de valorar la idea y aseguran que es necesario esperar a conocer los detalles, que pueden ser determinantes. Pero, en líneas generales, se muestran recelosos sobre los planes del Gobierno.

Algunos expertos creen que el plan del Gobierno es convertir esta propuesta en obligatoria

Aunque Báñez señaló que el plan tendría un carácter voluntario, son muchas las dudas que esta idea genera. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, cree que la propuesta puede ser interesante y se muestra dispuesto a escucharla, pero siempre que se presente en el marco adecuado, que sería el del Pacto de Toledo.

“En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a escuchar muchos globos sonda de la ministra, que no se concretan en nada”, advierte y recuerda que, “en el Pacto de Toledo, la posición del PP ha sido aumentar el periodo de cálculo para todos de forma obligatoria”.

Este temor también está presente en la postura de Adolfo Jiménez, colaborador de la Fundación Alternativas y ex secretario general de la Seguridad Social. “En el trasfondo, esta medida puede suponer abrir la puerta a la obligatoriedad para todos. Esto podría suponer en el día de mañana una gran rebaja o precariedad de las pensiones”, advierte.

Ante estas sospechas, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, reiteró este viernes que el plan del Ejecutivo contempla que sea el ciudadano el que decida qué opción de cálculo le conviene más: si los 25 años o el cómputo total de su vida laboral.

Los peligros de la voluntariedad

Esta idea tampoco es del gusto de Jiménez. “Con las cuestiones de la Seguridad Social hay que tener mucha precaución: que cada uno pueda elegir lo que le interesa sería perjudicial para la estabilidad del sistema”, apunta.

Más contundente aún es, en este sentido, el profesor asociado de AFI José Antonio Herce, para quien “con voluntariedad el sistema sólo va a sufrir”. En su opinión, aplicar un criterio en el que cada persona pueda elegir el modo de cálculo que más le interesa “significa introducir por detrás la aberrante práctica de la compra de pensiones”.

Herce ejemplifica esta idea con el caso de una aseguradora que vendiera pólizas en las que el cliente pudiera elegir la indemnización que le corresponde. “De primeras, arrasaría con la competencia, pero luego la quiebra sería inevitable”, comenta.

Para Herce, en cambio, la idea de aplicar al cálculo de la pensión el periodo íntegro de la vida laboral podría ser positivo para el sistema. “Es algo que ya se hace en muchos países”, explica.

La voluntariedad amenazaría la sostenibilidad del sistema, que se haría más costoso

Ante la posibilidad de que una medida de este tipo significara una notable rebaja de las pensiones, el profesor sugiere que el sistema de pensiones debe ser justo, que premie al que más trabaja y no lo desincentive ni de pie a maniobras para mejorar la pensión en el último momento, como ocurría cuando la pensión se calculaba con los dos últimos años de la vida laboral.

Rafael Domenech, jefe de análisis macroeconómico de BBVA Research, también considera que un sistema de pensiones “no debe estar a esto, a que la gente necesite estar con la calculadora”. Al contrario, “debe ser justo, para que quien más ha aportado durante su carrera laboral tenga mejor pensión, pero al mismo tiempo generoso en sus pensiones mínimas con aquellos a los que les haya ido peor”.

Otras prioridades

En general, los expertos consideran que la propuesta lanzada por Báñez se desvía de los que son los objetivos más urgentes de la reforma de las pensiones. “La propuesta no va en la dirección de lo que nos preocupa ahora mismo, que es la estabilidad del sistema y las pensiones nuevas que van a ser muy bajas, por el alto número de personas que vienen encadenando trabajos temporales de baja remuneración”, comenta Jiménez.

También Bravo sitúa la prioridad en otro lugar. “Lo primero es corregir los efectos de la reforma de 2013, que va a provocar una fuerte caída de las pensiones”, apunta.

En su opinión, ni siquiera los efectos favorables de la propuesta de Báñez representan una novedad, pues para las personas que han sufrido la expulsión del mercado laboral en los últimos años de su carrera, la reforma que cambió el periodo de cálculo de 15 a 25 años -y que está actualmente en aplicación, de forma progresiva- ya mitigaba el impacto de esa coyuntura.

Los expertos creen más urgentes otras reformas para solventar las deficiencias del sistema actual

Para lo que sí puede ser útil la idea del Gobierno, considera Domenech, es para introducir en el debate la idea de un sistema de pensiones de reparto de cuentas individuales o nocionales que se articule sobre la base de toda la carrera laboral.

Domenech defiende que España debe seguir el ejemplo de los países nórdicos, que ya afrontaron el efecto demográfico en su sistema de pensiones, estableciendo un sistema de este tipo, por el cual el trabajador dispone desde el inicio de su carrera laboral con una cuenta virtual en la Seguridad Social que le permite ir viendo de manera transparente a cuánto ascenderá su pensión en el momento de la jubilación.

Este sistema tendría en cuenta cómo está previsto que evolucionen los ingresos y gastos de la Seguridad Social (afectados por cuestiones como la demografía y la productividad), lo que, bien aplicado, evitaría que se acumulara un déficit estructural, como ocurre con el sistema actual.