El informe para intervenir Popular se hizo en 12 días en vez de las seis semanas habituales

Los documentos publicados hoy por la JUR explicando las circunstancias que le movieron a tomar la decisión de intervenir Popular, entre los que figura el polémico informe elaborado por Deloitte, muestran ciertas inconsistencias que los abogados utilizarán para desarmar a Europa y defender los intereses de accionistas y bonistas que perdieron toda su inversión tras la resolución del banco y venta exprés a Popular.

Por un lado, se constata que el informe de Deloitte se realizó de manera atropellada, en 12 días, cuando estaba previsto que el estudio se prolongases durante seis semanas.

“A la luz de la delicada posición de liquidez de Hipócrates (por Popular), se nos ha requerido un borrador del informe en un periodo de tiempo extremadamente breve. El trabajo se ha limitado a 12 días desde la fecha en la que tuvimos acceso a la documentación relevante, cuando un proyecto de esta naturaleza exige, normalmente, seis semanas -como se acordó inicialmente con la JUR el 23 de mayo-”, constata el informe.

Del mismo modo, la valoración de los actives inmobiliarios parece haberse limitado a muestras. El informe debía hacer una valoración de todo el activo y pasivo, pero Deloitte reconoce que sólo se ha enfocado en ciertas categorías de activos. En el caso de los inmobiliarios, señala que solamente se han revisado 112 informes de tasación.

El artículo 20(1) del Reglamento 806/2014 de la Unión Europea, que regula las normas y un procedimiento uniformes para la resolución de entidades de crédito, señala que el experto independiente debe hacer una “valoración razonable, prudente y realista de su activo y pasivo”.

Sin embargo, tal como apunta el bufete Cremades & Asociados, “está plagado de reservas casi en todas las categorías y referencias a que no han tenido acceso a los documentos e información”. El informe señala que “esta valoración debería ser tomada en consideción como altamente incierta y provisional”.

Por su parte, el informe de la JUR deja claro que a fecha 5 de junio de 2017 Popular era solvente. “Señala que el BCE venía investigando de manera continuada Banco Popular, por lo que sorprende que luego tomasen la decisión de resolverlo de manera atropellada. La única explicación es que la retirada masiva de depósitos en junio, tras las filtraciones, les pillase por sorpresa y no tuviesen más remedio”, considera el abogado Bernardo Cremades, al frente de varios procedimientos contra la JUR y el FROB por la caída de Popular.

También sorprende, apunta el abogado, que se borre la parte del documento que hace alusión a la Línea de Liquidez de Emergencia (ELA), porque "seguro que corrobora que se podía haber extendido la financiación de emergencia de Popular para darle oxígeno en el procedimiento de venta que estaba en marcha”, opina.

El abogado de Wall Street: "Era un informe provisional"

Por su parte, Richard East, socio principal del bufete de abogados Quinn Emanuel, que representa a Pimco y otros grandes fondos internacionales como, Anchorage Capital, Algebris, Ronit y Cairn Capital, también subraya la poca rigurosidad del informe de Deloitte.

"La JUR ha hecho desaparecer las inversiones de nuestros clientes basándose en un informe que la propia consultora Deloitte reconocía haber hecho en un corto periodo de tiempo y advertía que debía considerarse como “provisional y con muchos puntos que aclarar”. La consultora afirma que tenía acceso limitado a información crítica o a la dirección a la hora de realizar su trabajo y que hay un buffer no especificado que era una parte esencial del informe. Ahora resulta obvio que la JUR no quería revelar un informe que muestra claramente que no hubo un análisis real y ni una valoración ajustada", considera East.

El esperado informe de Deloitte también es ilustrativo por lo que deja de contar. Del documento se desprende que el organismo europeo consideraba solvente a Popular apenas dos días antes de su caída, pero que la crisis de liquidez hacía inviable su continuidad. “La valoración provisional no indica que el banco sea insolvente”, asegura el informe, que añade que “en particular la autoridad de resolución no tiene indicios para considerar que el Grupo Banco Popular tampoco cumple los requerimientos de capital” de tal modo que justificara la retirada de su licencia de actividad bancaria.