El esperado informe de Deloitte sobre la resolución de Popular es ilustrativo por lo que cuenta y por lo que deja de contar. La Junta Única de Resolución (JUR) ha publicado este viernes la versión no confidencial del informe de valoración redactado por la auditora. Se trata de una versión censurada, en la que la JUR ha suprimido detalles confidenciales. Asimismo, ha publicado toda una batería de documentos en los que se basó la decisión de intervenir Popular y venderlo a Banco Santander por un euro el pasado 7 de junio.

De estos documentos se desprende que el organismo europeo consideraba solvente a Popular apenas dos días antes de su caída, pero que la crisis de liquidez hacía inviable su continuidad. «La valoración provisional no indica que el banco sea insolvente», asegura el informe, que añade que «en particular la autoridad de resolución no tiene indicios para considerar que el Grupo Banco Popular tampoco cumple los requerimientos de capital» de tal modo que justificara la retirada de su licencia de actividad bancaria.

La JUR reconocía el 5 de junio que la liquidez y las condiciones de financiación de Popular le abocaban a la insolvencia

En cambio, el documento apunta a que «la liquidez y las condiciones de financiación Grupo Banco Popular están activando la quiebra o probabilidad de quiebra, tal y como se señala claramente en la notificación del Mecanismo Único de Supervisión».

Por su parte, el informe de Deloitte muestra que la auditora estimaba un agujero en el balance de Popular de hasta 20.600 millones de euros en el peor de los casos planteados por la consultora. El informe detectaba en este escenario un déficit de hasta 7.000 millones de euros en provisiones, 3.400 millones en su cartera de activos inmobiliarios y otros 3.000 millones por la valoración de los activos fiscales diferidos.

Deloitte planteaba, un escenario menos nocivo, en el que las necesidades de capital de Popular se reducían a unos 11.800 millones de euros. Entre ambas estimaciones se encuentra el caso base de la estimación de la consultora, que situaba en 14.700 millones de euros el agujero.

Estos cálculos fueron la base que llevó a Deloitte a plantear que el valor real de Popular oscilaba entre los 1.300 millones en el mejor de los casos y los -8.000 millones de euros en el peor, dejando la valoración del caso base en un punto intermedio de -2.000 millones, una vez amortizado todo el capital del banco, que ascendía a unos 10.800 millones de euros. Estos números son los que justificarían que los accionistas perdieran todo lo invertido en el banco.

El informe de Deloitte refleja que la mayor parte del agujero de Popular provenía de los préstamos no cobrados

La auditora realizó su análisis del balance de Popular en un caso de resolución en base a ocho apartados de las cuentas del banco a cierre del primer trimestre de 2017. En estos cálculos salta a la palestra que el principal agujero de Popular estaba vinculado a la cobertura de los préstamos sin cobrar, que unido al atribuido a los activos inmobiliarios en cartera representaba un déficit de capital superior a los 5.000 millones de euros en el mejor de los escenarios planteados.

Del informe de Deloitte, sin embargo, quedan censurados aspectos clave como la situación de liquidez de la entidad antes de la resolución.