El Ministerio de Hacienda no tendrá que hacer público ni poner por escrito nada de lo que se hable en las reuniones que se desarrollan con los sindicatos de la función pública sobre las condiciones laborales de los empleados públicos. Actualmente poco trasciende de estos encuentros, más allá de la información que los sindicatos filtran a los medios y, de acuerdo con una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), seguirá siendo así. Esto quiere decir que solo trascenderá a la opinión pública por el cauce oficial aquello que se acuerde, antes no habrá nada.

No es una cuestión teórica. Está ocurriendo ahora mismo. Millones de empleados públicos están pendientes del transcurso de las reuniones que mantienen Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F sobre la eventual mejora de las condiciones laborales de los funcionarios en 2018 a la espera de que el Ejecutivo pueda presentar unos Presupuestos. Si no es posible, todo apunta a que la previsible mejora de las condiciones laborales de los funcionarios para este año se aprobarán por la vía del decreto con efectos retroactivos.

Fuentes sindicales apuntan que las negociaciones se cerrarán la próxima semana, dejando para el final las cuestiones salariales. Sin embargo, antes de ese momento, poco se sabe aún de lo que puede acabar siendo el acuerdo definitivo. Y al menos Hacienda no está obligado a dar ni un solo dato. ¿Eso va en contra de las obligación que tiene el Estado de ser transparente? La respuesta es sí.

De Hacienda al Consejo de Transparencia

La cuestión parte de la reclamación de un miembro de los sindicatos que habitualmente participa en estos encuentros y que la resolución del CTBG mantiene en el anonimato. En septiembre de 2017 elevó al Ministerio de Hacienda una petición para obtener una copia de las actas de la reuniones ordinarias y extraordinarias de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado desde su creación, en junio de 2008.

En su defecto, el sindicalista solicitó los informes de la Administración sobre los “acuerdos o desacuerdos” alcanzados en las reuniones de las comisiones técnicas de prevención de riesgos laborales, acción social, formación, igualdad de oportunidades, para el personal laboral en el exterior o sobre temporalidad y empleo.

La respuesta que dio Hacienda es que, de acuerdo con la Ley de Transparencia de 2013, no se admiten a trámite las solicitudes de acceso a información pública que se refieran a aquella de carácter auxiliar o de apoyo, como la que aparece en borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones o informes internos.

Además, otro supuesto de admisión, redundaba el departamento que dirige Cristóbal Montoro, es aquel en el que el órgano en cuestión no tiene en su poder dicha información.

Dicho esto, Hacienda sostenía también que las mesas generales de negociación y las comisiones técnicas no son sino foros de negociación “en los que se mantienen diversas posturas y planteamientos sobre los que se van acercando posiciones de cara a lograr eventuales acuerdos”, nunca órganos colegiados con potestad administrativa. “No se levanta acta de lo negociado dado precisamente su carácter específico de negociación”, añadía.

La última palabra, la de Transparencia

Ante la negativa, el sindicalista acudió al Consejo de Transparencia argumentando que “las actas de los órganos colegiados son la expresión de la voluntad de dichos órganos” y que “su contenido tiene eficacia jurídica ad extra, no pudiendo calificadas en modo alguno de información auxiliar”.

Asimismo, señalaba que, aunque la documentación solicitada no fuese un acta –lo de que en sí mismo materializaría los principios de publicidad y transparencia–, un documento interno previo a la posible adopción de acuerdos tampoco es meramente “auxiliar sin incidencia en el procedimiento negocial”.

Por último, la solicitud instaba al CTBG a someter a prueba la “inexistencia de actas” alegada por Hacienda.

Y Transparencia da la razón a Hacienda

Con el cambio de año, el Consejo de Transparencia ha resuelto a favor de Hacienda. Según indica, en primer lugar corresponde al reclamante demostrar que las actas existen o no. Pero además, considera que las mesas de negociación de la Administración General del Estado (AGE) no son órganos colegiados y que, por tanto, no tienen obligación de levantar actas de sus reuniones, ni tampoco tiene atribuida competencia administrativa alguna.

En definitiva, el CTBG devuelve la pelota al tejado de los sindicatos y recuerda que ellos tienen libertad para publicitar el contenido de las negociaciones, aunque con una salvedad: “(ese derecho) solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos”, que tampoco precisa.