Economía

El ocaso del contrato ‘estrella’ de la reforma laboral: los incentivos se reducen a un tercio

El Gobierno ha recortado drásticamente en 2018 el presupuesto destinado a bonificar el contrato de apoyo a emprendedores, que dejará de funcionar en cuanto el paro baje del 15%

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El ocaso del contrato ‘estrella’ de la reforma laboral: los incentivos se reducen a un tercio
Una camarera trabaja en una terraza de Madrid.

Una camarera trabaja en una terraza de Madrid.

Resumen:

El contrato indefinido de apoyo a emprendedores, una de las medidas ‘estrella’ de la reforma laboral de 2012, está próximo a su fin.

La norma limita su uso hasta que la tasa de paro baje del 15% y, de acuerdo con el último cuadro macroeconómico, este año se situará de media en el 15,5%, con lo que previsiblemente será inferior al final del ejercicio. Pero además, desde su puesta en marcha hace ya seis años, el contrato no ha acabado de convencer a las empresas, que consideran que los incentivos fiscales que conllevan son  muy limitados.

Ello tiene un reflejo claro en los Presupuestos de 2018: la reserva económica destinada a sufragar los beneficios fiscales a los que tienen derecho compañías que hacen uso de este contrato ha quedado reducida para este año a 5,6 millones de euros, una tercera parte de los previsto en 2017 y una cifra muy inferior a la presupuestada en 2014, de 40,2 millones de euros.

La reforma laboral incluyó esta novedosa modalidad de contrato para promover el empleo estable por parte de emprendedores y pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 95% del tejido productivo español.

El contrato indefinido de apoyo a emprendedores, una de las medidas ‘estrella’ de la reforma laboral de 2012, está próximo a su fin. La norma limita su uso hasta que la tasa de paro baje del 15% y, de acuerdo con el último cuadro macroeconómico, este año se situará de media en el 15,5%, con lo que previsiblemente será inferior al final del ejercicio. Pero además, desde su puesta en marcha hace ya seis años, el contrato no ha acabado de convencer a las empresas, que consideran que los incentivos fiscales que conllevan son  muy limitados.

Ello tiene un reflejo claro en los Presupuestos de 2018: la reserva económica destinada a sufragar los beneficios fiscales a los que tienen derecho compañías que hacen uso de este contrato ha quedado reducida para este año a 5,6 millones de euros, una tercera parte de lo previsto en 2017 y una cifra muy inferior a la presupuestada en 2014, de 40,2 millones de euros.

La reforma laboral incluyó esta novedosa modalidad de contrato para promover el empleo estable por parte de emprendedores y pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 95% del tejido productivo español. Esta cuestión ha limitado desde el inicio el uso del contrato, según asegura la patronal CEOE, que integra a la patronal de las empresas de menor tamaño Cepyme, pero también a las mayores compañías del país. Y ha sido así pese a que beneficia a las empresas que suscriben este tipo de contratos con bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y con reducciones en la factura fiscal a través del Impuesto de Sociedades.

Lo cierto es que esta realidad ha quedado siempre relegada a un segundo plano puesto que ha hecho mucho más ruido la oposición de los sindicatos al contrato de apoyo a emprendedores en tanto que prevé un periodo de prueba, no de seis meses, como venía siendo habitual, sino de un año de duración, tras el cual el trabajador podía quedar en la calle sin indemnización alguna. Según las centrales, este contrato se acercaba peligrosamente al despido libre.

¿Cómo son los beneficios para las empresas?

Está claro que el beneficio para el trabajador que suscribía un contrato de apoyo a emprendedores era tener un empleo y, si sobrepasaba el periodo de prueba, tenerlo con carácter indefinido. Para el empresario, el principal incentivo han sido a priori, las ayudas e incentivos contemplados en la reforma laboral.

A grandes rasgos y únicamente en el plano fiscal, por el primer trabajador contratado por la empresa menor de 30 años, ésta tenía derecho a una deducción de 3.000 euros de la cuota íntegra del período impositivo correspondiente a la finalización del período de prueba. Es decir, que si el periodo de prueba finalizaba en 2017 (suscrito en 2016), ese sería el ejercicio en el que se descontarían los 3.000 euros, lo que se reflejará, sin embargo, en el Presupuesto de este año, que es en el que se realizará la liquidación de ese ejercicio fiscal.

En caso de contratar a un desempleado perceptor de prestación contributiva, la empresa tenía derecho a una deducción de la cuota íntegra en las mismas condiciones que en el supuesto anterior, pero del 50% del menor de dos importes: el de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir –204 días de media en 2016– y el correspondiente a las doce mensualidades de la prestación por desempleo que tuviera reconocida –2.720,34 euros de media–. Además, el trabajador contratado a jornada completa podía compatibilizar voluntariamente, junto con el salario, el 25% de la cuantía de la prestación que tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación.

La Ley establecía en este punto otra limitación y es que esta deducción se aplica en aquellos contratos realizados hasta alcanzar una plantilla de 50 trabajadores y siempre que en el año siguiente  se produzca un incremento de la plantilla media total de la entidad. Pero más importante aún es que para poder aplicarse estas dos deducciones las empresas debían mantener la relación laboral durante al menos tres años desde su inicio.

El reflejo de la contratación en el Presupuesto

Puesto que estas deducciones suponen minoraciones en la factura fiscal de las empresas beneficiarias, son equiparables a pérdidas para el Estado que se cuantifican en los Presupuestos Generales del Estado. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, dado que se aplican en el periodo impositivo correspondiente a la finalización del periodo de prueba de un año, teniendo en cuenta que la medida entró en vigor en febrero de 2012, su incidencia se empezó a recoger en los Presupuestos de 2014. Además, en el caso del Presupuesto de 2018 se utiliza por primera vez una combinación de información procedente de fuentes tanto tributarias como extrafiscal.

En tercer lugar, el Presupuesto efectúa una corrección a la baja por la diferencia entre las deducciones que se pudieran generar y las que realmente se pudieran aplicar, debido a la insuficiencia de cuota, algo que en años anteriores no se ha hecho (se ha cuantificado el total de las deducciones, pese a que la insuficiencia de cuota obligara a repercutir la deducción en años siguientes). De ahí parte de la reducción de los beneficios fiscales previstos para este año.

Con estas previsiones, el Presupuesto de 2018 recoge una reducción de los ingresos tributarios por estas deducciones de 5,3 millones de euros, una cantidad muy inferior a los 17,3 millones de euros de 2017. Además, la cantidad estimada para este año es la más baja desde que se recogen estos beneficios fiscales en los Presupuestos: 40,2 millones en 2014; 23,9 millones en 2015 y 8,3 millones en 2016.

El contrato ‘estrella’, de más a menos

El Presupuesto de 2018 se detiene en la evolución del contrato de apoyo a emprendedores y muestra que los incentivos fiscales para las empresas han ido a menos cada ejercicio y solo ahora, que esta tipología está próxima a extinguirse, parecen repuntar en medio de las críticas de los empresarios.

Desde la entrada en vigor de la reforma laboral en 2012 hasta abril de 2017 (últimos datos disponibles), el número de contratos de apoyo a emprendedores con derecho a deducción alcanzó los 41.879, lo que supone algo más de un 5% del total de los suscritos. De estos, 14.163 (el 33,8%) se firmaron en 2012; 8.605 (20,5%) en 2013; 5.484 (13,1%) en 2014; y 4.344 (10,4%) en 2015. Sin embargo, los incentivos remontaron el vuelo en 2016, con 6.250 contratos  (14,9%), con un ritmo que se mantuvo en los cuatro primeros meses de 2017, cuando se suscribieron 3.033 de estos contratos. El Presupuesto también concreta que las deducciones aplicadas tienen que ver en seis de cada diez casos con la contratación de menores de 30 años, antes que desempleados.

A la vista de las cifras, resulta que el repunte de los contratos con derecho a deducción no se refleja en el presupuesto de los beneficios fiscales por este concepto en 2018. Si bien, esto podría deberse a la corrección a la baja por la insuficiencia de cuotas. El Gobierno, en cambio, no aclara el por qué de este descenso.

De un lado, un estudio de CCOO precisa que en 2012 se suscribieron 77.280 de estos contratos, el 5,4% de todos los indefinidos, mientras que en 2017 han sido 246.835, un 12,8%. No obstante, el sindicato sostiene que el 60% de estos contratos nunca llegan a superar el año, algo sobre lo que el Ministerio de Empleo no aporta datos concretos y que podría explicar el escaso uso de los incentivos fiscales.

Desde la óptica de los empresarios, un informe de la CEOE titulado ‘Balance de las últimas reformas laborales’, señala que desde 2012 se han firmado 792.419 contratos de apoyo a emprendedores, de los el 37,05% fueron con menores de 30 años, lo que de entrada reduce a menos del 40% la incidencia de la deducción para primeros contratos a jóvenes de esas edades.

Además, el informe precisa que estos contratos representan el 11,5% de los indefinidos iniciales firmados desde 2012, lo que le sirve a la patronal para considerar “limitada” su eficacia. Y, aunque recalca que su supervivencia es similar a la del resto de contratos indefinidos y “no se extinguen sistemáticamente”, la patronal lamenta que, en su ocaso, el contrato ‘estrella’ de la reforma laboral solo beneficia con incentivos fiscales en un 5,8% de los casos.