España es un “innovador moderado”, según el informe nacional RIO 2017 de la Comisión Europea (Research and Innovation Observatory, Observatorio de I+D en español), cuyo indicador de inversión en Investigación y Desarrollo se redujo un 1,8% entre los años 2010 y 2016. Ese último ejercicio, 2016, solo se ejecutó el 38.2% del presupuesto y las empresas que ejercen la innovación bajo el paraguas de la innovación cayeron “drásticamente” a la mitad. Solo el desembolso en País Vasco está en la media europea. Y lo peor, el mensaje de Bruselas que más irrita al Gobierno: “Otros países en plena consolidación fiscal, como por ejemplo Portugal, han conseguido proteger sus inversiones en I+D”.

El Ejecutivo comunitario ha sacado los colores al Gobierno de Mariano Rajoy con un informe hecho público el pasado jueves 10 de abril que ha pasado desapercibido.  “El déficit fiscal y la deuda pública han limitado la capacidad de acción del Gobierno con relación a la inversión en I+D”, reconoce el informe RIO 2017. “Pero otros estados con contracción fiscal como Portugal sí han protegido sus partidas en investigación y desarrollo”, destaca la Comisión presidida por el luxemburgués Jean-Claude Juncker.

Portugal, con contracción fiscal, sí protege su inversión en I+D”

Al parecer, el Gobierno y el Ministerio de Educación se han movido para que Bruselas no hiciera referencia alguna al país vecino en el informe comunitario, presidido por el socialista António Costa, disparado en las encuestas. No ha sido posible. “Cuando el I+D militar es incluido, el presupuesto total en esta partida entre 2016 y 2017 creció un 1,4%, pero no mejoró en términos de intensidad”, razona el documento. “Porque la inflación fue del 1,5%, por lo que la tasa anual pasó a ser negativa”.

Irritación del Gobierno

“Pero es que además el nivel de ejecución de I+D solo ha declinado desde 2006”, se lee a continuación. “En 2015 solo se ejecutó el 51,9% del presupuesto nacional; en 2016, este porcentaje cayó hasta el 38,2%”. La estructura industrial española se caracteriza “por una significante porporción de pequeñas y medianas empresas poco sofisticadas”. El país “carece de inversiones privadas con el liderazgo suficiente como para tejer redes de I+D”.

En 2015 solo se ejecutó el 51,9% del presupuesto y en 2016 el 38,2%”

A pesar de la baja calidad tecnológica de la empresa española, uno de los datos más negativos habla de la desaparición de firmas. “España se enfrenta a una dramática reducción del número de compañías tecnológicamente innovadoras en I+D”, apunta Bruselas. Se ha pasado de 13.000 empresas en 2008 a 7.563 en 2016, una caída de casi la mitad. “El crecimiento del PIB en los últimos dos años (3,4% en 2015, 3,3% en 2016) no se ha traducido en una mayor intensidad en I+D”.

La única región que se diferencia del resto de comunidades y mantiene el tipo ante la UE es el País Vasco. “Solo País Vasco está en la media del Regional Innovation Index [un medidor comunitatio], y es la única región de dicha clasificación cuyo resultado es “innovador fuerte (-)””. La medición más baja se la lleva las Islas Canarias, calificada con “innovadora modesta (+)”.

España ha pasado de 13.000 empresas en 2008 a 7.563 en 2016

“El presupuesto para organismos públicos que realicen I+D se redujo en 2017 en 42,75 millones”, señala el Informe RIO. “Las actividades de I+D se concentran en cuatro regiones, que totalizan el 70% del gasto: Madrid (26.4%), Cataluña (23.4%), País Vasco (9.8%) y Andalucía (10.3%) “. “La falta de sinergias entre regiones y los débiles mecanismos de coordinación nacional y regional suponen un desafío”.

Solo País Vasco aguanta

También se toca la precariedad. El RIO propone “mejorar el mercado laboral de los investigadores” debido a que “las limitaciones de
recursos humanos” son “uno de los retos más acuciantes del sistema español de I+D tras la crisis económica”. El informe de la Comisión Europea reconoce varias “medidas estratégicas”, como una norma en 2017 que permite fijar una tasa de reposición del 100%. Sin embargo, la medida no ha valido para mucho: “Aunque estas medidas parecen ambiciosas”, concede el RIO, “la realidad es que por ahora solo han afectado a un número limitado de investigadores”.