El juez Fernando Andreu.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Andreu, ha acordado archivar la pieza donde investigaba las preferentes emitidas por Caja Madrid, tal y como se lo solicitó la Fiscalía Anticorrupción en un informe emitido el pasado lunes.
En el auto, al que ha tenido acceso El Independiente, Andreu acuerda el sobreseimiento de esta causa para los ex consejeros de Caja Madrid que estaban siendo investigados por la emisión de las preferentes entre los que se encuentran José Manuel Fernández Norniella, Rodolfo Benito, José María Arteta, Gerardo Díaz Ferrán o Jesús Pedroche, entre otros.
En este procedimiento se investigaban delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.
El juez de la Audiencia Nacional ha notificado este viernes a las partes la resolución, donde reproduce los argumentos del Ministerio Público, y explica que ha agotado el plazo de investigación sin que en el último año se haya solicitado por ninguna parte la práctica de diligencia alguna ni la prórroga de esta instrucción.
"Los inversores más inadecuados"
Por su parte, la Audiencia explica que a lo largo de este procedimiento “no ha quedado acreditado que Caja Madrid emitiera participaciones preferentes con el objeto de engañar a los inversores de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión”. “Tal posibilidad no era siquiera fácilmente predecible en 2009 sin que sea admisible un juicio retrospectivo de intenciones a la luz de los acontecimientos ocurridos años después”, recoge el auto.
Asimismo, en la resolución se explica que “tampoco se ha acreditado ni vía testifical ni documental que los comerciales de la entidad recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se viniera a contradecir lo expuesto en los contratos”.
De la misma forma, los preferentistas de Caja Madrid podrán acudir ahora a la vía civil a hacer sus reclamaciones por la adquisición de dichos productos tóxicos "siendo esta la más adecuada para dar una respuesta rápida y eficaz a la principal finalidad buscada por los inversores que no es otra que la de obtenerla devolución de su dinero". Además, contra este auto del juez Andreu cabe recurso de apelación ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional.